Los «males de Europa» en Política Exterior

El mundo no espera

La Unión Europea celebra elecciones en mayo. Se perfila una batalla existencial: proeuropeos versus antieuropeos. Los sondeos apuntan a que la extrema derecha podría lograr un quinto de los escaños del Parlamento Europeo. Una fuerza dispar unida por un enemigo común: el federalismo europeo, encarnado en una Merkel que ya aterriza y un Macron que no despega. La UE, ¿cuándo pasó de ser hoja de ruta a chivo expiatorio? Editorial

Europa del Este, imitación y repugnancia, Ivan Krastev y Stephen Holmes

Dos estrategias para la extrema derecha, Guillermo Fernández Vázquez

Francia ante el reto europeo, ¿’chevalier seul’?, Dídac Gutiérrez-Peris

Brexit sin acuerdo. ¿Está preparada la UE?, Guntram B. Wolff

¿Democracias capitalistas diversas en la UE?, Aidan Regan

Populismos identitarios y política exterior, Enrique Mora

Política de seguridad del Kremlin, Alberto Priego

América Latina tras el socialismo del siglo XXI, Manuel Alcántara

Los primeros pasos de Bolsonaro en Brasil, Esther Solano Gallego

Manual de autoayuda para independentistas, Jon B. Alterman

El futuro de los kurdos, Marc Saurina

Un feminismo para el 99%, Clara Serra y Alba Pez

Estado de emergencia en EEUU, Jaime de Ojeda

Cuarta dimensión de la política exterior española, Eugenio Bregolat

Ruanda: entre la prosperidad y la represión, Antoni Castel

LIBROS: ¿Sigue siendo útil el PIB?, Lídia Brun

Cataluña en el corazón

Quebequiana: España ante el espejo de Canadá

AUTOR: Juan Claudio de Ramón

Del Estado-nación “britanizante”, plantilla heredada del siglo XIX, a la vibrante nación multicultural y federación bilingüe de hoy. De la primera podía tener sentido separarse si uno era un quebequés de lengua francesa; de la segunda no apetece tanto

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CUATRO IDEAS SOBRE EL JUICIO DEL SIGLO

Artículo publicado el 14 de febrero de 2019 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly.

Inmaculada RAMOS TAPIA, Profesora Titular de Derecho Penal

Agustín RUIZ ROBLEDO, Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad de Granada

Seguramente muchas personas han dictado ya su particular sentencia en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contralos doce líderes independentistas catalanes.  Por si fuera útil para quien todavía no lo haya hecho, aquí van algunas reflexiones jurídicas partiendo de los hechos que el instructor considera probados.

La primera gran cuestión es dilucidar si los hechos que se les imputan pueden ser delito o estarían protegidos por la libertad de expresión, tal y como el año pasado defendieron Noam Chomsky y otros intelectuales extranjeros. La respuesta a este primer dilema es sencilla y basta con recordar una famosa cita del juez Holmes: gritar “fuego” sin motivo en un teatro no está protegido por la libertad de expresión; igualmente, la libertad de expresión no puede proteger que los titulares de poderes públicos catalanes griten “independencia”, en patente contradicción con el ordenamiento constitucional español. Una cosa es que una persona, en uso de su libertad ideológica, defienda la independencia de Cataluña y otra que esa misma persona utilice medios institucionales para lograr los fines de su ideología sin respetar el ordenamiento jurídico. Por eso, los imputados cometieron un acto ilegal.

La siguiente cuestión es determinar si además de ilegales, los hechos que se van a juzgar son delictivos. Puesto que no respetaron la Constitución, el primer delito que cabe imaginar es alguno de los incluidos dentro del título del Código Penal llamado “delitos contra la Constitución” y, entre ellos, el de rebelión que castiga a quienes se alzaren violenta y públicamente con la finalidad de declarar la independencia (art. 472 CP). El problema técnico de este delito consiste en estimar si hubo violencia (como considera el magistrado instructor y el fiscal) o no (como ahora considera el abogado del Estado y los defensores). Desde luego, no hubo violencia si se entiende por tal esgrimir armas, como sucede en las rebeliones militares, en cuyo caso estaríamos ante la modalidad agravada de rebelión del artículo 473.2. Pero sí que se puede considerar que hubo violencia ordinaria porque hubo un alzamiento violento en las movilizaciones tanto contra los registros en sedes de la Generalitat los días previos al referéndum como contra la orden de cerrar los colegios el día del referéndum. Los miembros del Govern no ejecutaron esos actos ni incitaron directamente a la violencia, pero promovieron las movilizaciones contra los registros y contra la ejecución de la orden de cerrar los colegios, a pesar de saber que ello conllevaría necesariamente episodios violentos. Por eso, es muy probable que actuaran con dolo, es decir, con previsión de que se darían situaciones violentas, al menos con lo que en los especialistas conocen como “dolo eventual”, es decir, previendo que eventualmente pudieran darse situaciones de violencia; lo que les convertiría en responsables del delito de promover la rebelión (art. 473.2 CP).

