Elecciones en Andalucía

 

ANDALUCÍA DEFIENDE ESPAÑA

Rafael Esteve Secall

Es evidente que las razones individuales y locales para elegir unas papeletas electorales u otras son múltiples e incluso puede que hasta contradictorias. Pero el resultado de todas esas decisiones da lugar a un resultado global sujeto a múltiples explicaciones y razonamientos. He aquí mi interpretación de las razones básicas de índole nacional.

Simplemente con ver quienes han ganado escaños y quienes los han perdido se comprende lo fundamental del proceso. Ganan 24 escaños quienes defienden la unidad amenazada de España. Los mismos diputados que pierden los tres partidos que no mantienen o no han tenido una postura clara al respecto. Por un lado, el giro de Sánchez desde el constitucionalismo a admitir el apoyo de los golpistas para gobernar. De otro, la pusilanimidad de Rajoy para hacerles frente antes y después del golpe. A socialistas y populares los andaluces les hemos pasado factura, además, por la corrupción, explicando el duro castigo recibido en votos que ha mermado el 30 % del apoyo electoral de ambos; caída que se  añade a importantes mermas de elecciones anteriores. En menor medida Podemos/IU también ha recibido su castigo  dadas las crecientes dudas sobre su lealtad constitucional, cuando incomprensiblemente defiende la autodeterminación para Andalucía, a lo que se añade la incoherencia personal de sus líderes nacionales. De ahí el castigo de los tres escaños perdidos. La reacción de Iglesias llamando a la movilización no sólo corrobora esas dudas sino el carácter de sus ¿convicciones? democráticas.

Otra explicación reside en que la abstención ha cambiado de bando manifestándose como voto de castigo a las siglas de toda la vida, las protagonistas del bipartidismo. En muchos casos el paso previo que da un votante –dado por muchos ya- para cambiar de papeleta electoral. En estas elecciones la izquierda se ha abstenido claramente más que la derecha que, al presentar tres alternativas, cubría todo el espectro político de sus votantes.

Una última razón estriba en que las incoherencias en los hechos y los dichos,  acaban pasando factura. Los votantes andaluces han dicho basta ya de tomarnos por tontos. ¿Cómo se puede invocar la defensa del constitucionalismo cuando se colabora con los golpistas catalanes? ¿Cuál es el proyecto nacional que ofrecen PSOE y Podemos? ¿Más autonomía, un federalismo inconcreto,  autodeterminación?

Las razones propias de Andalucía

Si nos centramos en la realidad andaluza también aparecen profundas razones que han  influido en el voto. Expondré algunas diferentes a las esgrimidas de manera habitual.

Tradicionalmente se ha apelado al sentimiento andaluz, que siempre dio muchos réditos políticos, desde que el orgullo andaluz fue “tocado” por la enrevesada pregunta con la que UCD quiso evitar la autonomía plena para Andalucía en 1980. Pero hoy, el sentimiento de estar siendo agredidos y la preocupación de los andaluces se ha trasladado al conjunto de España amenazada en su unidad. Y han  elevado su sonora protesta en las urnas.

Asimismo, los resultados electorales reflejan un severo castigo al PSOE por el fracaso  en la gestión. No porque Andalucía no haya progresado, sino porque no lo ha hecho lo suficiente para reducir diferencias con el resto de España y Europa. Pienso que eso tiene que ver no tanto con las políticas aplicadas –que también- cuanto con la forma de gobernar. ¿Por qué?

La explicación más llamativa reside en la sustitución del centralismo madrileño del franquismo por el centralismo  actual de Sevilla. El punto de referencia y contraste es Extremadura. Comunidad autónoma que, partiendo en los años 80 con una realidad socioeconómica similar a Andalucía y con gobiernos socialistas durante estos años, salvo la legislatura 2011-2015, ha reducido diferencias con el resto de España, especialmente en temas educativos. Luego creo que la explicación estriba en que mientras Extremadura  optó por situar la capital en Mérida, equilibrando los intereses de sus dos capitales provinciales, en Andalucía se despreció la propuesta del diputado de UCD José Javier Rodríguez Alcaide para situar la capitalidad andaluza en Antequera como centro geográfico de la región.

La designación de Sevilla era posiblemente inevitable, pero no lo ha sido el centralismo sevillano que se siente en muchas partes de Andalucía, con razón o sin ella. Por obvias razones se percibe en mayor medida en los territorios y poblaciones más alejados física, económica y sociológicamente de la capital que, en su mayor parte, constituyen la Andalucía Mediterránea donde se concentra el dinamismo andaluz. Frente a quienes ven a Andalucía como un todo homogéneo, la realidad es que es muy variada y presenta grandes diferencias no tanto culturales como geográficas, sociales y de mentalidad en sus habitantes. Sintetizando las diferencias más claras hoy se encuentran entre la Andalucía interior y el litoral. Y dentro de esa dicotomía también aparece una diferencia sustancial entre el litoral atlántico y el mediterráneo siendo éste último la parte más emprendedora de la economía regional.

Finalmente, existe otro problema como el sentimiento real o figurado de agravio en el histórico reparto geográfico y sectorial de las inversiones y subvenciones de la Junta, que no se conoce, y alimentan ciertas políticas que están siendo enjuiciadas por corrupción de sus gestores. Esto explica bastante las diferencias en las estructuras provinciales del voto. En el fondo  late el dilema de todo proceso de desarrollo entre estimular un crecimiento equilibrado y simultáneo de todas las partes de Andalucía, que solamente se consigue frenando la potencialidad de las zonas más dinámicas, o potenciar estas zonas –o al menos no lastrándolas- facilitando que sus impulsos se difundan por el resto con políticas adecuadas a esos objetivos. Aunque, en realidad, todo proceso de crecimiento y desarrollo de un país es desequilibrado por su propia naturaleza.

Entiendo que el probable cambio de signo político del gobierno andaluz, debe traducirse –no solamente y por descontado- en las políticas propias de sus respectivos programas sino también en  el modelo de su gobernanza.

Rafael Esteve Secall

La voz autorizada de Joaquín L. Ramírez sobre el futuro del gobierno en Andalucía

Por Joaquín Luis  Ramírez, para Diario Sur

El día se desespereza y casi todos sonríen, pero nadie sabe. Pasará lo que pase, pero esta noche Juan Manuel Moreno o Susana Díaz –quizá no-, uno de ellos, se vestirá de ganador.

 A LAS OCHO, SORPRESA.—

Y saldrán las israelitas, o dirán que lo son. Allá por las seis de la tarde hervirá el rumor o su soniquete. A veces la fuente es cierta, a veces sólo será la fuente de la fuente de la fuente… El sondeo a pie de urna tampoco suele arrojar la luz que ansían los que quieren adelantarse al formal desenlace. Pero, no cabe duda, encaramarse a lo que –entre éste y aquel dato- pueda parecer tendencia será una forma intensa de pasar el día. Ello, aunque luego el escrutinio resulte poco o nada parecido a lo barajado.

En tiempos, los partidos lo ponían todo para ganar las elecciones, luego también se apuntaron a esforzarse por ganar las encuestas tradicionales y más tarde fueron a por las israelitas, también había que ganarlas. Incluso es casi norma que la candidatura que aspira a repetir victoria, como quiera que su gobierno en funciones recibe antes que nadie los primeros resultados, éstos son ordenados de forma que hagan pensar en la fortaleza o bondad del electorado para con quien da a conocer lo votado. También hay que ganar la noche electoral.

Es domingo de elecciones, toda la maquinaria en marcha, las noticias nos hablan de participación y también de la ausencia de incidencias dignas de mención. El día se desespereza y casi todos sonríen, pero nadie sabe. La víspera, quien más quien menos ha tenido y contado su particular pronóstico, pero habrá sorpresa, siempre la hay.

