España: la historia de una frustración

En España: la historia de una frustración, Josep M. Colomer sostiene que las fuentes de la actual “frustración” nacional española se derivan de haber pretendido un imperio universal, que de hecho alcanzó a tener 14 millones de kilómetros cuadrados, 30 veces el tamaño de la península. El legado de este imperialismo prematuro, para el que España no estaba preparada, fueron el militarismo y el clericalismo.

NATO Update de 30 de noviembre de 2018

”New Russian missile undermines European security” – Op-ed by NATO Secretary General Jens Stoltenberg

Allies and partners share education and training expertise

Cyber Coalition helps prepare NATO for today’s threats

NATO Deputy Secretary General addresses Berlin Foreign Policy Forum

North Atlantic Council statement on developments near the Sea of Azov

Kuwait inaugurates diplomatic mission to NATO

NATO’s Science for Peace and Security Programme: sixty years old, still going strong

NATO policy makers discuss deterrence and nuclear policy

The Portuguese flight nurse Video

 

La Nueva Ruta de la Seda, el gran plan estratégico de China

 

La Nueva Ruta de la Seda, el gran plan estratégico de China

Para sus críticos, es un proyecto para dominar el mundo; para sus defensores, facilita el desarrollo de regiones olvidadas

LOS CAMINOS CONTEMPORÁNEOS

Fuente: MERICS (Instituto Mercator para estudios sobre China).

N.CATALÁN (EL PAÍS)

MACARENA VIDAL LIY

Pekín 01 12 18

30.11.2018. El País

Un puerto en Portugal, el de Sines. Una ruta de tren a Madrid. Un gasoducto en Kazajistán. Una urbanización en Malasia. Una exposición artística en Dunhuang, en el oeste de China. Todos son proyectos integrados en la Nueva Ruta de la Seda, la ambiciosa red china de infraestructuras repartida por los cinco continentes que puede costar hasta un billón de dólares. Un plan estratégico de ramificaciones geopolíticas y económicas, criticado por algunos como un instrumento para dominar el mundo y alabado por otros como un plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas. Y al que China asigna una importancia vital; tanta, que desde el año pasado la ha incluido en la Constitución del Partido Comunista.

En sus comienzos, cuando el presidente chino Xi Jinping presentó la idea en sendas cumbres en Astaná (Kazajistán) y Yakarta (Indonesia) l Paísen 2013, la propuesta se ceñía a los países vecinos, y su propósito era principalmente la construcción de infraestructuras. Pero ha ido expandiéndose geográfica y sectorialmente, a medida que ha ido creciendo la asertividad de China en el exterior. Actualmente, según Pekín, están adheridos más de cien países en todo el mundo. Y abarca casi cualquier área: tiene componentes comerciales, financieros, de seguridad y culturales.

El interés geográfico principal sigue siendo Asia. Pero “de acuerdo con las comunicaciones oficiales chinas, todos los países y continentes pueden incluirse, desde el Ártico a América Latina”, precisa Alice Ekman, investigadora sobre China del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). Y “ya no solo incluye carreteras, rutas ferroviarias, puertos, aeropuertos e infraestructuras de transporte. También incluye normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico… Básicamente, es una etiqueta que se puede pegar en todo un abanico de proyectos”.

Desestimada en sus comienzos por algunos como un plan imposible, la Nueva Ruta de la Seda, o “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (“yi dai yi lu” en mandarín, BRI por sus siglas en inglés) ha cambiado realidades sobre el terreno y va a continuar durante décadas. A través de uno de los proyectos estrella, el Corredor Económico China-Pakistán, tendrá acceso desde su oeste a través del puerto pakistaní de Gwadar al mar. En Yibuti, en el cuerno de África, ha establecido su primera base militar.

  LAS CONEXIONES EN EUROPA

Fuente: MERICS (Instituto Mercator para estudios sobre China). N. CATALÁN (EL PAÍS)

Para China, los beneficios del plan son claros: ampliar vías hacia el oeste le permite desarrollar sus regiones occidentales, más empobrecidas; estimula sus sectores industriales en momentos en los que su economía entra en una etapa de menor crecimiento; abre mercados para sus productos; facilita que otros países adopten sus estándares tecnológicos, por ejemplo en telefonía 5G; y, en general, expande su presencia e influencia internacional.