Si el Tribunal Supremo no apreciara ese dolo eventual en los acusados y no considerara que han cometido el delito de rebelión, entonces pasaría a analizar la imputación por sedición, delito contra el orden público que consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el ejercicio de sus funciones a la autoridad o funcionario público (art. 544 CP) y donde se castiga también a quien induce, sostiene o dirige la sedición (art. 545) . No hay duda de que los acusados, lejos de garantizar el orden público, alentaron que los ciudadanos se organizaran tumultuariamente para impedir que las fuerzas de seguridad del Estado hicieran cumplir dichas resoluciones. Por eso, se les podría imputar este delito de sedición.

Tanto si se admitiera que los acusados cometieron el delito de rebelión, como si se considera que cometieron sedición, incluso si se considerara que no cometieron ninguno de los dos, hay pocas dudas de que cometieron el delito de malversación de fondos pues los acusados destinaron cantidades económicas del Presupuesto de la Generalitat para actividades ilegales, unos 1’6 millones de euros en los cálculos del juez instructor; en concreto, el Govern aprobó el Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, y además acordó que los diferentes departamentos realizaran las acciones necesarias para su realización. Esto es tan evidente que el Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein consideró en julio de 2018 que Carles Puigdemont podía ser extraditado por ese delito de malversación.

Así las cosas, nos parece que el gravísimo ataque que protagonizaron los acusados contra la Constitución y el Estado de Derecho puede merecer una condena penal. En el juicio se determinará si es así y se concretará la responsabilidad individual de cada uno de ellos.

14.02.1019. La mirada de Argos. Blog de Agustín Ruiz Robledo

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Delito de rebelión y Estado de Derecho

DIEGO LÓPEZ GARRIDO Catedrático emérito de Derecho Constitucional

Ayer comenzó el proceso al ‘procés’. Técnicamente, se juzga a personas, aunque no pueda evitarse que éstas –y su entorno– consideren que los tribunales españoles van a juzgar a un movimiento político, al independentismo catalán. Este, probablemente, querrá hacer otro juicio paralelo al Estado español. No estamos ni ante una cosa ni la otra. Es un enjuiciamiento de conductas de individuos, los líderes del ‘procés’. Por eso, enfoco mi análisis desde la perspectiva estrictamente jurídica, que es la que debe prevalecer en el juicio.

Sin duda, es un proceso muy complejo, con muchos ángulos desde los que puede contemplarse. El que me parece más relevante es el referido al delito de que se acusa a los enjuiciados: el de rebelión. El juez instructor, la Fiscalía y la acusación popular coinciden en calificar así a las conductas que se desarrollaron en Cataluña en torno al 1 de octubre. A mi entender, no es correcta esa calificación, sin entrar en la comisión de otros hipotéticos delitos.

El delito de rebelión está previsto en el artículo 472 del Código Penal. Dice ese precepto: «son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El Código establece en artículos posteriores penas muy elevadas para tan grave delito.

El núcleo del delito de rebelión reside en dos elementos: 1- La finalidad del mismo, profundamente agresiva contra el sistema político (así se deduce de los siete apartados que tipifican los fines delictivos de la rebelión: Además de la declaración de independencia, derogar la Constitución, destituir a las altas instituciones del Estado, impedir elecciones o sustraer a cualquier clase de fuerza armada a la obediencia al Gobierno); y 2- El carácter violento del acto o actos rebeldes. Pues bien, pienso que si el primer elemento es dudoso que se diera ante la confusa declaración del Parlament, el segundo no se dio en absoluto. No se produjeron hechos que pudieran calificarse de alzamiento violento.