El PSOE necesita ser la primera fuerza y que los partidos a su derecha no sumen 55 diputados, que no lleguen. Si así se diera, los socialistas habrán de emprender el cortejo a aquella o aquellas formaciones que permitan la investidura de la candidata. Aún con ello, Susana Díaz precisará de una coalición de gobierno –ofrecerá consejerías a Teresa Rodríguez- o, al menos, garantías parlamentarias, un pacto. Si los de AA –Podemos ´18- consienten, todo seguirá como hace casi medio siglo. Si los morados piden la cabeza de la hasta aquí presidenta o simplemente se niegan a apoyar a los socialistas andaluces, todo podría complicarse hasta la continuidad de un gobierno en funciones. Tampoco es descartable, en este escenario, un gobierno en minoría tras una investidura “tolerada”. En ambos casos estaríamos ante una legislatura corta o incluso muy corta, con nuevas elecciones a la vista.

Si, a sensu contrario, Populares y Ciudadanos llegan a sumar igual o más de esos 55 necesarios –con Vox o sin ellos-, estaremos ante un cambio histórico que llenará con ríos de tinta y metraje –es un decir- la más rabiosa actualidad. Se quiera o no, este camino sería bastante más uniforme en cuanto a formación de gobierno y seguimiento de todos los pasos debidos para emprender la normalidad institucional. No habría que alargar los tiempos y, hasta con cierta prisa, conoceríamos la composición gubernamental y sus primeras medidas.

Independientemente del color de cada cual, su preferencia o tendencia temporal, la llegada de una coalición de centro-derecha a las tareas de gobierno de la junta de Andalucía será mucho más interesante que cualquiera otra circunstancia, mucho nuevo por ver. Incluso, la nueva mayoría habrá de asumir el importantísimo reto mostrando talla desde el minuto uno, ya que los salientes pondrán lupa a sus adversarios desde la parrilla de salida. Un gobierno PP-C´s requerirá mucha determinación y clarividencia pues, durante un notable espacio de tiempo, tendrá que actuar en un macrodecorado, en un inmenso plató, pensado y diseñado para otros. Incluso a ello habrá que sumar los resortes de resistencia del sistema, que son y serán muchos, empezando por la vigorosa fuerza de la inercia.

Pasará lo que pase, Juan Manuel Moreno o Susana, uno de ellos esta noche se vestirá de ganador. La tele no va a parar, ni lo hará Twitter o Facebook… Todo ello en cualquier caso. Es la gran fiesta de la democracia, con todo su significado de pluralismo, participación, libertad de opinión y sometimiento de todos a la ley que emana del pueblo, democracia también es votar de acuerdo con la legalidad. Hoy hay elecciones y, aunque no todo, mucho puede pasar. Ese gran gentío que somos lo estamos decidiendo, somos previsibles o quizá no, nadie puede decirlo por los demás. Cada cual pone su voto y la suma manda. Será una sorpresa.  

Jose Soldado, presidente de DEMOS 78

Buenos días, me planteo las siguientes cuestiones tras el mapa político surgido desde ayer en Andalucía:

  1. La alternancia es un valor democrático en sí misma y un ejercicio de soberanía frente a las inercias (generalmente fruto del clientelismo, de un lado, y la melancolía política de otro). Es en el cambio donde la soberanía se hace más patente. Todo cambio exige un esfuerzo y ello implica una voluntad decidida. Pasó, por ejemplo, en el 82 cuyo ejercicio de soberanía erradicó los pronunciamientos decimonónicos y los golpes definitivamente de España. La cabra tiró al monte, pero la nación dijo con claridad que ese tema ya se había acabado.
  2. Andalucía no puede seguir con las políticas del asistencialismo que son tremendamente eficaces para arruinar países. Me remito al los mapas y datos que envié el otro día, somos los últimos en todo…humm…excepto en corrupción y número de imputados. Un mínimo patriotismo y honestidad intelectual exige cambiar de políticas (suponiendo que los que lleguen las cambien que esa es otra cuestión).
  3. La fuerte campaña verbal contra Vox (partido que no es de mi devoción, pero al que respeto porque representa a un sector importante y del que creo que su presencia en el parlamento servirá de contrapeso a la extrema izquierda) obedece (i) al intento de crear un frentismo que tiene que ver y parte de la supuesta superioridad moral de la izquierda de genética marxista; (ii) a justificar un apoyo para el gobierno al PP y a C,s para protegerse.

Me explico: Tras casi 40 años en el poder y con dos expresidentes en el banquillo lo que menos conviene a la maquinaria PSOE andaluz es que entre un gobierno “hostil” que levante las alfombras, ponga denuncias, haga públicas las sinecuras, haga públicos sueldos de elefantes durmientes en las agencias, en la empresas públicas, etc. etc.  Apoyar un gobierno del PP o preferiblemente de C,s (que ha sostenido el régimen durante la anterior legislatura con ligeros retoques de maquillaje, muy ligeros como la falsa eliminación de sucesiones) es un broche de cierre seguro. Pero ¿Cómo justificar el apoyo a “las derechas”? Con talante de hombres de Estado: para evitar noblemente, con sacrificio,  la influencia en el poder de la “extrema derecha”, su avance en España.

Se trata pues de una treta.

Podría pensarse lo contrario si (a) no hubiera causas penales pendientes que nos hacen pensar que puede haber mucho más; (b) el Gob nacional no estuviera ostentado por un partido con 85 escaños (c) no hubiera accedido al poder para convocar elecciones y luego diga que agotará la legislatura, (d) no se hubiera apoyado en la extrema izquierda contraria a la democracia liberal; (e) no se hubiera apoyado en fuerzas, estas sí, anticonstitucionales como el independentismo catalán o vasco; (f) no se hubiera apoyado en fuerzas en cuya genética hay terrorismo (terrorismo que asesinó a compañeros del PSOE y que tuvo en un infame zulo en permanente tortura a Ortega Lara quién por cierto milita en Vox); (g) jamás el PSOE ha apoyado al PP para gobernar cuando sí ha ocurrido lo contrario –en el país vasco con López- (g) el PSOE pactó con la extrema izquierda en muchos municipios para evitar que el PP gobernara.

Por tanto, sólo nos queda para justificar el noble gesto de Susana Díaz el instinto de defensa frente a ataques posibles por conductas pasadas.

Lo curioso es que los periodistas al uso de las tertulias ya han entrado al trapo de la treta.

Ese apoyo del PSOE andaluz, por higiene democrática, no debe ser aceptarlo por el nuevo gobierno. Precisamente en este caso no. Como dicen algunos libertarios los “pactos” entre políticos antagónicos siempre perjudican a sus electores y benefician a los políticos antagónicos (hoy por ti mañana por mí).  El consenso es un valor, salvo cuando encubre una coartada. En una democracia avanzada los políticos deben ser antagónicos (no beligerantes, antagónicos) porque esa es la garantía de que no hay pasteleo a costa de sus representados.

  1. Me temo que Sánchez sufrirá en las elecciones que convoque (como España es una democracia, nos dice, habrá elecciones no debemos preocuparnos) un descalabro brutal y terminará la labor que inició Zapatero: acabar definitivamente con el PSOE.
  2. Iglesias  ha vuelto a enseñar la patita antidemocrática y excluyente cuando ha hecho un llamado a la acción callejera. El hombre que no dejó dar su conferencia a Rosa Díez en la Complutense siguiendo el viejo ardid: si no la dejas que hable nadie escuchará sus argumentos. Si quieres saber cuáles son sus argumentos, ven que yo te los explico.

Son demócratas hasta que la democracia les incomoda,  entonces la revientan en la calle. Cien mil (por ejemplo) no pueden ganar un gobierno, pero sí pueden destrozar materialmente un país, deteriorar su economía  y hacer caer el gobierno elegido por millones: eso es exactamente la mentalidad totalitaria.