La guerra comercial con Estados Unidos

El plan ha adquirido una importancia estratégica aún mayor para Pekín ante su guerra comercial con Estados Unidos. Si continúan las tensiones, necesitará diversificar sus importaciones y exportaciones. “Pekín recurrirá a los canales construidos a lo largo de la Ruta, especialmente en los sectores agrícola y energético. En los márgenes, cierta producción adicional china puede trasladarse al sureste asiático”, apuntaba la consultora Eurasia Group esta semana en una nota.

Para los países beneficiarios, las ventajas son también obvias. Asia necesitará cerca de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros) en inversiones en infraestructuras hasta 2030 para mantener su crecimiento, según el Banco Asiático de Desarrollo. Y las inversiones de China llegan sin preguntas sobre derechos humanos o la naturaleza del gobierno en el poder.

PROYECTOS FINANCIADOS POR CHINA EN EL MUNDO

Fuente: NYT. A. ALONSO (EL PAÍS)

Hasta el momento, China asegura haber desembolsado 53.000 millones de euros; el Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS) calcula esa cifra en 22.000 millones en su base de datos sobre la iniciativa. Esos montos seguirán aumentando. El número de proyectos supera con holgura el millar, y aunque Pekín ha restringido el flujo de capitales al exterior ante su ralentización económica, las propuestas con la etiqueta BRI siguen encontrando una financiación generosa. Y algunos países, especialmente aquellos que encuentran acceso más difícil a los mercados internacionales, han aceptado con entusiasmo la chequera china.

Lo que ha generado críticas de algunos países. Por boca de su secretario de Estado, Mike Pompeo, y de su vicepresidente, Mike Pence, Estados Unidos -inmerso en su guerra comercial con la potencia asiática- ha acusado a Pekín de llevar a cabo una política exterior de “trampa de la deuda”.

Una deuda que -según los acusadores- puede utilizarse para evitar críticas sobre los derechos humanos en China o para conseguir decisiones favorables, por ejemplo en torno a nombramientos en puestos internacionales o sobre disputas territoriales, como la que mantiene en el mar del Sur de China. Pekín es el acreedor de más del 50% de la deuda de ocho países incluidos en la BRI: Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Pakistán, Tayikistán y Yibuti.

Varios países de Europa Occidental -incluida España- o Japón mantienen también sus reservas sobre la BRI, aunque se muestran dispuestos a colaborar en proyectos puntuales. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, suscribió el mes pasado un memorando de entendimiento para colaborar en terceros mercados, un documento similar al que ha suscrito España esta semana. Pero estos países insisten en que, aunque el plan cuenta con un enorme potencial, China tiene que mostrar una transparencia en los contratos y los créditos que ha sido esquiva hasta el momento.

“Hay que cumplir los estándares internacionales. Si se respetan, entonces hay potencial para la cooperación”, apuntaba el mes pasado un funcionario del Gobierno nipón durante la visita de Abe a Pekín.

En Bruselas y Tokio, en Berlín, París y Madrid se subraya la necesidad de demostrar que esos proyectos no perjudican al medioambiente, son viables, beneficiosos para sus destinatarios y el país receptor puede pagarlos.

Estas capitales han rechazado firmar, pese a las sugerencias chinas, memorandos de entendimiento generales de respaldo a la BRI. “Los términos de estos memorandos son a menudo muy generales, vagos en algunos casos, e incluyen expresiones oficiales chinas que Pekín quiere promover pero cuyo significado aún no está claro, como ‘comunidad de destino compartido’”, explica Ekman.

Sri Lanka, un caso emblemático

El caso de Sri Lanka es emblemático de estas críticas. Este país ha recibido créditos chinos por valor de unos 9.000 millones de euros, lo que le convierte en el tercer receptor de fondos de la BRI, solo por detrás de Pakistán y Rusia. Su fuerte endeudamiento -no solo con Pekín- le ha llevado a ceder a una empresa china el uso de su puerto de Hambantota y ha colocado en una situación de gran debilidad a su Gobierno.