No puede considerarse alzamiento violento cualquier acción contra el orden público –prohibida en el Código Penal–. La rebelión debe tener una intensidad capaz de poner en riesgo la integridad territorial del Estado. La naturaleza insurreccional de ese delito se deduce de otros artículos. Por ejemplo, el 479, que obliga a la autoridad gubernativa a instar a «los sublevados» a disolverse y retirarse, y, en su caso, a usar la fuerza contra éstos, lo que se hará en caso de que los sublevados «rompan el fuego».

La ‘voluntas legislatoris’ al definir el delito de rebelión era, sin duda –así lo viví como redactor de esa figura delictiva en el Parlamento–, la de una acción de violencia física, muy grave, con riesgo de producir la segregación de parte del territorio español. De ahí la introducción del término «violenta» después de «se alzaren». El diccionario da como segunda acepción de la palabra alzamiento: «levantamiento o rebelión». No hubiera sido necesario añadir la palabra «violenta», pero, así se hizo, a través de una enmienda transaccional, para enfatizar aún más el carácter de violencia física de gran intensidad que tiene en el Código el delito de rebelión.

En el caso de una rebelión, de una insurrección, con ocupación de infraestructuras esenciales y otros actos, sería imprescindible oponer la fuerza del Estado para impedir sus objetivos delictivos. Sería posible declarar el estado de excepción o de sitio, que implica la intervención de las Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurrió pensar en ello, porque no existió la amenaza real de segregación al no darse la violencia necesaria para originar ese riesgo. Y si no hubo una rebelión insurreccional, quienes están procesados no pudieron liderar ninguna rebelión.

Espero que así lo vea el Supremo, que, como todos los jueces y tribunales españoles, es independiente, nos gusten o no sus resoluciones. Las y los procesados van a tener un juicio justo, y tendrán derecho, en su caso, a recursos ante el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos si entendiesen que se han vulnerado las garantías procesales del Estado de Derecho, del Rule of Law.

Tanto en el hipotético recurso ante el Constitucional, como, en su caso, ante el de Derechos Humanos, lo que únicamente puede dilucidarse es si las mencionadas garantías procesales se han respetado por el sistema judicial español. Las que se proclaman en el artículo 24 de la Constitución y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Constitucional podrá evaluar si ha existido una tutela judicial efectiva, si ha intervenido el juez ordinario predeterminado por la ley (uno de los asuntos mas controvertidos), si se ha garantizado una defensa real, un proceso con todas las garantías, la utilización de medios de pruebas pertinentes, la presunción de inocencia, etc… (art. 24 CE). También podrá evaluar si se ha respetado el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que protege el derecho a un proceso equitativo, ante un tribunal imparcial e independiente, con las garantías procesales propias de un Estado de Derecho.

Lo que no pueden hacer el Constitucional ni el de Derechos Humanos es entrar en el fondo de la tipificación penal. Si el fallo del Supremo condenara a las y los procesados, o a alguno, por haber cometido un determinado delito, ese fallo no sería revisable en cuanto a la tipificación de los hechos probados. O sea, que la calificación de las conductas imputadas con arreglo al Código Penal no se podrá modificar por el Constitucional ni por Estrasburgo. Porque no son tribunales ordinarios de apelación.

Por último, también ha de reiterarse que en el Estado español no hay ni pueden haber presos políticos, porque es un Estado constitucional de Derecho, que, por serlo, puede pertenecer a la Unión Europea, cuyo ordenamiento jurídico proclama como sus valores primordiales el Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Fundamentales.

