Análisis de la brecha salarial de género en España, identificando las causas para encontrar soluciones

 

Resumen Ejecutivo

Durante las dos últimas décadas en España se ha avanzado de forma positiva en materia de igualdad de género en el mercado laboral, aumentando la tasa de participación de la mujer y reduciendo las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres, aunque, al igual que en el resto de países europeos, aún queda trabajo por hacer para fomentar la igualdad real entre ambos colectivos en la sociedad, en general, y en el mercado laboral, en particular. Las brechas salariales de género miden las diferencias entre las remuneraciones salariales percibidas por hombres y mujeres. Existen distintos indicadores para medir la cuantía de estas brechas salariales, los cuales se engloban, en función de los factores considerados, en una de las dos siguientes categorías, brechas salariales sin ajustar y brechas salariales ajustadas. Si analizamos las brechas salariales sin ajustar, se observa como las diferencias salariales por hora entre ambos colectivos en España se elevan hasta un 14%, lo que nos sitúa por debajo de la media de la UE y de algunos países como Alemania, Reino Unido o Francia. A diferencia de las anteriores, las brechas salariales ajustadas permiten aislar el efecto en los salarios de las diferencias existentes entre hombres y mujeres, tanto en sus características socioeconómicas (edad, antigüedad, nivel de educación o elecciones académicas y profesionales), como en los puestos de trabajo que ocupan (jornada laboral, sectores en los que trabajan o tipo de ocupación, entre otros). De esta forma, las brechas salariales ajustadas suponen un indicador más fiable para medir si hombres y mujeres perciben el “mismo sueldo por el mismo trabajo”. En este trabajo se ha estimado la brecha salarial ajustada en España mediante el desarrollo de un modelo econométrico que permite estimar las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres una vez que se aíslan las diferencias existentes entre ambos colectivos por razones socioeconómicas y del puesto de trabajo. Los resultados alcanzados muestran que la brecha salarial ajustada en España ascendería a un 12,2% con los últimos datos disponibles, lo que quiere decir que las mujeres cobran de media un 12,2% menos que los hombres. Aunque sigue siendo una magnitud considerable que debe ser reducida lo antes posible, la evolución durante las dos últimas décadas es positiva. Desde el año 2002, la brecha salarial ajustada se ha reducido en casi un 30%, hasta situarse en el 12,2% según los últimos datos disponibles. Si desglosamos esta cifra según los distintos componentes de los salarios, se observa que una parte importante de dicha brecha se debe a las diferencias existentes en algunas compensaciones adicionales al salario base (horas y pagas extra, nocturnidad, turnicidad, etc.), más presentes en tipologías de trabajos y sectores con mayor presencia masculina, y que no son discriminatorias en sí mismas. Existen distintos factores que pueden ser responsables de estas diferencias salariales, entre los que que se encuentra: • La desigual distribución de las responsabilidades familiares (cuidado de niños y personas dependientes) y domésticas (trabajo no remunerado) entre hombres y mujeres. • Otros factores entre los que se incluyen las diferencias en los rasgos psicológicos y habilidades no cognitivas de hombres y mujeres (diferencias en la propensión a asumir riesgos y a negociar) que pueden acabar afectando a los salarios de unos y otros. De forma adicional, de las estimaciones realizadas se extraen otra serie de resultados que permiten profundizar en los factores subyacentes a las diferencias salariales estimadas: • Si comparamos hombres y mujeres que sólo se diferencian entre si en la edad, se observa que, por una parte, las brechas salariales entre ellos son mayores cuanto mayor es su edad (4,9% menos de 30 años y 14,9% con más de 59 años) y, por otra, que desde 2002 la brecha se ha reducido en todos los grupos de edad, aunque mucho más en los menores de 30 años (-61%). El hecho de que entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral exista cada vez una menor brecha, unido a que las mayores brechas se encuentren en las generaciones que poco a poco abandonarán el mercado laboral, resulta un buen indicio de que la brecha podría seguir reduciéndose durante los próximos años. • Al igual que en el caso anterior, las brechas salariales entre hombres y mujeres que sólo se diferencian en los años de antigüedad, son mayores conforme aumenta su nivel de antigüedad. • La brecha salarial varía de forma muy significativa entre sectores de actividad, con diferencias que van desde un 5 hasta un 19% entre hombres y mujeres que sólo se diferencian en el sector en el que trabajan. De manera general, las mayores brechas se encuentran en aquellos sectores con mayor proporción de hombres. • De la misma forma que ocurre con los sectores de actividad, la brecha salarial es mayor en aquellas ocupaciones que cuentan con una mayor proporción de hombres, como los operadores de maquinaria o los trabajadores cualificados en manufacturas y construcción. • La brecha salarial es más elevada cuanto mayor es el nivel de los salarios. La brecha salarial de los trabajadores que se sitúan en el percentil 5 de salarios (5% de trabajadores que menos cobran) es de 9,1%, mientras que la de los situados en el percentil 95 (5% de trabajadores con mayores salarios) es de un 16,6%. Estos resultados, unidos al hecho de que el porcentaje de mujeres es inferior en los percentiles superiores de salario, suponen un claro indicio de la existencia en España del conocido como “techo de cristal”, barreras invisibles que impiden o dificultan el acceso de las mujeres a los puestos más relevantes de las organizaciones, que podrían reducirse promoviendo el desarrollo profesional de las mujeres y la corresponsabilidad.

