El avispero venezolano

NOTA DE LA REDACCIÓN: Venezuela no es solo un problema interno de un país soberano, sino que ha pasado a ser el escenario del nuevo conflicto bélico mundial, en donde se producen guerras: económicas, por la energía, por las zonas de influencia.

Ceder en Venezuela sería el inicio de un nuevo orden mundial, plagado de inseguridad y con fuerte impacto económico de Rusia y China.

Algunas consideraciones.

VENEZUELA DEMOCRÁTICA Vocento, editorial de 05.02.2019

04.02.2019. El Mundo, por MARISOL HERNÁNDEZ

Vídeo

Pedro Sánchez reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela y Maduro le llama “pelele de Trump”

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho este lunes que ha enviado una carta al papa Francisco para pedirle su ayuda en un proceso de diálogo para resolver la crisis creada por la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y su reconocimiento por muchos países.

“He enviado una carta al papa Francisco, espero que esté llegando o que ya esté en Roma, en el Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le he pedido ayuda en un proceso de facilitación y de reforzamiento del diálogo”, ha señalado Maduro, en declaraciones a la televisión Sky24.

Ha declarado que le ha pedido a Francisco que haga sus mejores esfuerzos para contribuir en el camino del diálogo. “Esperamos una respuesta positiva”, ha añadido Maduro, que no es la primera vez que solicita la mediación del Pontífice en la crisis política que vive su país.

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GUAIDÓ, URGENTE

El desmoronamiento de Maduro puede dar lugar al vacío antes de que el presidente de la Asamblea se haga cargo de la situación

La negativa de Nicolás Maduro a modificar un ápice su posición sobre el futuro inmediato de Venezuela y la democratización de sus instituciones no deja a los países libres otra salida que la del reconocimiento de Juan Guaidó como responsable de ordenar unas próximas elecciones con garantías, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. El gobierno de Pedro Sánchez y otros de la Unión Europea –empezando por Francia, Alemania y Reino Unido– procederán a partir de hoy a reconocer a Guaidó y su institucionalidad. Una medida que no está exenta de incógnitas en cuanto a su operatividad real y plena, puesto que mientras Maduro siga ocupando el palacio de Miraflores y los responsables gubernamentales del chavismo continúen detentando resortes de poder, el paulatino reconocimiento internacional de Guaidó tardará en cuajar en el interior de Venezuela. Aunque por de pronto el régimen chavista no podrá seguir personado ante los gobiernos que, reconociendo a Guaidó, retiren credenciales diplomáticas a los representantes anteriores, a no ser que estos pasen a formar parte de la nueva administración venezolana. Pero el desenlace más inquietante de esta imposible cohabitación entre dos poderes que reivindican su respectiva legitimidad en Venezuela no está tanto en su ineludible colisión como en la forma en que acabe desmoronándose el régimen chavista. Puesto que si ya los liderazgos y los espacios de influencia reflejaban la existencia de un poder cuarteado entre intereses y lealtades muy diversas, es lógico pensar que cada día que pasa será más difícil contar con un chavismo jerarquizado que eventualmente pudiera estar en condiciones de admitir unánimemente el final de su dominio. La irresponsabilidad de años de la que han dado muestra los cargos al mando de Maduro permite más bien pronosticar una situación de vacío en la administración de los asuntos públicos, que algunos grupos de poder podrían tratar de aprovechar para el vaciamiento de un país ya esquilmado. Es por ello determinante la postura que en los próximos días adopten las Fuerzas Armadas; no ya de cara a la retirada de Maduro, sino para impedir que una crisis tan al límite conduzca a mayor violencia. Frente a la advertencia del todavía inquilino de Miraflores de que «el pueblo se está armando», resulta urgente atajar tal eventualidad y promover el desarme voluntario de la sociedad civil. Cuestión que el Grupo de Contacto europeo no debería desatender.

03.02.2019. Vocento. Editorial

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Transición legítima y necesaria en Venezuela

Lo que sigue es convencer a fuerzas militares y policiales que desistan de sostener el régimen de Nicolás Maduro y ayuden en el proceso de transición

31.01.2019. La Nación. Bryan Acuña Obando

Para el profesor de Relaciones Internacionales Bryan Acuña, en Venezuela  se debe convencer a las fuerzas militares y policiales para que dejen de sostener al régimen de Nicolás Maduro y ayuden en el proceso de transición. Bryan analiza el paso que dio Juan Guaidó, al activar los mecanismos de la Constitución, diseñada por los chavistas, para declararse presidente en transición, lo que le ha permitido ganar el respaldo de muchos países de Occidente, entre ellos Estados Unidos.

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GUERRA FRÍA Y CARIBE CALIENTE, por Francisco J. Carrillo Montesinos, exembajador de la UNESCO y Vicepresidente de la Academia Europea

31.01.2019. Diario Sur. Opinión

No debería sorprender que países con fuertes regímenes autoritarios, como es el caso de Rusia y China, se opongan a una ‘presión internacional’ contra el régimen del dictador Maduro

Maiquetía es el nombre del aeropuerto de Caracas, a ras del mar Caribe caliente en clave musical. Tras tres intentos de aterrizaje en medio de ‘vientos cruzados’ se posa en una pista ardiente y el avión se desliza zarandeado sin cesar. Caracas era una escala para encontrar a la ministra Ruth Lerner, de profesión educadora y a la sazón recién elegida en Ginebra presidenta del Consejo de la Oficina Internacional de Educación de la Unesco, cuya coordinación estructural y programática formaba parte de mis funciones como director del Gabinete de Coordinación. La ministra lo era de un gobierno socialdemócrata. Ella estaba obsesionada por la educación y recitaba con frecuencia a grandes escritores como Rómulo Gallego y Uslar Pietri. También le obsesionaba la generalización de la educación musical. Todo ello es fondo de memoria. Mi escala fue breve, ya que el objetivo de mi misión era Santa Fe de Bogotá, la capital de Colombia, cuyo presidente Belisario Betancur había optado por un modelo de ‘Escuela Nueva’ como instrumento de convertir en universal la enseñanza primaria al tiempo que soplaban aires nacionales de una gran campaña de alfabetización en multitudes de veredas de los Cien años de soledad. Abundante desigualdad regional, pobreza, narcotráfico, guerrillas con fondo de corrupción estructural con sus no menos meritorias excepciones. Ambos países se regían por una democracia formal con pluripartidismo y separación de poderes. Ambos países comparten hechos históricos relacionados con Simón Bolívar quien, a pesar de Chaves y Maduro, es una realidad que agonizó en la ciudad colombiana y caribeña de Santa Marta.