13.02.3018. Diario Sur de Málaga. La Tribuna

DEFENSA ACUSADORA

Los juzgados del ‘procés’ harían mal en negar la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho

El Tribunal Supremo dio inicio ayer al juicio de mayor alcance celebrado en España porque en él se sientan en el banquillo responsables del Estado autonómico acusados de valerse de su poder para desgajar Cataluña del resto del territorio nacional, por lo que habrían incurrido en los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación. La sesión demostró que la defensa de los encausados va orientada a cuestionar el carácter garantista y democrático del juicio mediante el establecimiento de un nexo indisoluble entre las condiciones en que se ha desarrollado la instrucción del sumario y las graves imputaciones que pesan sobre ellos. El letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva llegó a señalar que se habían «restringido» todos los derechos fundamentales que contempla la Constitución. Parece evidente que tales alegaciones no iban dirigidas tanto a los siete miembros de la Sala como a los integrantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia a la que los procesados tendrían el propósito de acceder en caso de ser condenados por el Supremo y desestimados sus recursos por parte del Constitucional. Pero, aun formando parte de los derechos de los acusados adoptar la estrategia de defensa que estimen, han de tener en cuenta que todo reproche hacia el procedimiento seguido que comporte un juicio de intenciones contra la actuación del Supremo se excedería de lo legítimo. Además, la acumulación de desacuerdos y quejas respecto a la misma no debería rebasar la línea de lo jurídicamente sostenible hasta convertirse en un alegato político que niegue la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho. Porque por cuestionable que resulte, por ejemplo, la prisión provisional que afecta a nueve de los doce acusados, ésta ha sido acordada conforme a la ley. El abogado Andreu Van den Eynde se refirió al perjuicio que para la presunción de inocencia de los acusados suponían manifestaciones de responsables públicos en los que daban por sentada su condena. Una advertencia acertada puesto que es inadmisible que representantes institucionales se pronuncien de manera tan impropia antes de que dicte sentencia la Justicia. Pero si se ha generado un cierto estado de opinión escorado hacia la presunción de condena no son ajenas a ello las declaraciones de los propios acusados y de muchos de quienes dicen defender su inocencia. También cuando el independentismo ha exigido al Gobierno que procurase la absolución de los doce encausados. Un estado de opinión que será alimentado por cuantas señales den acusados y defensas de estar mirando, en realidad, al horizonte remoto de Estrasburgo.

12.02.2019. Editorial Vocento

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DEMOS78

Por si a alguien le interesa y aun no la ha escuchado. Creo que merece la pena la entrevista de hoy de Carlos Alsina a Torra, adjunto vídeo:

Video

Alsina es probablemente el periodista más fino de la radio española (en mi opinión) y, por ello, el más eficiente desmontando las falsedades independentistas. Los hay de florete, de sable y de hacha. Alsina es de florete. Es un entrevistador excelente, de técnica mayéutica,  que suele colocar a los entrevistados ante su propia realidad contradictoria. Con Torra lo borda.

 

La afirmación de Torra de que “la democracia está por encima de cualquier ley” es inadmisible y contradictoria puesto que si no puede haber ley legítima sin democracia (pongamos que eso es así), no puede haber acto político democrático sin respecto a la ley legítima (democrática). Al menos así lo creo (sería largo justificarlo).

De otro lado la democracia es también un sistema de formas y procedimientos o como dirían en ciencias naturales, de protocolos: no es posible jugar el partido estableciendo una de las partes el reglamento de juego, al tiempo que juega, ha de estar definido previamente por ambas partes, ha de ser inclusivo. Suponiendo un 50% de independentistas y otro tanto de no independentistas el “equipo” independentista no puede configurar el reglamento de juego derogando el existente (que sí se atiene al 100% de los “jugadores”). El equipo no independentista no lo está configurando cuando apela a la ley ya establecida democráticamente.  Esto es de Pero Grullo (la constitución española ha sido votada por todos y concretamente por amplísima mayoría de los catalanes).

Finalmente, se arroga  Torra la “representación” de Cataluña, lo que viene a equivaler en su discurso a la de todos los catalanes. Eso de que un gobierno represente a una nación (no me refiero a Cataluña) es una ficción, diríamos, necesaria para la operatividad, pero ficción. Es como cuando se dice que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, porque se parte de que todos “conocen” la ley. Es una ficción, imprescindible (hay casos en derecho penal de error del tipo o de la prohibición, de la ley, pero no es el caso) pero ficción al fin y al cabo porque es sabido que los españoles no dedican todos los días tres o cuatro horas a aprenderse de memoria el BOE y los BBOO autonómicos. Y aunque las dedicaran sería imposible que se los aprendieran y más imposible aún, si cabe, no fueran olvidándolos con el paso del tiempo. Una ficción, necesaria, pero ficción.  De igual modo, ningún gobierno, ninguno, representa en realidad a todos los ciudadanos, ni tutela todos los intereses.  Por eso son exigidas mayorías cualificadas para ciertos temas y por eso hay procedimiento gravosos para otros (por ejemplo las modificaciones constitucionales).