Durante los últimos años se ha avanzado a nivel internacional en la implementación de medidas destinadas a reducir las brechas de género y en especial las brechas salariales, aunque aún resulta pronto para evaluar la efectividad de las mismas. Estas medidas se enmarcan en algunas de las siguientes cuatro grandes categorías: Igualdad retributiva, Conciliación de vida familiar y laboral, Igualdad de oportunidades y Educación y Cultura. En línea con estas cuatro categorías de medidas, a continuación se detallan las principales líneas de actuación que, desde nuestro punto de vista, deberían dirigir los esfuerzos por reducir la brecha salarial en nuestro país:

  1. Igualdad retributiva Incentivar la medición de las brechas salariales, tanto a nivel privado como público:
  • Fomentar la medición de las brechas salariales, avanzar hacia una progresiva mayor transparencia salarial de las empresas, y promover la elaboración y publicación de estadísticas oficiales sobre la brecha salarial por parte de la Administración Pública.
  1. Conciliación vida familiar y laboral Fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las responsabilidades familiares.
  • Contribuir a eliminar la idea extendida de que la conciliación familiar y laboral corresponde únicamente a las mujeres, tendiendo a un verdadero sistema de corresponsabilidad. Para ello, la Administración Pública y la negociación colectiva juegan un papel clave mediante el uso de los mecanismos que tienen a su alcance, como un aumento y mejora de los sistemas de apoyo y ayuda a las familias.
  1. Igualdad de oportunidades Incrementar participación de la mujer en los órganos de decisión.
  • Incrementar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas e instituciones, avanzar hacia una presencia equilibrada de mujeres en los órganos y procesos de negociación colectiva y promover el emprendimiento femenino.
  1. Educación y cultura Concienciar y sensibilizar a toda la sociedad en materia de igualdad.
  • Establecer los mecanismos necesarios para incrementar la concienciación y sensibilización de la sociedad, poniendo un especial énfasis en los aspectos relacionados con la educación y formación y con el rol de los medios de comunicación en la búsqueda de la igualdad de género.

Informe elaborado por CEOE y presentado a los medios el pasado 8 de marzo

 

Panorama geopolítico de los conflictos 2018.