Hoy Venezuela está bajo un régimen autoritario que mantiene un aparente mecanismo de funcionamiento democrático sometido a una estricta vigilancia, control y manejo desde el palacio presidencial. Hace unos días, con la legitimidad parlamentaria (mayoría de oposición) se ha reconocido por numerosos países al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. El vaso se desbordó. Y, también hace unos días, en el Consejo de Seguridad de la ONU el debate sobre el «régimen» dictatorial que impera en Venezuela se encontró con el veto de Rusia, China y Siria como acólito. El argumento: la «no intervención» en asuntos internos de un Estado miembro y que «la paz y la seguridad internacional» no estaban amenazadas. La Unión Europea ha fijado el plazo de ocho días para que se convoquen elecciones democráticas, lo que ha sido rechazado rotundamente por el dictador Maduro. (Es preciso recordar que durante los mandatos de los presidentes Chaves y Maduro, los Estados Unidos –según fuentes aparentemente fiables– compraban el 30% del petróleo venezolano).

Con los vetos en la ONU, Venezuela se ha convertido en un asunto ‘estratégico’ propio de la nueva Guerra Fría (como lo fue Cuba con los misiles soviéticos). No debería sorprender que países con fuertes regímenes autoritarios, como es el caso de Rusia y China, se opongan (incluso se es necesario con las armas, de ahí la amenaza propia de la nueva Guerra Fría) a una ‘presión internacional’ contra el régimen del dictador Maduro, ya que constituiría un precedente en la ONU que podría en el futuro tener a ellos como objetivos, incluidos Turquía y el régimen sirio de El Asad, sostenido por Rusia, que también apoyan al dictador venezolano. Para estos países, todo está permitido en la esfera de las relaciones económicas y financieras (en el caso de Venezuela, el petróleo). Se habló incluso de un proyecto de base militar de Rusia en Venezuela en el marco de la relaciones bilaterales, lo que significaría poner un pie en una región que hasta ahora fue ‘área de influencia’ de los Estados Unidos. (Véase mi artículo ‘2019: Tensiones y pasiones’, en SUR 05/01/2019). ¿Quién podría controlar el tipo de armamento de esa hipotética base militar con probables misiles apuntando a Estados Unidos? La carrera armamentística ha sido potenciada por Trump, con un nuevo ejército espacial que relanza el programa de la ‘guerra de las galaxias’ (en el que avanzan también Rusia y China).

E n realidad, ¿cuál es la cuestión de fondo del veto de Rusia y China en la ONU sobre el ‘asunto venezolano’? El petróleo, el mercado latinoamericano en donde los chinos están muy presentes, –sin olvidar la compra de parte de la deuda de Venezuela–, así como el desmontaje de las antiguas ‘áreas de influencia’, es decir, de la influencia de los Estados Unidos, esgrimiendo la globalización y la libertad de mercado. Por ello, la línea roja de Rusia y China se concreta en una estricta política de ‘no intervención’ exterior en los asuntos políticos de un Estado, quedando excluida toda ética en las relaciones internacionales (abundan los ejemplos con petróleo o sin petróleo). Esta posición también es compartida por la Turquía de Erdogan y por Cuba (es una constante de su política continental, nacida del bloqueo que resultó ineficaz e insostenible). La mayoría de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos han reconocido al presidente interino.

El trasfondo de guerra comercial globalizada aparece con toda evidencia, modulada según los recursos naturales de los países y según sus posiciones ‘estratégicas’, que suelen ir unidas. Este panorama es real (miremos al Oriente Medio, al Extremo Oriente y ahora a América Latina y Caribe, a título de ejemplos). El contexto internacional es de nueva e impredecible Guerra Fría, que hoy toca al Caribe caliente.

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MADURO, EN CAÍDA LIBRE

Venezuela ha de transitar hacia la democracia plena mediante elecciones presidenciales libres y supervisadas por observadores