En realidad Torra representa al gobierno (partidario, como todos los gobiernos) de Cataluña, al ejecutivo, y en su caso concreto representa LITERALMENTE al interés del (pongamos) 50% (vamos a concederle un redondeo, porque a los fines del argumento da igual) de los catalanes. Ahí el fraude político de los independentistas, pues el ejecutivo tiene un mandato limitado por la ley (y por la lógica democrática) a temas de administración  y bajo el control parlamentario. Por tanto, Torra defrauda a la democracia (la usa con fines espurios y ajenos a la propia democracia) porque está excluyendo los legítimos intereses (más allá de la legalidad: intereses políticos puros y duros) del 50% de los ciudadanos catalanes y porque está abusando de su cargo (usándolo con fines no previstos legalmente dado que su función es administrar lo que hay). Por las dos cosas.  Esto es importante porque ha sido elegido para administrar (gobernar), no para cambiar España en su configuración territorial.

Ese arrogarse la representación de todos cuando ha sido elegido para administrar,  sabiendo que no representa a todos (al fin y al cabo es abogado con más precisión y sabe lo que hace), esa preponderancia del interés sectario (en su sentido de interés de una parte) sobre la ley democrática (inclusiva),  la contradicción señalada antes, la negación de la independencia judicial, unido a otros hechos como es –por ejemplo- la absoluta identificación que hace de pueblo y Generalidad (que no deja de ser una estructura estatal), el apoderamiento de los símbolos inclusivos con intención excluyente  y otros que sería prolijo enumerar y que actúan como síntomas de supremacismo, es lo que me hace considerar que hay un peligroso germen fascista en esa derecha catalana y que si consiguieran –finalmente- la independencia, los catalanes –en manos de éstos y de la extrema izquierda- las pasarían canutas.

Los ‘kurdos’ catalanes que amenazan a España desde el Kurdistán, identificados

Los servicios de inteligencia conocen quién es la pareja de independentistas que, armados con Kalashnikovs, anuncian en un vídeo que llevarán sus tácticas a Cataluña

01.02.2019. ECDConfidencial Digital

Se llaman a sí mismos “internacionalistas”, en referencia a las Brigadas Internacionales que llegaron a España para luchar en la Guerra Civil. Se trata de dos individuos, un hombre y una mujer, que aparecen en un vídeo tapados con un pañuelo que tan solo deja ver los ojos y lanzando amenazas contra nuestro país.

La estética está cuidada al detalle. Al fondo, un páramo semidesértico típico de la región del Kurdistán. En primer plano, los dos protagonistas, con uniforme militar de campaña y el patrón característico de las brigadas kurdas, chaleco porta-munición y fusilKalashnikov.

En perfecto catalán, la mujer comienza su discurso: “En nuestra tierra éramos parte de diferentes movimiento políticos”, que luchaban “en organizaciones de la clase trabajadora, en la lucha por viviendas dignas, por la igualdad de las mujeres, y también en la independencia de Cataluña”.

Todo el discurso va a intercalado de imágenes sobre algaradas y manifestaciones de colectivos independentistas y antifascistas en Cataluña, enfrentamientos con la policía, lanzamiento de objetos, contenedores quemados…

Aprender para cuando vuelvan a Cataluña

“Hemos venido aquí –continúa la proclama- a participar en la revolución de Rojava”, como se conoce al Kurdistán entre estos movimientos. Y en ese momento dejan caer la frase que más ha inquietado en los círculos de la inteligencia española: buscamos “adquirir un aprendizaje que el día de mañana revertiremos a Cataluña”.

“Nuestra lucha diaria contra el fascismo del estado español es hermana de la que ahora mismo disputa el pueblo kurdo contra el Estado Islámico y el estado de Turquía”, explican en el comunicado.

“Compañeros y compañeras, vosotros sabéis muy bien lo que es el fascismo, vosotros estáis viviendo a día de hoy las consecuencias del régimen del 39. Aún mandan los que nos pusieron en las cunetas, de los campos de refugiados en Francia, de los campos de fusilamiento, los campos de exterminio franquistas. No permitamos que esta revolución muera”, remata el hombre en el vídeo.