El peso de la deuda y lo gigantesco de los proyectos ha llevado a echarse atrás, en algunos casos, a los países. El nuevo primer ministro malasio, Mahatir Mohamed, anunció poco después de su llegada al poder la suspensión de una línea de tren, la Línea de Ferrocarril de la Costa Este, y de una serie de gasoductos. Durante la campaña electoral que le llevó al poder este verano, y ante la abultada deuda de su país, el flamante jefe de Gobierno en Pakistán, Imran Khan, prometía revisar las cuentas del Corredor Económico, donde China ha prometido invertir cerca de 40.000 millones de euros.

En otros casos, las quejas vienen de la falta de resultados. La línea Madrid-Yiwu sigue sin arrojar beneficios en su trayecto de regreso a la ciudad costera china. En 2016, Filipinas desestimó el fallo a su favor de una corte internacional en su disputa territorial con Pekín en el mar del Sur de China y su entonces nuevo presidente, Rodrigo Duterte, anunció un giro hacia la gran potencia asiática; a cambio, recibió 14 memorandos con promesas de jugosas inversiones. Pero dos años más tarde, apenas se ha materializado ninguna.

China replica que sus proyectos generan empleo en los países y favorecen el desarrollo. Y que sus créditos no son los causantes de los problemas de deuda de los países en problemas. “China ha llegado más tarde. No es el principal país acreedor”, sostenía en septiembre Ning Jizhe, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, el principal órgano de política económica en Pekín.

Un cambio de marcha

Pero también ha aceptado que, sobre todo en los primeros años, cuando todos -empresas, provincias y Gobierno central- se lanzaron a toda prisa a poner en marcha la BRI- pudieron cometerse errores por desconocimiento o precipitación.

El propio Xi Jinping, en una serie de actos para conmemorar el quinto centenario de la iniciativa, ha instado a cambiar de marcha y no tanto firmar proyectos por firmar sino “priorizar las necesidades de los otros socios y poner en marcha proyectos que beneficien a los residentes locales”. La asociación con otros socios que aporten fiabilidad -Japón o países europeos como España- parece parte de ese cambio de estrategia.

Xi también ha rechazado otras acusaciones contra un plan que lleva su sello personal. La BRI no tiene, asegura, ni fines geoestratégicos ni militares, como han denunciado algunos críticos, ni tiene como objeto lograr la hegemonía de China. “No es un club de China”, subrayaba en agosto.

Y, si bien es cierto que una serie de proyectos han resultado problemáticos, la consultora RWR Advisory Group, en Washington, calcula esa proporción en solo un 14%, una cifra relativamente reducida dadas las dimensiones del plan.

Incluso en los casos en los que los Gobiernos receptores han protestado -Mahatir llegó a hablar de “nuevo colonialismo”-, más que una cancelación absoluta de los proyectos polémicos, se ha buscado una renegociación. En el caso malasio, la línea de tren a la que se ha puesto en pausa interesa a los dos países; los oleoductos, al parecer, solo están suspendidos mientras Kuala Lumpur resuelve sus “problemas fiscales internos”. El primer ministro ha insistido en la importancia de la inversión china para su país.

En el caso de Pakistán, que trata de renegociar su deuda, el primer ministro Khan acordó, en una visita a Pekín este mes, la creación de un grupo de trabajo sobre “desarrollo socioeconómico”. También suscribió un comunicado conjunto en el que los dos Gobiernos “rechazan la creciente propaganda negativa” contra el Corredor.

En otros países, el futuro de la ruta está aún sujeto a incertidumbres. Tailandia e Indonesia tienen previstas elecciones que pueden alterar la actitud de sus respectivos Gobiernos. En Filipinas, pende un interrogante sobre la salud de Duterte.

Aunque sobre la mesa no hay grandes alternativas para satisfacer las necesidades de infraestructura asiáticas. El BAD no puede competir contra las arcas chinas. El plan japonés de ayuda a las infraestructuras, lanzado en 2015 y dotado con casi 100.000 millones de euros para cinco años, es mucho más modesto, en alcance geográfico y en fondos, que el chino. Europa solo ha propuesto su propio programa muy recientemente, y para empezar en 2021. Estados Unidos ha anunciado este año unos meros 113 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en nuevas inversiones en la región Indo-Pacífico.