Marco Porcio Catón, el Viejo, reunió a lo largo de su dilatada vida de servicio a Roma sobrados méritos para pasar a la historia, si bien no necesariamente en un lugar relevante. Como militar participó en diversas campañas, la más
significativa de las cuales fue la Segunda Guerra Púnica. Y no lo debió hacer nada mal pues fue nombrado a continuación procónsul de la Hispania Citerior. En el campo de las letras destacó como uno de los primeros tratadistas latinos con su obra De Re rustica. Culminó su cursus honorum como censor y desde esta responsabilidad encabezó una agria disputa con Publio Cornelio Escipión, hasta conseguir el extrañamiento del africano de la capital romana. Pero lo que hizo de Catón una figura ampliamente citada a través de los tiempos fue una frase, repetida una y otra vez, con la que solía finalizar sus intervenciones públicas, fuera cual fuera la materia de debate: “¡Cartago debe ser destruida!”.

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Cuaderno de Estrategia 199. Gobernanza futura: hiperglobalización, mundo multipolar y Estados menguantes

Se dice que fue Leonardo da Vinci quien contestó, cuando le insistían en que vivían una época de cambios (el Renacimiento), lo siguiente: «No, no vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época».
Probablemente, en la actualidad sucede algo parecido y quizás de mayor intensidad. Por ello se antoja necesario, yo diría que imprescindible, una reflexión sobre el futuro, tan inmediato que ya está entre nosotros. El CESEDEN
y, dentro de él, el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), siempre atento a las cambiantes circunstancias buscaron un patrocinador que han encontrado en Ibercaja (cuya generosidad es de agradecer), pidieron a un
grupo de expertos la elaboración del presente volumen; y a mí en concreto su coordinación y el prólogo.

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El Vicepresidente del Foro visita la unidad de diálisis infantil del Materno

Sobran las palabras. El vicepresidente del Foro, miembro de Trovadores sin fronteras, visita periódicamente la Unidad de Diálisis, donde existe un personal sanitario muy comprometido. Allí no hay tristeza, aunque los niños permanecen conectados a la máquina que limpia su sangre, tres días a la semana. Rafael Vidal entiende el problema porque tuvo una nieta en las mismas circunstancias.

Las camisetas del Real Club Mediterráneo se las pusieron inmediatamente y el coordinador de deportes del Club, acertó plenamente con las tallas. Los comic,s fueron abiertos y la profesora que permanece con ellos, les fue explicando, mientras leían las historias de Blas de Lezo, Cervantes o los primeros españoles que llegaron a Filipinas.

Un día inolvidable para todos, y los niños en la despedida decían ¡Vuelve pronto!

 

Lucha contra la desinformación

El problema de las falsas noticias no puede ser resuelto mediante la limitación del debate público y la libertad de expresión. El remedio propuesto por un proyecto de ley sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa es peor que la enfermedad.

La difusión de noticias falsas mediante Internet causa daños extraordinarios, hasta hace poco insospechados. Abundan los ejemplos, pero el más notable es la elección estadounidense del 2016. Los servicios de inteligencia norteamericanos ya no tienen duda del esfuerzo desplegado para interferir en los comicios. Tan inquietante como la posible distorsión del resultado son los temas explotados para lograrla.

Las falsas noticias difundidas durante el proceso electoral avivaban los conflictos raciales, el temor a la inmigración y otras fuentes de odio y discordia. Cada grupo recibía informaciones atemorizantes y aptas para incitar el odio contra el otro. Las consecuencias son reales más allá del proceso electoral. Estados Unidos experimenta un resurgimiento del antisemitismo, la islamofobia y el rechazo al inmigrante. En varias ocasiones, los sentimientos innobles se han desbordado para producir manifestaciones violentas.

El problema de las falsas noticias no puede ser resuelto por medios capaces de limitar el debate político, la libertad de expresión y la de prensa

Las farsas de las redes sociales han llegado al extremo de negar hechos históricos, como la masacre de Sandy Hook, donde un demente mató a 20 niños de entre seis y siete años, además de seis adultos. Según las informaciones fraudulentas, todo fue un invento de la administración Obama para promover restricciones a la venta y portación de armas.