31.01.2019. Editorial de Vocento

Las dos últimas respuestas que Nicolás Maduro y el régimen chavista han dado a la profunda crisis que atraviesa Venezuela y a la proclamación parlamentaria de Juan Guaidó como «presidente encargado» muestran el carácter dictatorial de su poder y, al mismo tiempo, las dificultades que presenta el tránsito a un sistema de libertades. La orden judicial prohibiendo que el presidente del Parlamento abandone el país, haciéndose cargo de sus bienes y congelando sus cuentas bancarias, confirma la naturaleza antidemocrática del poder que irradia el Palacio de Miraflores. La disposición de Maduro a dialogar sobre una disolución del Parlamento para dar paso a nuevas elecciones legislativas, refleja hasta qué punto la tenacidad autoritaria puede llegar a confiarse en su propio cinismo. Las movilizaciones de ayer evidenciaron que la situación es insostenible para Maduro y los suyos. Pero ello no significa que los reconocimientos de Juan Guaidó como presidente –tanto los expresados hasta la fecha como el anunciado por parte de los países de la UE, comenzando por España– comporten la inmediata caída de su régimen. El autoritarismo populista y violento con el que Maduro insiste en perpetuar el chavismo como opción única de gobierno, haciéndose con el poder judicial y ninguneando al legislativo, solo puede venirse abajo por implosión. No es casual que el propio Guaidó se haya empeñado en erigirse en «presidente encargado» en virtud de las previsiones contenidas en una Constitución promovida por el chavismo; o que tras las medidas impuestas por el Supremo contra la libertad y los derechos personales del presidente del Parlamento de la República, él mismo advirtiera de que el chavismo es una fuerza política ineludible para dibujar el futuro próximo del país. Maduro se atrinchera, consciente de que la soberanía territorial le asegura la permanencia en el poder frente a la presión internacional, y de que la aguerrida defensa que los afectos al régimen harán del mismo –y de sus particulares privilegios– le concede algún margen de ventaja frente a los requerimientos de unas elecciones presidenciales inmediatas. Es imprescindible que la comunidad internacional comprometida con la democracia no deje duda alguna respecto a la condena sin paliativos de su ejecutoria y del régimen en su conjunto. Pero el objetivo inmediato ha de ser la convocatoria de elecciones presidenciales libres y supervisadas por observadores, para pasar página de casi tres décadas de autoritarismo y de corrupción gubernamental anterior en Venezuela.

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Asentar las bases del futuro de Venezuela

31.01.2019. COPE. Línea Editorial

31.01.2019. COPE. Archivo audio

El Parlamento Europeo ha reconocido hoy a Juan Guaidó como “legítimo presidente interino” de Venezuela con el voto afirmativo de 439 diputados. La expresión usada trasluce muy bien la posición europea: reconocimiento de las funciones constitucionales del Presidente de la Asamblea Nacional durante el período necesario para convocar unas nuevas elecciones.

Como era de esperar, Maduro se ha apresurado a apelar a la independencia nacional olvidando que en Venezuela hay destacados 30.000 castristas, amén de los rusos que han llegado en los últimos días. Los mejores pronósticos pueden hacer pensar que se trata del canto del cisne, pero en las próximas horas el régimen puede intensificar la represión. Nada está siendo fácil en el proceso iniciado hace ocho días. La Venezuela heredera del chavismo era, y sigue siendo, un paradigma que Cuba y Rusia no pueden permitir que desaparezca sin más.

Por eso es conveniente que  la Unión Europea actúe para facilitar la salida. A la violencia que el chavismo ha ejercido de manera indiscriminada contra la oposición y el pueblo de Venezuela, no puede sumarse más violencia. La estrategia del propio Guaidó, al lanzar una propuesta de amnistía para los militares, es precisamente esta. Apoyar internacionalmente el proceso de transición venezolano exige mesura y realismo para asentar las bases del futuro.

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El Papa y Venezuela

30.01.2019. COPE. Línea Editorial

La ayuda más importante que puede prestar el Papa es la de sembrar el camino de la reconciliación.

Con demasiada frecuencia se escuchan los últimos días voces que acusan al Papa Francisco de mantener una posición equidistante ante la crisis de Venezuela. En muchas ocasiones estas críticas se basan en prejuicios ideológicos o en la ignorancia de lo que significa el ministerio del Papa y su relación con los obispos de un determinado país.

Algunos parecen negar u olvidar lo evidente: que la Iglesia ha estado en primera línea en defensa de la libertad, arriesgando su propia seguridad y proporcionando esperanza y estabilidad, aparte de ayuda básica de alimentación, medicinas, etc…, a través de Cáritas.

Francisco ha insistido repetidamente en que él dice lo mismo que los obispos venezolanos, que hace pocos días dejaron claro en una declaración colectiva que el gobierno de Maduro es ilegítimo y que Guaidó representa una puerta abierta a la esperanza. Naturalmente, el Papa no puede pronunciarse con el mismo tono que los obispos del país, no es esa su misión. Pero sí ha pedido algo que hace falta estar muy ciego, o ebrio de ideología, para no desear: una solución justa y pacífica, que respete los derechos humanos y evite el derramamiento de sangre.

La ayuda más importante que puede prestar el Papa es la de sembrar el camino de la reconciliación, que será la clave del futuro para una nación hoy aniquilada

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El Ejército y el futuro de Venezuela

Los días de Maduro en el poder están contados y lo que se impone es una transición que debe ser pacífica

27.01.2019. El Periódico

Mientras la situación en Venezuela aparece enrocada entre dos facciones antagónicas que claman por la legitimidad de unas urnas que les dio la victoria, limpia o fraudulenta, y mientras la diplomacia internacional se divide en dos bloques también  antagónicos, el Ejército aparece en estos momentos como la fuerza clave que puede decidir el futuro inmediato del mayor responsable, aunque no único, de la catastrófica situación económica del país, el incompetente Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas no son un agente objetivo ni están por encima de las partes

Los militares son parte del problema. Han sabido aprovechar la debilidad de quien ha sido presidente desde el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, para asegurar una larga serie de privilegios económicos, entre ellos el control de la primera empresa del país, Petróleos de Venezuela SA (aunque ello no implica que sean capaces de gestionarla), así como grandes intereses en otros sectores como la minería o la construcción. En las presentes circunstancias puede resultarles más conveniente mantener a Maduro en el poder, pero el Ejército no es una entidad monolítica. La propia avidez de los altos mandos ha marcado una gran diferencia con los mandos intermedios y con la tropa, que tienen que lidiar diariamente con la carestía y la escasez como la mayoría de la gente. Los días de Maduro en el poder están contados y lo que se impone es una transición que debe ser pacífica en la que no debe haber lugar para el ruido de las armas.