  1. Dicho todo lo anterior que nadie se llame a engaño: el discurso dominante está en todos los partidos del llamado  centro político, discurso donde se  confunde (de fundir algo diferente y hacerlo artificialmente una sola cosa) estado del bienestar  (te pago, con dinero previamente arrebatado, el colegio que elijas, la cama de hospital que prefieras) con el bienestar del Estado (yo pongo la escuela mía, no te dejo elegir encima que te he arrebatado antes el dinero para pagarla, te la vendo como un regalo estupendo  y tu vienes a este monopolio que como todo monopolio favorece al monopolista, no al consumidor ni al titular del derecho a la educación. De ahí exactamente, del monopolio, resulta  PISA).

Saludos

JSG

Miguel Rodríguez Ordóñez, de DEMOS 78

Gracias Pepe Soldado por tus reflexiones. Los resultados de las elecciones en Andalucía han sido “terremóticas”  y   tus reflexiones me preocupan por  la soledad del españolito para encontrar una salida posible y no una solución ideal, casi soñada,  por muy liberal que se sea. La realidad no es la que queremos que sea sino la que es. Para otra vez el estado de bienestar, una frase que engloba lo que el Estado hace por mi y lo que yo hago por el Estado. Lo que podemos discutir es si mas o menos Estado  significa mejor o peor manera de prestar servicios de calidad a los ciudadanos.

Ahora se trata de saber quien gobernará Andalucía. :

1º.- La mayoría absoluta necesaria para gobernar pasa por PP + Cs + Vox. Esto es un axioma..

2º.- La Presidencia  de la Comunidad debe ser  (consenso) para  uno de los tres candidatos ganadores  del centro-derecha.

.- Si  “lista mas votada”   para Presidencia,   Juanma Moreno + Cs. + Vox

4º.- Si  “lista mas votada” total para Presidencia,  Susana-PSOE  +  Cs  (ya han sido pareja) +  apoyo ocasional, coyuntural, de legislatura  o como se quiera llamar,                  de PP,  AA  o Vox,.(¿?)

     5º- Sin acuerdo de ningún tipo, nuevas elecciones.

Todas las soluciones que apunto son posibles pero la emergente lucha entre Casado y Rivera por un poder que por primera vez ambos tienen    posibilidades de alcanzar, en el Gobierno de una Comunidad Autónoma,  de la importancia de  Andalucía,  va a condicionar a la derecha en toda España. Ellos lo saben y van a pelear.

Por otra parte está en el aire el futuro de Susana que es la mas perdedora en la historia del PSOE andaluz. En Ferraz se ha colado un atisbo del aquello tan común  “hay enemigos, enemigos,  mortales y compañeros de partido” y en el partido de Ferraz enemigos de Susana haberlos haylos y muy arriba o quizás arriba del todo.

En este barullo, ajeno a él,  en estado contemplativo,  es decir “a verlas venir” sobresale la estampa, sentada en su sillón  recién estrenado un descubrimiento   genuinamente andaluz  (se ha despertado aquí)  que se llama Vox. ¡Que cosas pasan en España, Sr. Tezanos!

Mientras tanto, sin saber muy bien como hacer la digestión del estropajo engullido, la manada mediática de pedigrí  zurdo ha elegido en tropel la consigna de que la “extrema derecha” se ha apoderado de la derecha democrática a la que ha convertido en un peligro de fascismo redivivo,  una consigna difundida profusamente al mas puro estilo del marxismo-leninismo totalitario.  Porque si se  anula a  Vox la alternancia se esfuma y el PSOE se adorna como protector de los valores democráticos frente a la “extrema derecha”  que emerge en Europa y ahora también en España, según dicen.

Nosotros,   “Paciencia y barajar”  como dijo D. Quijote.   Saludos Miguel.

Joaquín Sama Naharro de DEMOS 78

Queridos amigos: Gracias por vuestras bien ponderadas reflexiones sobre el resultado de las elecciones, tema que lógicamente ahora nos ocupa más que otros.  Pero antes de expresar las mías, que serán  muy breves, quisiera añadir algo sobre lo que expuse en la última reunión acerca de la supuesta superioridad moral de la izquierda.  Argumenté que, desde mi punto de vista, esa supuesta superioridad moral se basa fundamentalmente en el argumento de que la izquierda se erige en defensora de las capas más desfavorecidas, de los desamparados, los humildes, de los parias de la Tierra, y, a partir de esa premisa teórica, la izquierda se siente legitimada para todo lo que le venga en gana, habiendo cometido a lo largo de la historia las mayores barbaridades imaginables, incluso contra sus mismos seguidores, siendo, además, incapaz de crear riqueza y espacios de libertad. A esto, quisiera añadir algo que no expuse el otro día: es característica generalizada de la izquierda española, creerse a “pies juntillas” la Leyenda Negra, inventada contra ESPAÑA por Italia, Francia y los países anglosajones, principalmente, en una operación de marketing de la época, que, en base a datos parciales trató, y consiguió, desprestigiar a nuestro país, Comparando respecto a otros países la gesta de ESPAÑA y las políticas y las leyes que desarrolló allí donde estuvo, nuestro país fue muy superior desde la perspectiva humanística que el resto de países conquistadores.  El desprecio de la progresía de nuestro país a todo lo español, desde el concepto de hispanidad hasta la fiesta de los toros, pasando por nuestra propia bandera, tiene mucho que ver con esa supuesta superioridad moral que se arrogan, al erigirse también defensores, en el pretérito pasado, de aquellos desfavorecidos indígenas que dicen masacramos. Falta de instrucción ( que lean “La leyenda negra. Imperiofobia”, de Elvira Roca) y malos pensamientos, que merecen la penitencia de leer más y  elevar los corazones…

Respecto a las elecciones y el lamentable espectáculo que están dando Moreno y Marín, Marín y Moreno, en su afán por hacerse con el Poder en Andalucía, solo decir que si tuvieran altura de miras, acompañada por el necesario bagaje intelectual, podrían llegar al acuerdo de turnarse dos años cada uno en la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Como dudo que uno solo sea capaz de resolver los graves problemas de todo tipo que aquejan a nuestra región,por muchos asesores y amiguetes que comiencen a poner,  con dos, presidente y vicepresidente, apoyándose y colaborando, lo tendrían más fácil, además, de dar una extraordinaria lección al resto del país,  lección de renuncia a la poltrona más alta, y, ejemplo de generosidad y entrega al servicio a la sociedad,  sin cegueras ideológicas ni de otro tipo, y sin otro interés que ser útiles. Si fueran capaces de conducir a Andalucía de este modo, estoy convencido que en las siguientes elecciones, arrasarían…con permiso de VOX, que es probable engulla al PP.

Si cegados por la ambición de Poder no fueran capaces de llegar a un entendimiento, propongo que se les suba a cada uno en un asno, se espante a ambos mollinos, y aquel asno que llegue más lejos haga acreedor de la presidencia de la Junta a la carga que lleva encima.

Saludos afectuosos.

Joaquín Sama.

José Soldado, presidente de DEMOS 78. 06.12.2018

Es imprescindible para la adecuada higiene democrática que el pacto que se fragüe en Andalucía sea antagónico con el partido saliente.

En cuanto a la presencia de Vox sí creo que subirá exponencialmente, quizá no tanto como para tragarse al PP. Ahora bien, si C,s consiguiera hacerse con el “centro” y Vox con la derecha nacionalista  ¿que espacio le quedaría al PP?