La crueldad de las mentiras y la credulidad de sus lectores convirtieron en blanco de amenazas a los padres que, en medio del sufrimiento, clamaron por reformas para impedir asesinatos masivos con uso de armas semiautomáticas. Las informaciones espurias los acusaban de fingir para hacerle el juego al gobierno.

Sobran los ejemplos, pero los dos citados muestran los efectos dañinos de las falsas noticias sobre el cuerpo político y, también, sobre los individuos. A nadie puede caber duda de la necesidad de reaccionar ante el fenómeno y combatirlo sin tregua. La mentira y sus consecuencias no distinguen entre naciones pequeñas y grandes, avanzadas o en desarrollo, ricas o pobres. Ningún país está a salvo, incluido el nuestro.

Sin embargo, el remedio no debe ser peor que la enfermedad, como sucede con un proyecto de ley sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa con intención de penalizar las falsas informaciones. La iniciativa propone la imposición de uno a cuatro años de prisión “a quien fabrique y difunda, a través de medios informáticos, una noticia falsa con el fin de afectar la decisión del electorado en un proceso de plebiscito, referéndum o elección nacional o extranjera.”

El peligro para la libertad de expresión salta a la vista. La línea entre verdad y mentira no siempre es clara y una pena de tanto calibre haría pensar dos veces antes de difundir una información que bien podría ser útil para el debate público. En el Reino Unido, el referéndum para decidir el abandono de la Unión Europea estuvo plagado de argumentos distanciados de la verdad, difundidos con más o menos mala fe para “afectar la decisión del electorado”.

Un caso notable fue el lema de Boris Johnson, destacado promotor del rompimiento, sobre el supuesto envío de 350 millones de libras semanales a Bruselas en lugar de invertirlas en el sistema de salud británico. La cifra fue desmentida a diestra y siniestra. El propio Johnson aceptó, después de la votación, su falta de correspondencia con la realidad. ¿Debió ser encarcelado? ¿Deben correr la misma suerte quienes difundieron la noticia, creyéndola de buena fe? ¿En qué consiste la “fabricación”? Si Johnson se hubiera limitado a plasmar la falsedad en su autobús de campaña, mil veces retratado en los medios de comunicación, no habría sido responsable de fabricarla y difundirla “a través de medios informáticos”, pero quienes la recogieran de buena fe en Internet sí habrían incurrido en la conducta punible descrita por el proyecto de ley, salvo que la palabra “fabricación” se refiera a la idea inicial surgida de la mente de Johnson.

En Costa Rica, Luis Guillermo Solís dijo en campaña que reduciría las tarifas eléctricas, se abstendría de promover impuestos en los primeros dos años de su mandato y negó la urgencia de la situación fiscal. Luego se dio cuenta de que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”. ¿Habría incurrido en la conducta punible descrita en el proyecto de ley cuando repitió esos ofrecimientos, manifiestamente divorciados de la verdad, por medios electrónicos y con el evidente propósito de afectar el resultado? ¿Y los partidarios que recogieron y difundieron esas afirmaciones?

El problema de las falsas noticias no puede ser resuelto por medios capaces de limitar el debate político, la libertad de expresión y la de prensa. Estados Unidos, uno de los países más afectados hasta la fecha, ha rehusado hacerlo. Hay muy buenos motivos. Desde la histórica sentencia del caso Sullivan, en 1964, quedó clara la imposibilidad de un debate democrático robusto si no tolera un grado de falsedad. Por eso, el Tribunal Constitucional Español sentenció: “De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”.

En la otra acera, por donde transitan los regímenes autoritarios, el 2018 cerró con 28 comunicadores presos, acusados de difundir noticias falsas, dice el Comité para la Protección de Periodistas. Países como Ruanda, Marruecos y China no han dejado pasar la oportunidad de silenciar críticas con el argumento de combatir la falsedad.

03.02.2019. La Nación (Costa Rica) Editorial