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«El Gobierno de Nicolás Maduro cuida de mí y yo soy agradecida». Por JON G. ARAMBURU

Diario Sur de Málaga, 17.02.2019

El chavismo incondicional tiene su reducto más combativo en el cordón de miseria que rodea Caracas

La autopista Francisco Fajardo recorre Caracas de este a oeste, una atalaya privilegiada desde donde ver realidades opuestas que a menudo se solapan. Uno emplea apenas media hora en recorrer la distancia que separa el centro financiero, el deslumbrante Meliá o las oficinas del Gobierno, del pretencioso Aladdin, un picadero de cúpulas bulbosas, y las barriadas de chabolas que aquí llaman cerros y que conforman el cordón de miseria que envuelve la capital de Venezuela. Este periódico ha tratado también de pulsar esta realidad, la que anida en las laderas más desfavorecidas, auténtico granero del chavismo recalcitrante, donde la delincuencia y el narcotráfico campan a sus anchas bajo un paisaje de casas de cinc y cemento agrietado, los coches despojados de sus ruedas se pudren a la intemperie y cada muro devuelve la mirada mesiánica de Chávez y Maduro.

Petare, el barrio más grande de Caracas, muere al pie del cerro José Félix Ribas, al que se accede por cuestas imposibles entre postes de luz donde la maraña de cables ha terminado casi por ocultar el cielo. No encontrarán este lugar en ninguna guía turística, ni a nadie que le quiera bien que le aconseje llegarse hasta allí. Los carajitos -como llaman en este país a los niños- juegan en las aceras a béisbol a la vista de adolescentes patibularios de mirada desafiante, que radiografían a los intrusos en busca de móviles, cámaras fotográficas, relojes, efectivo o la alianza. Todo vale para procurarse un tiro de perico -«15 dólares el gramo, tremenda noche, mi pana»-; o un desahogo en cualquiera de los burdeles que recorren ese eje que forman Plaza Venezuela-Sabana Grande-Chacaíto, a 3.000 bolívares el asalto. Un dólar. Aquí vive Carmen Mijares, una peluquera de 62 años a la que la vida ha bendecido con el conformismo de los mansos y poco más. Le acompaña su cuñado, Enrique, que no dirá una palabra durante las dos horas largas que pasamos en su casa, entre cuadros de la Última Cena y fotografías de Hugo Chávez, «el hombre que más ha amado a Venezuela», precisa la mujer. «Casada ni Dios lo quiera», aunque con un hijo que le ha dado ya dos nietos.

«Hay que ser solidaria»

En el cuarto de la entrada se amontonan secadores, planchas y bigudíes. «A las mujeres que tienen el pelo enroscadito, chichito, las pongo más bellas de lo que son», dice. Por su ‘salón de beauté’ pasan menos de diez clientas por semana, lo que supone unos 30.000 bolívares al mes (10 dólares), casi el doble del salario mínimo que también cobra en concepto de pensión y la mitad que una carrera en taxi hasta el centro. «Hay que ser solidaria, me da cosa pedirles más», dice.

Carmen llegó al José Félix Ribas hace más de medio siglo y el decorado entonces no difería mucho del actual. Aquí viven hacinadas 80.000 personas. «Los cerros ya existían antes de que llegara Chávez», recuerda con malicia cuando se le pregunta por las penurias económicas que pasan los venezolanos. Y no le falta razón, si bien veinte años de promesas no sólo no han mitigado la pobreza sino que han disparado la corrupción y el crimen. Cuando se le pregunta cómo sale adelante, la mujer habla de la bolsa ‘clap’ -una veintena de artículos importados que son el gran sostén de las familias- y el carné patriótico, que garantiza bonos -dinero en efectivo- en fechas señaladas como la Navidad, la Semana Santa o los carnavales. Una ayuda que compra voluntades a lo largo y ancho del país. «El Gobierno de Maduro cuida de mí y yo soy agradecida», dice sin empacho.

A Carmen, chavista desde 1992, cuando Hugo Chávez acabó en la cárcel antes de saltar a la palestra política convertido en un héroe, se le humedecen los ojos cada vez que habla del comandante. Por Chávez, siente «un amor sin fisuras» y confiesa que prefiere a Maduro, «al que no han dejado gobernar bien». ¿Pero quién? «La oposición, los empresarios, -dice- y también gente de su propio partido, chamos de su confianza que le han traicionado». Desde que Maduro está al mando, Carmen reconoce que «las cosas no van bien». Pero no cree que la solución pase por una elecciones libres, «ni Estados Unidos ni Europa ni ustedes, los españoles, son quién para meter las narices en Venezuela -dispara de corrido-. ¿Por qué no se van a ayudar a Haití o a Ruanda? Yo le diré por qué, porque allí no hay petróleo ni metales. Todo el mundo mira por su bolsillo».

El discurso de Carmen rezuma la fe de los conversos. Corrupción, desabastecimiento, hundimiento económico… son todos consecuencia de la política de acoso y derribo del capitalismo. El suyo es un tren que avanza en línea recta, sin distracciones. Sólo hay una plaga de la que no culpa al presidente Juan Guaidó o a Donald Trump, «ese coño de su madre que se cree el dueño del mundo, y eso sólo lo es Dios». «La inseguridad aquí es horrible y la Policía no hace mucho por atajarla», concede. «Los culpables somos los propios venezolanos, todos. El problema empieza por la casa de cada uno. Si tengo un familiar que ha sido preso, hago todo lo posible por sacarle, sea o no culpable. Lo mismo vendo el televisor que el techo que me protege y como ‘el sistema’ es corrupto, me acepta la plata», brama sin encontrar contradicción alguna en lo que dice.

«El barrio ya no es el de antes»

Carmen está convencida de que Venezuela va a salir adelante, «con la ayuda de Dios, no de la Iglesia», puntualiza. Admite que «hay gente en el poder que está chupando, pero los que vienen sólo quieren ocupar su sitio», se enculebra. El sol entra a chorros por el patio donde cuelga la ropa. «El barrio ya no es el de antes, ya no están todos con Maduro -suspira-. El presidente estuvo aquí y prometió seguir con el legado de Chávez, pero las cosas están complicadas. Y este país no debería pasar por lo que está pasando», se desgañita.