En cuanto a las causas…Lo dije en su momento (al año de ganar Rajoy y ver su deriva) y lo repito ahora: Rajoy debió aprovechar su mayoría absoluta (para eso la recibió) y hacer reformas estructurales (eliminar municipios, administración paralela, gastos suntuosos, etc) para reducir el gasto público y eliminar trabas al crecimiento económico (bajar impuestos, liberar mercados, etc). No sólo no las hizo sino que lo mantuvo el déficit al no reducir si o si  el gasto, se disparó la deuda (100% PIB) y los impuestos. Hizo lo que hace un buen estatista (mantener privilegios burocráticos a costa de lo que sea). Esa dejación de sus obligaciones respecto al verdadero interés general es la causa mediata de que perdiera ignominiosamente el puesto, pues al traicionar a su electorado (que votó un programa que era justo lo contrario de lo que hizo luego) y los intereses generales que exigían reformas de calado reduciendo drásticamente grasa estatal, se quedó sólo, como el alce cojo…fácil presa…

Por  lo que veo ahora en su programa Vox es un partido nacionalista español (esa es la segunda razón de su éxito: su hostilidad frente a otros nacionalismos antiespañoles), conservador o tradicionalista en cuestiones morales y, curiosamente, con el programa económico más liberal de los ofertados, lo que le aleja del estatismo a ultranza que caracteriza al fascismo (también a los socialismos). Esa identificación interesada entre Estado y Nación (o “el proletariado” en caso de los comunismos cfr. Cuba, URSS, Corea del Norte, etc), donde siempre gana el Estado . No. Vox (hoy por hoy) es básicamente, como el PNV pero españolista y más liberal en lo económico. Su entrada en los parlamentos dará (en este momento) una imagen más fiel del soberano (el pueblo).

Algunos matices sobre lo de Vox. Me referiré a su programa electoral. Considero que los siguientes puntos son inasumibles, otros tienen tintes populistas y otros supondrian un retroceso democrático y en otros no se mojan. Sólo algunos ejemplos: punto 6 (inasumibles e inejecutable), 7, 14 a 22, 27, 28, 83 (populista), 11 (no se mojan), 33, 91, 93, 95, 96 (retroceso intolerable), 43 (nacionalista-mercantilista), 44 (o iluso desde su perspectiva de la emigración o esconde algo, pues las familias con más hijos suelen ser precisamente de inmigrantes lo que tendría efecto llamada. En todo caso populista)

Si veo interesantes los puntos 29,30,35,36,37,39,40,41,42,45,46, 47,48,49, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 70, 74, 78, 81, 82,85, 89, 94. No se comprende porqué abogan por el cheque escolar y no por el sanitario.

Todo esto es por matizar algo el correo anterior, pues aunque promete bajadas de impuestos en realidad no dice donde bajará el gasto en esa importantísima cuantía lo que convierte la oferta en populista

Saludos, JS

Visit by His Majesty the King of Spain, Felipe VI, to NATO

His Majesty the King of Spain will pay an official visit to NATO Headquarters on Wednesday, 21 November 2018.

Programme of the visit

08:00 Arrival of Media – NATO HQ South Gate, Boulevard Leopold III, 1110 Brussels

09:20 Last possibility to arrive at Media position

09:40 NATO Headquarters. Main entrance. Arrival of His Majesty the King of Spain
Welcome Handshake by the NATO Secretary General
Very Restricted Pool (2 Official photogs + 2 agency still photogs).

09:45 Wreath-laying ceremony with His Majesty the King of Spain
Open coverage for visual & print media. No press statement. Live webstream.

10:00 Meeting of the North Atlantic Council with His Majesty the King of Spain.Coverage by pool of visual media only. (Pool cards distribution at 9h20 at media position;
No tripods allowed, no sound feed; TV lights provided; Video footage web-streamed live online, on closed-circuit tv to media work room and available in broadcast quality)

Photos and b-roll video footage will be uploaded on the NATO website after the event.

Actos Jurídicos Documentados: Impuesto-tasa necesario o afán recaudatorio de la Administración

NOTA DE LA REDACCIÓN

España no es el país de la Unión Europea en donde se pagan más impuestos, pero si ostentamos el triste récord de ser el que más gasta en lo superfluo. Hemos creado unas AA.PP. totalmente desproporcionadas a nuestras necesidades y lógicamente hay que crear impuestos para alimentarlas.

La generosidad de otros Estados de la UE con sus ciudadanos es notoria: incentivos por nacimientos y cuidado de los hijos; atención a las personas necesitadas; y un largo etcétera, aspectos que no se dan en España, sino que todo se dirige para dar de comer a los miles y miles (la cifra es imposible de averiguar, pero se acerca al millón) de cargos de designación política que existen en el país y que al cambiar la ideología en el poder: local, autonómico y nacional, hay que sustituir, dejando a los “cesantes” en buenas condiciones para que puedan vivir el resto de sus días de los pocos años de “supuesto servicio a los demás”

José M. Domínguez Martínez y José Mª López Jiménez

El sistema hipotecario español ha sido sometido durante los últimos años a una auténtica “prueba de resistencia”, y, prácticamente, todos sus elementos y las cláusulas habitualmente incorporadas a las escrituras de préstamo han sido objeto de escrutinio por los operadores jurídicos y, en última instancia, por los tribunales.

Los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, a disposición de los acreedores hipotecarios para resarcirse del impago de los créditos tampoco han quedado al margen de este escrutinio.

Una reflexión adicional sobre las consecuencias económicas de las decisiones judiciales y legislativas podría ser necesaria, a la vista de la “crisis del IAJD” de octubre y noviembre de 2018.

El buen funcionamiento del sistema hipotecario español, que ha posibilitado el acceso a la propiedad de una vivienda a millones de familias, se ha basado en cláusulas y prácticas que a lo largo de los últimos años, en distintos supuestos, han sido puestas en entredicho a raíz de dicho escrutinio, con el resultado de la declaración del carácter abusivo de una parte de ellas.

Así ha sido determinado por los tribunales españoles y, particularmente, dada la creciente autoridad de su doctrina, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha erigido en el supremo intérprete de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que fue aprobada en 1993 y transpuesta en España en 1998. La Constitución española ya consagró en 1978 la defensa de los consumidores y usuarios entre los principios rectores de la política social y económica (artículo 51).

En buena técnica jurídica, al menos a la vista del actual estado de la regulación europea y española, y al margen de ciertas particularidades que pueden concurrir en los usuarios de determinados servicios como los financieros, la abusividad debe vincularse necesariamente con los destinatarios finales de bienes y servicios, no con quienes intervienen en las fases intermedias del ciclo productivo, que gozan, en teoría, de más medios para velar por sus propios derechos e intereses.

Sin embargo, tras el cuestionamiento del contrato de préstamo hipotecario desde un punto de vista normativo y procesal, el replanteamiento de la práctica seguida durante décadas en la constitución de las hipotecas ha alcanzado al ámbito de los “gastos hipotecarios”, entre los que, como es notorio, además de los relacionados con la intervención notarial o registral, hay que incluir los tributarios.

Esto provoca que hayan de ser aplicados dos tipos diferenciados de razonamiento jurídico para unos aspectos comprendidos en una misma relación jurídica (el contrato de préstamo hipotecario), pues lo que puede ser válido para argumentar si una cláusula es abusiva podría no serlo para determinar quién es el sujeto pasivo de un tributo[1].

Además, dado el principio de especialización de los tribunales españoles —o de sus salas y secciones— por razón de la materia, resulta que para unos aspectos (defensa del consumidor, eventual carácter abusivo de una cláusula contractual) puede ser competente un tribunal, sala o sección y, para otros (implicaciones tributarias), uno diferente. A pesar de todo, el ordenamiento jurídico representa lo que su propia denominación denota, esto es, orden y sistemática, luego, en último término, la respuesta jurídica global a una misma realidad debería ser armónica.