La inteligencia española les sigue la pista

La irrupción del mensaje, que fue colgado en la red YouTube el pasado 28 de enero por la plataforma ‘Solidarity Rojava’, no ha pillado por sorpresa a los servicios de inteligencia del Estado. Tal y como ha sabido ECD por fuentes bien situadas, a este grupo se le “seguía la pista” desde hace tiempo.

No son los primeros catalanes –ni españoles- que se unen a estos movimientos por la liberación del Kurdistán y acuden a la zona a luchar. El fenómeno se viene dando “desde hace décadas”, aunque a partir de 2014, con la irrupción del Estado Islámico, se intensificó.

Las fuerzas de seguridad del Estado tienen constancia de que, en estos momentos, hay “al menos una docena de españoles” en lucha activa en el Kurdistán. Todos comparten una ideología marxista-leninista.

Sin embargo, explican las voces consultadas, lo que ha llamado la atención en esta ocasión es el “mensaje de amenaza” que lanzan a España. Quieren traer la revolución a Cataluña y admiten que están en fase de aprendizaje para utilizar algún día, a su vuelta, su formación adquirida en el campo de batalla.

Una clara amenaza a España

En la inteligencia española entienden que se trata de una clara amenaza a España, por la que “deberán ser detenidos y procesados” en caso de que retornen a su país de origen en algún momento. Se une, además, al hecho de que hayan participado en un conflicto armado en el extranjero sin la autorización del Estado. Algo que pone en grave riesgo la neutralidad de España y los intereses nacionales.

En 2015 fueron detenidos en Madrid dos combatientes españoles que se unieron a las denominadas ‘Unidades de Protección Popular’, brazo armado del Comité Supremo Kurdo del Kurdistán sirio. Fueron puestos en libertad provisional acusados de integración en organización terrorista, ya que así figura en el listado oficial de la Unión Europea.

Estas imágenes han sido difundidas en círculos independentistas de los CDR y por Endavant, plataforma que forma parte de la CUP.

Alfonso Guerra defiende aplicar «indefinidamente» el 155 en Cataluña «hasta que vuelva a cumplirse la legalidad»

17.12.2018. Diario Sur. Alfonso Guerra: «Al secesionismo hay que combatirlo con la fuerza»

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido aplicar «indefinidamente» el artículo 155 en Cataluña «hasta que vuelva a cumplirse la legalidad», al tiempo que considera «un error gravísimo» poner un límite temporal, porque el límite «es cuando vuelva la legalidad y hay que hacerlo controlando el dinero, la educación y los medios de comunicación», insiste.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido aplicar «indefinidamente» el artículo 155 en Cataluña «hasta que vuelva a cumplirse la legalidad», al tiempo que considera «un error gravísimo» poner un límite temporal, porque el límite «es cuando vuelva la legalidad y hay que hacerlo controlando el dinero, la educación y los medios de comunicación», insiste.

Así se ha pronunciado Alfonso Guerra durante su participación en la mesa redonda ‘Una visión retrospectiva y una visión de futuro’, moderada por el periodista Miguel Ángel Aguilar, en el marco de las jornadas conmemorativas del 40 Aniversario de la Constitución Española, que se celebran este lunes y martes en la Casa de la Provinca en Sevilla.

En este sentido, Guerra ha afirmado que cuando «después del 98 viene la crisis de la monarquía, el fracaso de la república, una guerra larga y cruel y una dictadura larguísima, aparece aquí una generación que se pone de acuerdo en una Constitución que se hace por consenso, por una acuerdo general de todos».

«El consenso es el catálogo de renuncias que tienen que hacer todos los partidos para poder llegar a un acuerdo», subraya Guerra, que critica que algunos digan ahora que renunciar a aquellas cosas que hubo que renunciar «fue una traición, cuando en realidad es una hazaña de la que sentirse orgulloso».

Además, añade que «fue un ruptura con métodos reformistas». Pero, lamenta, «el ser humano tiene más pasión por adquirir lo que no tiene que por disfrutar lo que tiene, y eso ocurre también con la Constitución, en lugar de disfrutarla y desarrollarla, se ponen en contra».