Su queja se suma a muchas otras que salpican el día a día del vecindario, siempre sometido a la tiranía de los cortes de abastecimiento. «Pueden pasar ocho días sin que tengamos agua los de esta acera, pero los de enfrente no tienen problema», se cruza de brazos como un niño enfurruñado. «¿Y el gas, Carmen?». «Está desastroso, mi chamo. No vino la semana pasada y tampoco esta», explica mientras mira la bombilla encendida que preside el cuarto, como temiendo que se vaya a fundir en cualquier momento. En ese momento entran Marina y su hijo Usiel, «a muerte con el Magallanes de béisbol», recita su madre, harta y orgullosa a partes iguales. El barrio se empieza a animar y los ‘colectivos’, como se conoce aquí a las bandas motorizadas que asaltan y desvalijan con la aquiescencia de la Policía, empiezan a salir de sus agujeros con hambre atrasada. Campana y se acabó.

 

Siria en la encrucijada. Pieza clave en el futuro de Oriente Medio (Política Exterior)

“Agenda de Política Exterior”, iniciativa conjunta de Política Exterior y Agenda Pública, analiza cada semana asuntos internacionales clave. Nuestro objetivo es fomentar el debate público y una mirada informada hacia el mundo.

¿Qué hacer ante el final de la guerra en Siria, ante la victoria de El Asad?

La carrera por hacerse con un pedazo de la Siria de posguerra ya ha empezado, pese a que el régimen de Bachar el Asad solo controla dos terceras partes del territorio. Las grandes potencias extranjeras implicadas –Rusia, Irán, Turquía– buscan afianzar sus posiciones en un país devastado, del que ha huido una cuarta parte de la población. Preguntamos a los expertos qué pueden hacer España y la Unión Europea ante la inminencia de una posguerra donde El Asad seguirá siendo el protagonista.

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El conflicto de Siria, lejos de concluir

Gabriel Garroum Pla

Países como Italia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Kuwait han anunciado que reabrirán sus embajadas en Damasco. La presión para que más países normalicen relaciones con el gobierno sirio es cada día mayor, factor claramente relacionado con la política de reconstrucción del país. El dilema para los países europeos es evidente: si participan en dicha reconstrucción, legitiman a El Asad; si se mantienen al margen, ven menguada considerablemente su capacidad de influencia en Siria

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Siria, agonía interminable, Enrique Mora

¿Misión cumplida en Siria?, Ana Belén Soage

No es una nueva guerra fría, son conflictos en zona gris, Javier Jordán

La guerra de Siria se acerca al final, Jesús A. Núñez Villaverde

Cataluña en el corazón

Quebequiana: España ante el espejo de Canadá

AUTOR: Juan Claudio de Ramón

Del Estado-nación “britanizante”, plantilla heredada del siglo XIX, a la vibrante nación multicultural y federación bilingüe de hoy. De la primera podía tener sentido separarse si uno era un quebequés de lengua francesa; de la segunda no apetece tanto

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CUATRO IDEAS SOBRE EL JUICIO DEL SIGLO

Artículo publicado el 14 de febrero de 2019 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly.

Inmaculada RAMOS TAPIA, Profesora Titular de Derecho Penal

Agustín RUIZ ROBLEDO, Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad de Granada

Seguramente muchas personas han dictado ya su particular sentencia en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contralos doce líderes independentistas catalanes.  Por si fuera útil para quien todavía no lo haya hecho, aquí van algunas reflexiones jurídicas partiendo de los hechos que el instructor considera probados.

La primera gran cuestión es dilucidar si los hechos que se les imputan pueden ser delito o estarían protegidos por la libertad de expresión, tal y como el año pasado defendieron Noam Chomsky y otros intelectuales extranjeros. La respuesta a este primer dilema es sencilla y basta con recordar una famosa cita del juez Holmes: gritar “fuego” sin motivo en un teatro no está protegido por la libertad de expresión; igualmente, la libertad de expresión no puede proteger que los titulares de poderes públicos catalanes griten “independencia”, en patente contradicción con el ordenamiento constitucional español. Una cosa es que una persona, en uso de su libertad ideológica, defienda la independencia de Cataluña y otra que esa misma persona utilice medios institucionales para lograr los fines de su ideología sin respetar el ordenamiento jurídico. Por eso, los imputados cometieron un acto ilegal.

La siguiente cuestión es determinar si además de ilegales, los hechos que se van a juzgar son delictivos. Puesto que no respetaron la Constitución, el primer delito que cabe imaginar es alguno de los incluidos dentro del título del Código Penal llamado “delitos contra la Constitución” y, entre ellos, el de rebelión que castiga a quienes se alzaren violenta y públicamente con la finalidad de declarar la independencia (art. 472 CP). El problema técnico de este delito consiste en estimar si hubo violencia (como considera el magistrado instructor y el fiscal) o no (como ahora considera el abogado del Estado y los defensores). Desde luego, no hubo violencia si se entiende por tal esgrimir armas, como sucede en las rebeliones militares, en cuyo caso estaríamos ante la modalidad agravada de rebelión del artículo 473.2. Pero sí que se puede considerar que hubo violencia ordinaria porque hubo un alzamiento violento en las movilizaciones tanto contra los registros en sedes de la Generalitat los días previos al referéndum como contra la orden de cerrar los colegios el día del referéndum. Los miembros del Govern no ejecutaron esos actos ni incitaron directamente a la violencia, pero promovieron las movilizaciones contra los registros y contra la ejecución de la orden de cerrar los colegios, a pesar de saber que ello conllevaría necesariamente episodios violentos. Por eso, es muy probable que actuaran con dolo, es decir, con previsión de que se darían situaciones violentas, al menos con lo que en los especialistas conocen como “dolo eventual”, es decir, previendo que eventualmente pudieran darse situaciones de violencia; lo que les convertiría en responsables del delito de promover la rebelión (art. 473.2 CP).