Por todo ello, a propósito de una cláusula contractual que atribuía  “indiscriminadamente y sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario”, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en su sentencia nº 147/2018, de 15 de marzo de 2018 (y en otra posterior de la misma fecha), determinó que desde el punto de vista civil esta cláusula debía ser considerada abusiva. Sin embargo, es más que evidente que existe una diferencia sustancial entre la atribución entre las partes de los gastos originados para la formalización de un contrato y el cumplimiento de las obligaciones fiscales aparejadas a los hechos imponibles generados. Ninguna de las partes tiene capacidad dispositiva para apartarse de las normas legales establecidas al respecto.

Lo anterior puede ayudar a explicar que, en cuanto al pago del IAJD, con apoyo en la normativa tributaria y en su interpretación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), la Sala de lo Civil estableció que, “en lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario”, tal y como literalmente dictaba la normativa tributaria de aplicación.

De este modo, pareció establecerse una lógica coordinación entre los ámbitos de lo civil y de lo tributario, y una ratificación de la dicción literal recogida en el texto regulador de la tributación asociada a la constitución de préstamos hipotecarios (IAJD).

Sin embargo, la situación cambió súbita, inesperada y radicalmente, por:

  • La nueva doctrina de la Sección 2ª de la Sala Tercera del Supremo, con el giro jurisprudencial iniciado por la sentencia nº 1505/2018, de 16 de octubre de 2018 (y otras posteriores con el mismo recurrente —Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A.— y objeto), que determinó la anulación del párrafo segundo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”), y que el sujeto pasivo del IAJD debería ser el prestamista.
  • La rectificación de la anterior doctrina de la Sección 2ª, tras dos días de deliberaciones, por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para concluir, nuevamente, con el voto favorable de 15 magistrados y el desfavorable de 13, que el sujeto pasivo del IAJD debería ser el prestatario. Según la nota de prensa del Poder Judicial de 6 de noviembre de 2018, “El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días”. Cuando escribimos este artículo, las resoluciones judiciales (de la nota se desprende que son varias) no se han publicado.
  • La publicación, a continuación, del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que fija legalmente que el sujeto pasivo del IAJD será, desde su entrada en vigor, el prestamista.

El análisis detallado de todo lo anterior requeriría un estudio profundo desde diversos prismas (legal, tributario, económico, judicial, social, político, sociológico…), que ahora no pretendemos acometer, aunque sí enunciaremos algunas cuestiones para acompañarlas, sucintamente, de algunas consideraciones.

¿Concurre un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad que justifique el empleo de un real decreto-ley para modificar el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre?

El artículo 86.1 de la Constitución dispone que “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

Ateniéndonos al sentido de la última decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la situación, en lo que atañe al IAJD, volvía a retrotraerse a la que, durante más de veinte años, ha venido prevaleciendo, a saber, la de atribución de la condición de sujeto pasivo, en el caso que nos concierne, al prestatario.

De esta manera, después del efímero período de “interregno”, quedaba disipada la incertidumbre, y ello sin perjuicio de que quedase abierta la vía legislativa para una posible revisión del tratamiento fiscal.

La garantía de la previsibilidad en la aplicación del Derecho, es decir, la seguridad jurídica en el sector hipotecario es un elemento fundamental, en beneficio de los consumidores, en primer lugar, pero, por la función de financiación de la economía que desarrollan, también de las entidades de crédito españolas y sus inversores, y, más en general, de la percepción en el exterior de España como país fiable y seguro, que tanto esfuerzo ha costado forjar.

Si repasamos la reciente historia judicial española, no se encontrarán casos como este. El mercado hipotecario, para su adecuado funcionamiento, requiere que todas las partes implicadas tengan un ajustado conocimiento de cuáles serán los costes generados por la constitución de una hipoteca y de quiénes deberán asumirlos.

Para las Administraciones Públicas, como perceptoras de los impuestos devengados, con independencia de qué parte los satisfaga, se trata de una cuestión crucial. Como lo es la seguridad jurídica para todas las partes concurrentes. En tal sentido, la eventual introducción de un efecto retroactivo del cambio de criterio, que parece que ha sido evitado, habría desarbolado de lleno la seguridad jurídica que ha venido rigiendo en relación con la aplicación del IAJD.

Clarificada la situación por el alto tribunal, es un asunto opinable concretar el plazo temporal aconsejable para proceder a la revisión del tratamiento fiscal, pero no deja de llamar la atención que una cuestión durante tanto tiempo pacífica, conocida y aceptada por todos, haya suscitado tal dosis de urgencia.

¿Es el Real Decreto-ley 17/2018 la solución definitiva a la situación creada?

El Real Decreto-ley aún debe superar su debate y votación en el Congreso de los Diputados. El apartado 2 del artículo 86 de la Constitución dispone que “Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación […]”.

Lo que ofrecería más garantías a todos los interesados sería su tramitación por el procedimiento de urgencia, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, como proyecto de ley (apartado 3 del artículo 86).

¿Tendrá el Real Decreto-ley 17/2018 eficacia retroactiva?

No. El apartado IV del preámbulo del Real Decreto-ley señala que “la modificación normativa se aplicará a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la norma”.

La entrada en vigor se ha producido al día siguiente de la publicación de la norma en el BOE, es decir, el 10 de noviembre de 2018 (Disposición final tercera. Entrada en vigor).

¿A quién beneficia el hecho imponible objeto de gravamen?

Según el artículo 29, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 1/1993, “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.

El Real Decreto-ley 17/2018 precisa, al añadir un párrafo segundo a aquel artículo, que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

Parece distinguirse entre préstamo, que beneficia al prestatario, e hipoteca, que interesa al prestamista. Sin duda, la hipoteca es accesoria del préstamo y se constituye en último término en beneficio del concedente de crédito. Ahora bien, es probable que si el prestamista no contara con la hipoteca como garantía, más allá de la genérica responsabilidad patrimonial universal del deudor (artículo 1.911 del Código Civil), las condiciones financieras de los préstamos serían menos favorables para los solicitantes de crédito. Por lo tanto, este interés que sirve para determinar el sujeto pasivo debería ser, cuando menos, compartido.

¿Repercutirán las entidades de crédito en la clientela el mayor coste asociado a la concesión de crédito hipotecario?

Antes de contestar esta pregunta hay que recordar que, de ahora en adelante, el IAJD se convierte en un coste más de producción de los préstamos hipotecarios por parte de las entidades bancarias. No es que, desde la lógica económica más elemental, hayan de incorporar dicho coste a la hora de formar sus precios, sino que, además, están obligadas a hacerlo en aplicación de la normativa financiera. Para ser rentable, un banco, como cualquier otra empresa, ha de poder recuperar los costes mediante la venta de sus productos y la contratación de sus servicios. Ahora bien, ese objetivo se cumplirá siempre que los precios sean competitivos y logren atraer suficiente demanda en el mercado. De no ser así, deberá adoptar medidas de reducción de costes o, eventualmente, desaparecerá del mercado.

No hay que descartar, consiguientemente, que este mayor coste termine siendo asumido, finalmente, por los clientes, a través de un mayor tipo de interés o de nuevas comisiones o mayores importes de las existentes. Desde el punto de vista empresarial, no habría nada que reprochar a las entidades, siempre que, como es natural, se respetara la normativa sobre defensa de la competencia.

Ahora bien, partiendo de que la política de precios varía de unas entidades a otras, no sería descartable la no repercusión, lo que podría permitir, en un escenario de subida generalizada de tipos o comisiones, que estas entidades obtuvieran una ventaja competitiva. De ser percibida esta circunstancia por la clientela, el mayor coste para la entidad se podría ver compensado por un mayor volumen de negocio y, por tanto, por el cobro de más intereses y más comisiones.

¿Tiene, en realidad, tanta trascendencia que el sujeto pasivo sea el prestamista o el prestatario?