«Pero claro –añade– esta Constitución fue aprobada por más del 92% de los diputados, más del 94% de los senadores y casi el 90% de todos los ciudadanos del país, y fue aprobada en todas las comunidades autónomas», y, añade, «por ejemplo en Cataluña fue aprobada por tres puntos más que la media de España». «La gente miente mucho, y si vas a los datos te das cuenta de que todo es una impostura y una falsificación», manifiesta.

Agrega que la Constitución española «fue recibida con una gran alegría» y asegura que «ahora hay zapadores de la Constitución que la quieren destrozar». «Hay 90 diputados en el Congreso que la quieren destruir, que son los nacionalistas y los de Unidos Podemos», asegura, e incide en que la Constitución «costó muchísimo».

Asimismo, ha afirmado que ahora se hacen muchas referencias a que estamos viviendo la experiencia de los años 30 y en cierta manera, añade, «es verdad», porque «las dos visiones que había de la democracia «se está viviendo en España». Así, asevera que «las democracias aclamativas son dictadura a las que se vota. Estamos en una democratura, que es una dictadura con votos, es decir, se vota pero es una dictadura.

Sobre Cataluña y el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre, Guerra ha apuntado que «no tiene muy claro que la política de hacer consejos aquí y allá tenga racionalidad, pero una vez tomada la decisión, lo que no es tolerable es que las autoridades que representan al Estado en el lugar donde va se coloquen enfrente; esta fuera de la Constitución y fuera del sentido común».

Y añade que «la gente se ha vuelto muy sensible y dice que el 155 es una amenaza cuando fue apoyado por unanimidad en la cámara y es un artículo como otro». «Llevo años diciendo que había que hacerlo ya», afirma contundente, y se pregunta «cómo va a ser inconstitucional aplicar el 155 indefinidamente hasta que vuelva a cumplirse la legalidad».

«No hay que poner dos meses como puso Mariano Rajoy, es un error gravísimo, porque el límite es cuando vuelva la legalidad», señala Guerra, que cuestionado sobre el PSOE catalán, Guerra ha afirmado que «hace mucho tiempo que el PSC mutó a una especie no identifica aún, porque no se sabe si tiene más porcentaje de socialistas o de nacionalistas».

«GOBERNAR ES ESTABLECER UN LISTADO DE PRIORIDADES»

Por último, el exvicepresidente del Gobierno ha subrayado que «el liderazgo no hay tienda donde comprarlo», y que «gobernar es decir sí y decir no, y establecer un listado de prioridades». «Hoy día no es así», y ha resaltado que en 2015 cuando se repitieron las elecciones «ser líder fue decir me voy a abstener», y que entonces el presidente de Asturias, Javier Fernández, «demostró ser un estadistas auténtico».

Por último, y sobre los medios de comunicación, Guerra ha criticado que «la información ha degenerado hacia un entretenimiento bufo y vulgar», aunque precisa que «confía en la capacidad de recepción de la gente».

17.12.2018. La Vanguardia, edición Sevilla

18.12.2018. La Nueva España

 

 

Las políticas interior y exterior de España (diciembre de 2018)

NOTA DE LA REDACCIÓN: En los últimos meses, la inmensa mayoría de los medios, articulistas, columnistas y expertos en diversos sectores de la política, se muestran sorprendidos de la actitud del Gobierno de la Nación, cuando precisamente al principio de su toma de posesión alababan la «aptitud» de cada uno de sus miembros para la tarea que tenía encomendada. Hoy todo se desmorona.

Extraemos algunos comentarios diversos:

16.12.2018. Diario Sur. Un okupa en la Moncloa. Carta del director, Manuel Castillo

16.12.2018. Vocento. Editorial. LOS LÍMITES DEL DIÁLOGO Sánchez se carga de razones antes de recurrir a soluciones extremas frente a la obstinación de Torra de mantener el pulso soberanista

16.12.2018. Diario Sur. Joaquín L. Ramírez. Chaque soir Artadi ha indicado con enchulada bipolaridad que «el Govern garantizará tanto la seguridad de la celebración del Consejo de Ministros, como que se puedan convocar protestas»

16.12.2018. Vox Populi. César Alcalá. Pedro Sánchez en un mundo paralelo

El Mundo. Recopilación de las ocurrencias de Pedro Sánchez