Si el Tribunal Supremo no apreciara ese dolo eventual en los acusados y no considerara que han cometido el delito de rebelión, entonces pasaría a analizar la imputación por sedición, delito contra el orden público que consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el ejercicio de sus funciones a la autoridad o funcionario público (art. 544 CP) y donde se castiga también a quien induce, sostiene o dirige la sedición (art. 545) . No hay duda de que los acusados, lejos de garantizar el orden público, alentaron que los ciudadanos se organizaran tumultuariamente para impedir que las fuerzas de seguridad del Estado hicieran cumplir dichas resoluciones. Por eso, se les podría imputar este delito de sedición.

Tanto si se admitiera que los acusados cometieron el delito de rebelión, como si se considera que cometieron sedición, incluso si se considerara que no cometieron ninguno de los dos, hay pocas dudas de que cometieron el delito de malversación de fondos pues los acusados destinaron cantidades económicas del Presupuesto de la Generalitat para actividades ilegales, unos 1’6 millones de euros en los cálculos del juez instructor; en concreto, el Govern aprobó el Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, y además acordó que los diferentes departamentos realizaran las acciones necesarias para su realización. Esto es tan evidente que el Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein consideró en julio de 2018 que Carles Puigdemont podía ser extraditado por ese delito de malversación.

Así las cosas, nos parece que el gravísimo ataque que protagonizaron los acusados contra la Constitución y el Estado de Derecho puede merecer una condena penal. En el juicio se determinará si es así y se concretará la responsabilidad individual de cada uno de ellos.

14.02.1019. La mirada de Argos. Blog de Agustín Ruiz Robledo

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Delito de rebelión y Estado de Derecho

DIEGO LÓPEZ GARRIDO Catedrático emérito de Derecho Constitucional

Ayer comenzó el proceso al ‘procés’. Técnicamente, se juzga a personas, aunque no pueda evitarse que éstas –y su entorno– consideren que los tribunales españoles van a juzgar a un movimiento político, al independentismo catalán. Este, probablemente, querrá hacer otro juicio paralelo al Estado español. No estamos ni ante una cosa ni la otra. Es un enjuiciamiento de conductas de individuos, los líderes del ‘procés’. Por eso, enfoco mi análisis desde la perspectiva estrictamente jurídica, que es la que debe prevalecer en el juicio.

Sin duda, es un proceso muy complejo, con muchos ángulos desde los que puede contemplarse. El que me parece más relevante es el referido al delito de que se acusa a los enjuiciados: el de rebelión. El juez instructor, la Fiscalía y la acusación popular coinciden en calificar así a las conductas que se desarrollaron en Cataluña en torno al 1 de octubre. A mi entender, no es correcta esa calificación, sin entrar en la comisión de otros hipotéticos delitos.

El delito de rebelión está previsto en el artículo 472 del Código Penal. Dice ese precepto: «son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El Código establece en artículos posteriores penas muy elevadas para tan grave delito.

El núcleo del delito de rebelión reside en dos elementos: 1- La finalidad del mismo, profundamente agresiva contra el sistema político (así se deduce de los siete apartados que tipifican los fines delictivos de la rebelión: Además de la declaración de independencia, derogar la Constitución, destituir a las altas instituciones del Estado, impedir elecciones o sustraer a cualquier clase de fuerza armada a la obediencia al Gobierno); y 2- El carácter violento del acto o actos rebeldes. Pues bien, pienso que si el primer elemento es dudoso que se diera ante la confusa declaración del Parlament, el segundo no se dio en absoluto. No se produjeron hechos que pudieran calificarse de alzamiento violento.

No puede considerarse alzamiento violento cualquier acción contra el orden público –prohibida en el Código Penal–. La rebelión debe tener una intensidad capaz de poner en riesgo la integridad territorial del Estado. La naturaleza insurreccional de ese delito se deduce de otros artículos. Por ejemplo, el 479, que obliga a la autoridad gubernativa a instar a «los sublevados» a disolverse y retirarse, y, en su caso, a usar la fuerza contra éstos, lo que se hará en caso de que los sublevados «rompan el fuego».

La ‘voluntas legislatoris’ al definir el delito de rebelión era, sin duda –así lo viví como redactor de esa figura delictiva en el Parlamento–, la de una acción de violencia física, muy grave, con riesgo de producir la segregación de parte del territorio español. De ahí la introducción del término «violenta» después de «se alzaren». El diccionario da como segunda acepción de la palabra alzamiento: «levantamiento o rebelión». No hubiera sido necesario añadir la palabra «violenta», pero, así se hizo, a través de una enmienda transaccional, para enfatizar aún más el carácter de violencia física de gran intensidad que tiene en el Código el delito de rebelión.

En el caso de una rebelión, de una insurrección, con ocupación de infraestructuras esenciales y otros actos, sería imprescindible oponer la fuerza del Estado para impedir sus objetivos delictivos. Sería posible declarar el estado de excepción o de sitio, que implica la intervención de las Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurrió pensar en ello, porque no existió la amenaza real de segregación al no darse la violencia necesaria para originar ese riesgo. Y si no hubo una rebelión insurreccional, quienes están procesados no pudieron liderar ninguna rebelión.

Espero que así lo vea el Supremo, que, como todos los jueces y tribunales españoles, es independiente, nos gusten o no sus resoluciones. Las y los procesados van a tener un juicio justo, y tendrán derecho, en su caso, a recursos ante el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos si entendiesen que se han vulnerado las garantías procesales del Estado de Derecho, del Rule of Law.