Como pone de manifiesto la teoría económica de la incidencia impositiva, es irrelevante sobre cuál de las dos partes de un mercado, los oferentes o los demandantes, se exija formalmente un impuesto. Como se expone en un post anterior del blog “Tiempo Vivo” (https://neotiempovivo.blogspot.com/2018/10/la-mejora-de-la-ensenanza-universitaria.html), la realidad económica nos reserva algunas sorpresas en esta materia.

¿Tiene razón de ser este impuesto desde el punto de vista de la Hacienda Pública?

Como es bien sabido, el sistema impositivo español se sustenta en el principio de la capacidad económica, que no parece que sea especialmente aplicable en relación con el caso que nos ocupa. Más bien habría que apelar al principio del beneficio, aspecto que ya ha sido comentado. Sin embargo, se da la circunstancia de que los servicios públicos obtenidos con motivo de la formalización de hipotecas están sujetos a cargas específicas.

A mayor abundamiento, desde esta perspectiva, cabría plantearse si, a tenor de la realización de una operación idéntica en alcance y contenido, tiene sentido que puedan existir amplias divergencias en los tipos de gravamen en función del territorio. Igualmente esto nos llevaría a una reflexión acerca del nivel de gobierno más adecuado para el establecimiento de las competencias normativas, así como para la asignación de la recaudación obtenida.

¿Se facilita con cambios normativos como el analizado la integración de los mercados de crédito en la Unión Europea?

Cabe igualmente reflexionar acerca de la integración de los mercados financieros, tanto a escala nacional como de la Unión Europea. La heterogeneidad de las situaciones existentes en conexión con la tributación de las escrituras de préstamo hipotecario es incoherente con el objetivo de avanzar hacia una mayor integración de los mercados de crédito hipotecario, como pretende la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencia.


[1] Quizás merezca ser recordada la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida, entre otras, en la sentencia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (asuntos acumulados C‑96/16 y C‑94/17):

“43. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como resulta del considerando decimotercero de la Directiva 93/13, la exclusión del ámbito de aplicación de esta Directiva prevista en el citado artículo 1, apartado 2, se extiende a las disposiciones de Derecho nacional aplicables a las partes contratantes, tanto si son normas imperativas como si se trata de normas dispositivas, es decir, de normas que únicamente se aplican si las partes no han dispuesto otra cosa. Tal exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibro que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar (véase, en este sentido, el auto de 7 de diciembre de 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, no publicado, EU:C:2017:954, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada).

44. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende sustancialmente que la referida exclusión abarca las disposiciones legales o reglamentarias imperativas distintas de las que se refieren al control judicial de las cláusulas abusivas, especialmente las relativas a la amplitud de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual (véase, en este sentido, el auto de 7 de diciembre de 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, no publicado, EU:C:2017:954, apartado 27 y jurisprudencia citada)”.

(Este “post” se ha publicado simultáneamente en los blogs “Tiempo Vivo” y “Todo Son Finanzas”)

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11.11.2018. Todo son Finanzas

11.11.2018. Tiempo Vivo

La verdad (y toda la verdad) de los impuestos a viviendas

El show que se ha montado estos días con motivo del llamado impuesto de las hipotecas (actos jurídicos documentados), con las intervenciones estelares del Supremo y del presidente del Gobierno, debe provocar una reflexión profunda para saber qué se esconde más allá de quién es al final el que lo paga. Si fuera sólo este impuesto se estaría hablando de una cosa nimia. Pero el río baja cargado. Muy cargado. Basta con trazar un itinerario tributario sobre la compraventa de viviendas para descubrir que lo del Supremo es una tontería, más allá de que su actuación haya sido bochornosa. Hay que averiguar quién o quiénes lo cobran, qué se cobra y por qué se cobra. Empecemos. Lo normal en la compra de viviendas nuevas es que se haga de una promotora a un ciudadano de a pie. Pues bien. Paso número uno. La promotora compra el terreno a un tercero. Si éste es particular debe pagar la correspondiente plusvalía al ayuntamiento de turno. Ya ha cobrado una administración. Si el terreno lo vende una sociedad que se dedica a esos fines se tiene que pagar además el 21% de IVA. Ya ha cobrado otra administración, el Estado. Obviamente deben declarar vía IRPF o sociedades la venta. Ahora vamos con el siguiente paso. La promotora para construir tiene que pagar el ICO, o sea la licencia de obras. Vuelve a cobrar el ayuntamiento. Eso encarece el producto. Una vez que ha levantado el edificio tiene que pagar por la declaración de obra nueva a través del impuesto de actos jurídicos documentados, que en Andalucía está situado en el 1,5% del valor (huelga decir una vez más por desgracia que es el más alto del país). Y eso encarece el producto. No contentos con eso hay que hacer la división horizontal, o sea, los pisos en los que está dividido el edificio. Eso también paga el 1,5% de actos jurídicos documentados, que cobra la administración regional. Ya han puesto la mano todas. Y eso encarece el producto. La promotora a su vez tiene que pagar los correspondientes IBI de cada una de las viviendas hasta que las vende, pues el ayuntamiento tiene que seguir facturando. El comprador debe pagar en el momento de la operación el 10% de IVA, que se queda el Gobierno central, y a la hora de formalizar la hipoteca hay que volver a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, que a partir de ahora lo deben satisfacer los bancos, que aunque no son angelitos, tampoco son los causantes de todos los males. O al menos de estos males. Pues eso, obviamente, también encarecerá el producto. ¿De verdad que hay que pagar un impuesto por firmar una hipoteca? Es que no basta con la fe pública del notario, al que lógicamente también se le ha pagado IVA, que va a parar al Tesoro Público. Pero no queda ahí la cosa, porque la promotora debe abonar igualmente al municipio la plusvalía correspondiente por la diferencia de valor que hay en el periodo comprendido desde que compró el terreno hasta la venta de los pisos. Amén del impuesto de sociedades que debe satisfacer por el negocio realizado. Y eso, obviamente, encarece el producto. ¿Y quién es el que compra el producto al final? ¿Sobre quién recaerá a la postre todos los impuestos que se han ido pagando hasta la firma de la hipoteca? Pues en el consumidor. Al final se la dan todas juntas. Los auténticos sujetos pasivos. Ya diga Sánchez, el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde de turno lo que diga. Visto el itinerario tributario, habría que hacer cuentas para determinar en cuánto se encarece el precio de la vivienda por culpa de los impuestos. Impuestos que van a las arcas de todas las administraciones. Ya está bien de apretar a la gente. Con este famoso impuesto, el de actos jurídicos documentados, sólo hay una salida. Eliminarlo y por la vía rápida. Esta es la verdad, y nada más que la verdad, de los impuestos a las viviendas.

11.11.2018. Diario Sur de Málaga

REFORMA HIPOTECARIA

Los partidos están obligados a realizar un esfuerzo de consenso para encauzar sus diferencias en una cuestión tan sensible

La voz autorizada de Joaquín L. Ramírez sobre el futuro del gobierno en Andalucía

 

En el catálogo de los vencedores morales de nuestra democracia ya no se cabe, son tantos que cuesta hacerles un hueco en la impresora, aunque internet lo aguanta todo.

 09.12.2018. Diario Sur. Por ahora

 LOS ÚLTIMOS UNICORNIOS.—

A la marcha de Angela Merkel como presidenta de la CDU alemana, sus compañeros han elegido como sucesora a Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Esta prometedora política, tras su brillante triunfo, ha prometido un liderazgo integrador de todas las familias cristiano-demócratas y una línea igualmente europeísta, tal como su antecesora. En su discurso AKK ha comparado su partido como el último unicornio en Europa, al considerar que es el que continua teniendo mayorías sólidas de gobierno.

El último unicornio nunca es único, ni siquiera el último. De hecho, así se ha sentido Susana Díaz hasta hace muy poco, así también Merkel o la propia AKK a su llegada, como su partido en relación al resto de Europa. No se sabe si los últimos unicornios son una especie que se extingue o sólo es que siempre son y han sido muy pocos.

Tras las inevitables sorpresas de la noche electoral de las pasadas elecciones andaluzas, tampoco decepcionan sus consecuencias. Vencido el PSOE andaluz, o pírrico ganador formal, aún queda Pedro Sánchez como paradójico “vencedor”. El líder socialista que obtuvo los dos peores resultados de la historia del PSOE –uno tras otro- se mantiene en pie dubitativamente. Ahora no presento presupuestos, ahora sí lo haré, retiro techo de gasto, lo vuelvo a aprobar… Envío a Ábalos a liquidar a Díaz y al día siguiente lo hago desdecirse… Hay que reconocer que la labor de Sánchez es como un gran experimento, dentro y fuera de su partido, un experimento complejo y lleno de matices y temblores ideológicos. También lo son sus medidas o anuncios, que serán o incluso se desmentirán a poco. No es fácil seguirlo.

La irrupción de Vox con esos doce diputados venidos de la nada anterior, hace pensar a según quien que se trata también de un último unicornio derechista al que han rescatado los electores en el pitido final. Unos les extienden cordones sanitarios y otros los celebran, ambas corrientes les reconocen en su indiscutida singularidad. En tanto, Ciudadanos –con una impresionante y meritoria subida en votos y escaños que le sitúa en tercer lugar- rescata para sí el tratamiento y la consideración más privilegiada en base a argumentos rebuscados y algo sorprendentes de celebrado hallazgo. Rivera también cree que él mismo, quizá Juan Marín o la formación política de ambos, es o son unicornios de los que no hay. De este modo, con gran imaginación y una ensayada convicción, los naranjas piden para sí la presidencia de la junta andaluza. En el catálogo de los vencedores morales de nuestra democracia ya no se cabe, son tantos y tantos en cada cita electoral que cuesta hacerles un hueco en la impresora, aunque internet lo aguanta todo.

Queda, siempre queda para resolver enigmas o las incógnitas de la ecuación. El pacto por Andalucía pasa por esos que –como siempre- ya anuncian con seguridad que todo está cerrado y más que cerrado, y también por aquellos otros que aún lo ven como una ardua tarea de final desconocido. Puede hacerse un bloque en la negociación referente a la mesa del Parlamento y a la presidencia y composición del Gobierno o llevarse a cabo por separado. La mesa es más urgente, por cuanto para poderse votar la investidura de la presidencia ésta deberá estar elegida y proclamada. El desesperado canto de sirena para que Díaz presida una vez más es ciertamente débil, a pesar de que ya también se tararea desde el propio Consejo de Ministros. La presidencia de la cámara habrá de encargar la tarea de presidir a un candidato o candidata, independientemente del resultado de la votación posterior. Si PP y C´s acuerdan la persona que presidirá el Parlamento así como el resto de la composición de la mesa del mismo, es de suponer que el encargo lo será a quien ambas fuerzas hayan decidido juntas. Vox no podrá mantenerse al margen ni así ser ubicado, su concurso será a título de socio parlamentario o incluso hipotéticamente integrando el gobierno, está por ver. Y es que otros escenarios, esos que Ciudadanos intenta rescatar, como apoyos activos del PSOE o hasta pasivos de Adelante Andalucía –Podemos-, parecen traídos con alfileres remotos y algo improbables.

Dicen que en las apuestas un gobierno de Marín se paga casi tan caro como uno de Díaz –empate técnico- y uno de Juanma Moreno del PP en coalición con C´s, con el voto favorable de Vox, -una nueva mayoría- se da por muy seguro. Y más, dicen, de los últimos unicornios, que hay muchos pero que Pedro Sánchez no es uno de ellos.

La credibilidad de la instituciones de España en entredicho

NOTA DE LA REDACCIÓN: No vamos a entrar en esta web que pretende ser neutral políticamente y solo pendiente del área mediterránea, en consonancia con los objetivos fijados en el Acuerdo Marco de Colaboración firmado el 19 de octubre de 2011 en Málaga.

No obstante entendemos que la credibilidad de nuestras instituciones se encuentra en entredicho, presentando una vulnerabilidad ante el mundo y sus líderes realmente grave e importante.

Si es verdad la corrupción en los expedientes académicos es malo para nuestro país, pero igual de malo es que estos expedientes se empleen como armas políticas de carácter arrojadizo. Ambas circunstancias ponen en mal lugar la honorabilidad de la clase política, siendo conscientes que la inmensa mayoría de administradores y parlamentarios han obtenido sus títulos profesionales dentro de la legalidad vigente:

Tesis doctoral de Pedro Sanchez

DIARIO ABC 14.09.2018

Amplio eco en la prensa internacional de la exclusiva de ABC sobre el plagio de la tesis de Pedro Sánchez

14.09.2018. ABC. Los medios resaltan que el presidente del Gobierno haya amenazado a ABC con emprender acciones legales si no se retracta

INFOBAE. 14.09.2018

Acusan a Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, de plagiar a varios autores en su tesis de doctorado.

14.09.2018 Infobae. Leer ,ás

El Periódico Digital. 14.09. 2018

14.09.2018. No es el tema pricnipal, por supuesto, pero el plagio de Pedro Sánchez recorre el mundo. «El primer ministro español niega el plagio y el escándalo de la tesis se acentúa», así titula el portal estadounidense Bloomberg. Por su parte, el diario británico ‘Financial Times’ titula: «El primer ministro español amenaza con demandar a los medios que le acusan de plagio». El francés ‘Le Figaro’ reseña que Sánchez niega el plagio de sus tesis y que se ha molestado después de las acusaciones sobre sus estudios académicos.

AFP. 13.09.2018

13.09.2018. AFP. Pedro Sánchez contrataca ante las acusaciones de plagio en su tesis doctoral

LA RAZÓN. 14.09.2018.

14.09.2018. La Razón. La UCJC confirma la «normalidad» de la tesis de Pedro Sánchez tras revisar el proceso Confirma «la normalidad del proceso, de acuerdo a la normativa vigente y a los protocolos de verificación y control habituales en el ámbito universitario»

EL PERIÓDICO. 14.09.2018.

El Gobierno exige a PP y Cs que pidan perdón a Pedro Sánchez

14.09.2018. El Periódico. La Camilo José Cela confirma que la evaluación de la tesis de Sánchez se ajustó a la normativa La institución revisa el proceso de evaluación del trabajo antes de destacar “la normalidad del proceso”

EUROPA PRESS. 13.09.2018

EP. 13.09.2018. La tesis de Pedro Sánchez tiene 342 páginas y 424 citas a una bibliografía con más de 150 referencias

EL CONFIDENCIAL. 13.09.2018

13.09.2018. El Confidencial. La directora de la tesis de Pedro Sánchez: “No hubo trato de favor. Le dedicó tiempo” El ministro de Exteriores, Josep Borrell, denuncia que las informaciones referidas a la tesis son “un ataque directo contra el presidente del Gobierno”, que “hace muy bien en defenderse”

EL MUNDO. 14.09.2018.

14.09.2018. El Mundo. Catedráticos de Economía: la tesis de Sánchez “no tiene calidad” y “ninguna revista de prestigio la publicaría”

PÚBLICO. 14.09.2018

Público. 14.09.2018. La tesis doctoral de Sánchez supera dos controles para detectar plagios, según La Moncloa El Gobierno ha hecho público los resultados de ese trabajo en Turnitin y PlagScan, dos de los “software” que asegura que son de los más reconocidos para detectar la posibilidad de plagio de un texto.