Tanto en el hipotético recurso ante el Constitucional, como, en su caso, ante el de Derechos Humanos, lo que únicamente puede dilucidarse es si las mencionadas garantías procesales se han respetado por el sistema judicial español. Las que se proclaman en el artículo 24 de la Constitución y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Constitucional podrá evaluar si ha existido una tutela judicial efectiva, si ha intervenido el juez ordinario predeterminado por la ley (uno de los asuntos mas controvertidos), si se ha garantizado una defensa real, un proceso con todas las garantías, la utilización de medios de pruebas pertinentes, la presunción de inocencia, etc… (art. 24 CE). También podrá evaluar si se ha respetado el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que protege el derecho a un proceso equitativo, ante un tribunal imparcial e independiente, con las garantías procesales propias de un Estado de Derecho.

Lo que no pueden hacer el Constitucional ni el de Derechos Humanos es entrar en el fondo de la tipificación penal. Si el fallo del Supremo condenara a las y los procesados, o a alguno, por haber cometido un determinado delito, ese fallo no sería revisable en cuanto a la tipificación de los hechos probados. O sea, que la calificación de las conductas imputadas con arreglo al Código Penal no se podrá modificar por el Constitucional ni por Estrasburgo. Porque no son tribunales ordinarios de apelación.

Por último, también ha de reiterarse que en el Estado español no hay ni pueden haber presos políticos, porque es un Estado constitucional de Derecho, que, por serlo, puede pertenecer a la Unión Europea, cuyo ordenamiento jurídico proclama como sus valores primordiales el Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Fundamentales.

13.02.3018. Diario Sur de Málaga. La Tribuna

DEFENSA ACUSADORA

Los juzgados del ‘procés’ harían mal en negar la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho

El Tribunal Supremo dio inicio ayer al juicio de mayor alcance celebrado en España porque en él se sientan en el banquillo responsables del Estado autonómico acusados de valerse de su poder para desgajar Cataluña del resto del territorio nacional, por lo que habrían incurrido en los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación. La sesión demostró que la defensa de los encausados va orientada a cuestionar el carácter garantista y democrático del juicio mediante el establecimiento de un nexo indisoluble entre las condiciones en que se ha desarrollado la instrucción del sumario y las graves imputaciones que pesan sobre ellos. El letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva llegó a señalar que se habían «restringido» todos los derechos fundamentales que contempla la Constitución. Parece evidente que tales alegaciones no iban dirigidas tanto a los siete miembros de la Sala como a los integrantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia a la que los procesados tendrían el propósito de acceder en caso de ser condenados por el Supremo y desestimados sus recursos por parte del Constitucional. Pero, aun formando parte de los derechos de los acusados adoptar la estrategia de defensa que estimen, han de tener en cuenta que todo reproche hacia el procedimiento seguido que comporte un juicio de intenciones contra la actuación del Supremo se excedería de lo legítimo. Además, la acumulación de desacuerdos y quejas respecto a la misma no debería rebasar la línea de lo jurídicamente sostenible hasta convertirse en un alegato político que niegue la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho. Porque por cuestionable que resulte, por ejemplo, la prisión provisional que afecta a nueve de los doce acusados, ésta ha sido acordada conforme a la ley. El abogado Andreu Van den Eynde se refirió al perjuicio que para la presunción de inocencia de los acusados suponían manifestaciones de responsables públicos en los que daban por sentada su condena. Una advertencia acertada puesto que es inadmisible que representantes institucionales se pronuncien de manera tan impropia antes de que dicte sentencia la Justicia. Pero si se ha generado un cierto estado de opinión escorado hacia la presunción de condena no son ajenas a ello las declaraciones de los propios acusados y de muchos de quienes dicen defender su inocencia. También cuando el independentismo ha exigido al Gobierno que procurase la absolución de los doce encausados. Un estado de opinión que será alimentado por cuantas señales den acusados y defensas de estar mirando, en realidad, al horizonte remoto de Estrasburgo.

12.02.2019. Editorial Vocento

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DEMOS78

Por si a alguien le interesa y aun no la ha escuchado. Creo que merece la pena la entrevista de hoy de Carlos Alsina a Torra, adjunto vídeo:

Video

Alsina es probablemente el periodista más fino de la radio española (en mi opinión) y, por ello, el más eficiente desmontando las falsedades independentistas. Los hay de florete, de sable y de hacha. Alsina es de florete. Es un entrevistador excelente, de técnica mayéutica,  que suele colocar a los entrevistados ante su propia realidad contradictoria. Con Torra lo borda.

 

La afirmación de Torra de que “la democracia está por encima de cualquier ley” es inadmisible y contradictoria puesto que si no puede haber ley legítima sin democracia (pongamos que eso es así), no puede haber acto político democrático sin respecto a la ley legítima (democrática). Al menos así lo creo (sería largo justificarlo).

De otro lado la democracia es también un sistema de formas y procedimientos o como dirían en ciencias naturales, de protocolos: no es posible jugar el partido estableciendo una de las partes el reglamento de juego, al tiempo que juega, ha de estar definido previamente por ambas partes, ha de ser inclusivo. Suponiendo un 50% de independentistas y otro tanto de no independentistas el “equipo” independentista no puede configurar el reglamento de juego derogando el existente (que sí se atiene al 100% de los “jugadores”). El equipo no independentista no lo está configurando cuando apela a la ley ya establecida democráticamente.  Esto es de Pero Grullo (la constitución española ha sido votada por todos y concretamente por amplísima mayoría de los catalanes).