LA VANGUARDIA. 14.09.2018

LV. 14.09.2018.La tesis de Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera, en directo. La portavoz del Gobierno ha dicho también que el presidente Pedro Sánchez está “fuerte” y “firme” y que tiene la “profunda convicción” de que las dudas sobre su tesis doctoral “ha sido un caso para montar ruido” y “abatir” al Ejecutivo

EL PAÍS. 14.09. 2018

14.09.2018. El País. “Nunca he visto una tesis con plagio” Catedráticos y profesores defienden la seriedad de los tribunales de doctorado en la Universidad española

EL INDEPENDIENTE. 14.09.2018

14.09.2018. El Independiente. Victoria Prego. Pedro Sánchez, no “hundido” pero sí “tocado”

Puede que sea demasiado tarde para Pedro Sánchez en lo que se refiere a su famosa tesis guardada hasta hoy como si hubiera sido el Santo Grial. Puede ser demasiado tarde porque a estas altura ya han sido examinados no sólo todos y cada uno de los párrafos de su texto doctoral sino que se ha puesto el foco en otros aspectos que ofrecen serias dudas sobre la ortodoxia y el rigor académico exigibles en ese nivel de excelencia científica que corresponde a un doctorando.

De manera que nos encontramos con la acusación gravísima formulada por el diario ABC, según el cual el presidente del Gobierno plagió párrafos enteros de trabajos ya publicados por otros autores sin que Sánchez hubiera anotado su procedencia. Eso es, ha sido siempre, un plagio. Y, como dice en El Mundo el profesor de la Universidad Carlos III Javier Redondo, “el plagio es pringoso e indecente y constituye un atropello a la propiedad intelectual: una estafa”. Por eso, los argumentos exculpatorios de Pedro Sánchez que se están empezando a manejar  para librarle de esa acusación según los cuales hay un porcentaje máximo de plagios pequeños, o “plagitos”, por debajo del cual la irregularidad, o la estafa, es tolerable, no hace más que ensuciar la imagen ética y el prestigio académico del presidente.  Porque incluso lo que se conoce como “autoplagio”, que también parece haber practicado el señor Sánchez es una práctica que la Universidad penaliza.  O penalizaba porque, a lo que se ve, los niveles de exigencia en lo que se refiere a la excelencia académica se han relajado en España de manera grave y muy alarmante.

La Universidad Camilo José Cela ha emitido un comunicado según el cual todo el proceso de doctorado del señor Sánchez entró dentro de la normalidad. Pero ahora existen programas digitales que en 2012 eran prácticamente desconocidos en España y que permiten detectar en cuestión de minutos la similitud entre dos textos. Así fue como Melania Trump quedó sometida a la vergüenza por haber copiado sin rubor alguno partes de un discurso de Michelle Obama. Es lo que ha hecho ABC y el motivo por el que el presidente amenaza con emprender acciones legales contra este diario y contra OKDIARIO, que también ha denunciado el presunto fraude.

Independientemente de la equivocación que supone que todo un presidente de Gobierno se enfrente en los tribunales con dos medios de comunicación de su país, porque esos medios van a rebuscar en todos los pliegues del caso para apuntalar su denuncia, no es buena cosa ese tipo de choque contra quienes van a seguir cumpliendo su tarea de informar a sus lectores sobre la actuación de todo el Gobierno, presidente incluido. Debería el señor Sánchez modificar el rumbo de choque y optar por defender su causa con argumentos y demostraciones antes que con este tipo de amenazas que en nada le van a favorecer, ni ahora ni en el futuro.

Por lo demás, casi todo en torno a ese asunto es, como poco, sorprendente. Es muy, pero que muy llamativo, hasta al punto de resultar inverosímil, que el señor Sánchez haya terminado su tesis ¡en menos de dos años! Esto es lo nunca visto porque lo habitual es que un trabajo de investigación científica digno de tal nombre y que haga aportaciones que permitan acceder al grado de doctor, y mucho más si es con la calificación máxima de Cum Laude, dure una media de seis años, cuatro incluso tres a todo tirar y para mentes privilegiadas  dedicadas en exclusiva a la tarea.

Pero es que Sánchez defendió su tesis ante el tribunal en noviembre de 2012 y en septiembre de 2011, tan sólo un año y dos meses antes, el doctorando tuiteaba el siguiente mensaje:  “Tengo que escribir unas notas sobre diplomacia económica, ¿alguien puede aconsejarme literatura económica para leer? Gracias”.

Hombre, hombre, a esas alturas la literatura económica sobre el tema de su investigación debería estar sobre su mesa de trabajo ya leída, subrayada, vuelta a leer y hechas las reflexiones correspondientes. En septiembre de 2011 el señor Sánchez tenía que haber estado ya con su exposición estructurada, el texto escrito y empezando a introducir las modificaciones que fueran aconsejables. No ha lugar a que ¡a esas alturas! pida por twitter un poco de literatura económica “para leer”.

La conclusión después de leer estos datos, cuya fuente es él mismo, es que la tesis del presidente del Gobierno fue necesariamente el resultado de una chapuza. Y, a partir de esa conclusión, la verdad es que cabe todo. Y entonces sí tiene sentido que se haya estado resistiendo durante años a que ningún mortal pudiera hacerse con una copia digital de ese texto.  Esa resistencia cobra ahora un sentido de ocultación que la explica mejor que nada.

Porque, además de las consecuencias sobre el prestigio académico del presidente del Gobierno que este episodio le pueda acarrear, parece urgente, habida cuenta de los casos con que nos estamos encontrando -y los que nos podemos encontrar en el futuro-, parece urgente digo, examinar el estado de nuestras universidades y recuperar unos niveles de calidad y de rigor que parecen haberse perdido en demasiados casos. Una tesis doctoral es algo muchísimo más serio que un trabajo para una asignatura de un máster y que un Trabajo de Fin de Máster lo que se llama un TFM. Pero eso no quiere decir que también en esos segundos o terceros niveles académicos haya que exigir la recuperación de un grado de exigencia científica y académica que recuperen para la Universidad española parte del prestigio que ahora ya no tiene.

Y aquí entramos en la composición del tribunal que examinó al doctorando Sánchez Pérez- Castejón y le otorgó la distinción de Cum Laude y de cuya composición da cuenta en estas mismas páginas Antonio Salvador. No es ése de ninguna manera el nivel de excelencias que le es exigible a un tribunal de tesis doctoral, lo que demuestra hasta qué punto se ha abaratado en nuestro país la vida académica universitaria. De eso no se puede responsabilizar plenamente al señor Sánchez pero no es exagerado decir que aquél no fue un tribunal que hubiera sido admitido en cualquier universidad de prestigio del mundo. No señor, ese tribunal en su conjunto no tiene un pase por más que cada uno de sus componentes sean personas dignísimas. Pero en aquel 2012 la suma de las características y el nivel académico y los años de experiencia de los examinadores, casi todos noveles, no alcanza ni de lejos el mínimo exigible en una universidad.

En el mejor de los casos estamos, pues, ante una chapuza y quizá ante una irregularidad grave, algo que va a aclararse en los próximos días. En cualquier caso, políticamente esto no hace más que dañar al presidente del Gobierno. Le va a ser imposible, con los datos que ya conocemos en torno al caso “tesis doctoral de Sánchez” volver hacer el menor reproche o exigir de manera convicente la menor explicación a sus contrincantes políticos porque se le recordará de manera inexorable  el nivel de exigencia que él mismo aplicaba cuando estaba en lo oposición y recordaba, retador, que “por un plagio los políticos en Europa presentan su dimisión”.

Eso es lo que le va a ser aplicado a partir de ahora. Y con más dureza aún si persiste en llevar a estos dos medios de comunicación ante los tribunales. Y no digamos en qué se convertiría su futuro si los jueces dieran la razón a los periodistas. Ésa sería su muerte política. Piénselo bien señor presidente y no lo estropee más. Porque de ésta ya es seguro que no va a salir usted bien parado.

Alerta, políticos: así funcionan las herramientas de detección de plagios en las universidades