Finalmente, se arroga  Torra la “representación” de Cataluña, lo que viene a equivaler en su discurso a la de todos los catalanes. Eso de que un gobierno represente a una nación (no me refiero a Cataluña) es una ficción, diríamos, necesaria para la operatividad, pero ficción. Es como cuando se dice que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, porque se parte de que todos “conocen” la ley. Es una ficción, imprescindible (hay casos en derecho penal de error del tipo o de la prohibición, de la ley, pero no es el caso) pero ficción al fin y al cabo porque es sabido que los españoles no dedican todos los días tres o cuatro horas a aprenderse de memoria el BOE y los BBOO autonómicos. Y aunque las dedicaran sería imposible que se los aprendieran y más imposible aún, si cabe, no fueran olvidándolos con el paso del tiempo. Una ficción, necesaria, pero ficción.  De igual modo, ningún gobierno, ninguno, representa en realidad a todos los ciudadanos, ni tutela todos los intereses.  Por eso son exigidas mayorías cualificadas para ciertos temas y por eso hay procedimiento gravosos para otros (por ejemplo las modificaciones constitucionales).

En realidad Torra representa al gobierno (partidario, como todos los gobiernos) de Cataluña, al ejecutivo, y en su caso concreto representa LITERALMENTE al interés del (pongamos) 50% (vamos a concederle un redondeo, porque a los fines del argumento da igual) de los catalanes. Ahí el fraude político de los independentistas, pues el ejecutivo tiene un mandato limitado por la ley (y por la lógica democrática) a temas de administración  y bajo el control parlamentario. Por tanto, Torra defrauda a la democracia (la usa con fines espurios y ajenos a la propia democracia) porque está excluyendo los legítimos intereses (más allá de la legalidad: intereses políticos puros y duros) del 50% de los ciudadanos catalanes y porque está abusando de su cargo (usándolo con fines no previstos legalmente dado que su función es administrar lo que hay). Por las dos cosas.  Esto es importante porque ha sido elegido para administrar (gobernar), no para cambiar España en su configuración territorial.

Ese arrogarse la representación de todos cuando ha sido elegido para administrar,  sabiendo que no representa a todos (al fin y al cabo es abogado con más precisión y sabe lo que hace), esa preponderancia del interés sectario (en su sentido de interés de una parte) sobre la ley democrática (inclusiva),  la contradicción señalada antes, la negación de la independencia judicial, unido a otros hechos como es –por ejemplo- la absoluta identificación que hace de pueblo y Generalidad (que no deja de ser una estructura estatal), el apoderamiento de los símbolos inclusivos con intención excluyente  y otros que sería prolijo enumerar y que actúan como síntomas de supremacismo, es lo que me hace considerar que hay un peligroso germen fascista en esa derecha catalana y que si consiguieran –finalmente- la independencia, los catalanes –en manos de éstos y de la extrema izquierda- las pasarían canutas.

Boko Haram. Evolución de una amenaza

AUTOR: Teniente Coronel D. Lucas F. Martín Serrano, Jefe del Grupo de Obtención por Sistemas Terrestres, del Regimiento de Inteligencia núm. 1

Durante los últimos años, ha habido un notable incremento en los ataques terroristas perpetrados por grupos islámicos extremistas relacionados con Al Qaeda o el DAESH a lo largo del continente africano. Algunos de esos ataques, que han golpeado una extensa franja, desde Nigeria y Burkina Faso hasta Somalia, han captado la atención de los medios de comunicación y han sobrecogido, aunque sólo sea por unos días, a la opinión pública. Pero la mayoría han pasado desapercibidos y, a pesar de esa falta de atención por parte de los medios, la realidad es que la situación está empeorando. Y esto no significa necesariamente que los ataques se estén incrementando. Son otros muchos factores los que nos indican esa tendencia de deterioro en la situación.

No obstante, y dejando de lado otras consideraciones, este asunto cuestiona la capacidad real de los países africanos de contener la amenaza y combatirla de un modo eficaz y efectivo, lo cual tiene enormes implicaciones en lo que se refiere a la seguridad, no solo como muchos piensan, en los países del sur de Europa, sino en toda la UE y para su futuro y estabilidad.

La zona objeto de los ataques dibuja un arco a lo largo de toda la región del Sahel, el cual se extiende desde las costas del Océano Atlántico, en el oeste, hasta el Mar Rojo, por el Este. Toda esa región está claramente controlada por una red de grupos islámicos que van desde al-Shabaab en Somalia hasta Boko Haram en Nigeria, pasando por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), junto con el DAESH y sus franquicias en Libia.

Trabajo “Boko Haram. Evolución de una amenaza”

El papel de la OTAN en el ciberespacio

Laura Brent actualmente trabaja en la División de Desafíos de Seguridad Emergentes de la OTAN y anteriormente ha desempeñado funciones de política cibernética tanto en el sector público como en el privado, abordando desafíos complejos de estrategia, políticas y operacionales en entornos variados y que cambian rápidamente.

Lo que se publica en la Revista de la OTAN no representa necesariamente la posición oficial o la política de los gobiernos miembros o de la OTAN.

Las amenazas cibernéticas para la seguridad de la Alianza son cada vez más frecuentes, complejas, destructivas y coercitivas. Los aliados han dado pasos importantes en defensa cibernética en la última década. Más recientemente, en 2018, acordaron cómo integrar los efectos cibernéticos soberanos, proporcionados voluntariamente por los Aliados, en las operaciones y misiones de la Alianza, así como en defender el Centro de Operaciones del Ciberespacio inicial. Pero, ¿está la OTAN haciendo lo suficiente para abordar los complejos y cambiantes desafíos del ciberespacio?

 

The Allies have taken important steps in cyber defence. Most recently, in 2018, they agreed how to integrate sovereign cyber effects, provided voluntarily by Allies, into Alliance operations and missions, as well as to stand up the initial Cyberspace Operations Centre. But is NATO doing enough to address the complex challenges of cyberspace? Laura Brent of NATO’s Emerging Security Challenges Division shares her views.

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