En cambio, China mantiene su fuerte apuesta por la BRI. Y al incluirla en la constitución del Partido Comunista, ha dejado claro que la iniciativa continuará durante décadas.

El año próximo celebrará su segunda Cumbre de la Ruta de la Seda. Si a la primera, en 2017, acudieron delegaciones de 110 países y 29 jefes de Estado o de Gobierno, Pekín no se conformará con menos. Será una cita clave para determinar la evolución de este proyecto, que comenzó como una mera propuesta de infraestructuras y ha evolucionado a un gigantesco plan estratégico.

LOS CAMINOS CONTEMPORÁNEOS

Fuente: MERICS (Instituto Mercator para estudios sobre China).

 

N.CATALÁN (EL PAÍS)

MACARENA VIDAL LIY

Pekín 01 12 18

 

Un puerto en Portugal, el de Sines. Una ruta de tren a Madrid. Un gasoducto en Kazajistán. Una urbanización en Malasia. Una exposición artística en Dunhuang, en el oeste de China. Todos son proyectos integrados en la Nueva Ruta de la Seda, la ambiciosa red china de infraestructuras repartida por los cinco continentes que puede costar hasta un billón de dólares. Un plan estratégico de ramificaciones geopolíticas y económicas, criticado por algunos como un instrumento para dominar el mundo y alabado por otros como un plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas. Y al que China asigna una importancia vital; tanta, que desde el año pasado la ha incluido en la Constitución del Partido Comunista.

En sus comienzos, cuando el presidente chino Xi Jinping presentó la idea en sendas cumbres en Astaná (Kazajistán) y Yakarta (Indonesia) en 2013, la propuesta se ceñía a los países vecinos, y su propósito era principalmente la construcción de infraestructuras. Pero ha ido expandiéndose geográfica y sectorialmente, a medida que ha ido creciendo la asertividad de China en el exterior. Actualmente, según Pekín, están adheridos más de cien países en todo el mundo. Y abarca casi cualquier área: tiene componentes comerciales, financieros, de seguridad y culturales.

El interés geográfico principal sigue siendo Asia. Pero “de acuerdo con las comunicaciones oficiales chinas, todos los países y continentes pueden incluirse, desde el Ártico a América Latina”, precisa Alice Ekman, investigadora sobre China del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). Y “ya no solo incluye carreteras, rutas ferroviarias, puertos, aeropuertos e infraestructuras de transporte. También incluye normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico… Básicamente, es una etiqueta que se puede pegar en todo un abanico de proyectos”.

Desestimada en sus comienzos por algunos como un plan imposible, la Nueva Ruta de la Seda, o “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (“yi dai yi lu” en mandarín, BRI por sus siglas en inglés) ha cambiado realidades sobre el terreno y va a continuar durante décadas. A través de uno de los proyectos estrella, el Corredor Económico China-Pakistán, tendrá acceso desde su oeste a través del puerto pakistaní de Gwadar al mar. En Yibuti, en el cuerno de África, ha establecido su primera base militar.

 

 

LAS CONEXIONES EN EUROPA

 

Fuente: MERICS (Instituto Mercator para estudios sobre China). N. CATALÁN (EL PAÍS)

Para China, los beneficios del plan son claros: ampliar vías hacia el oeste le permite desarrollar sus regiones occidentales, más empobrecidas; estimula sus sectores industriales en momentos en los que su economía entra en una etapa de menor crecimiento; abre mercados para sus productos; facilita que otros países adopten sus estándares tecnológicos, por ejemplo en telefonía 5G; y, en general, expande su presencia e influencia internacional.

La guerra comercial con Estados Unidos

El plan ha adquirido una importancia estratégica aún mayor para Pekín ante su guerra comercial con Estados Unidos. Si continúan las tensiones, necesitará diversificar sus importaciones y exportaciones. “Pekín recurrirá a los canales construidos a lo largo de la Ruta, especialmente en los sectores agrícola y energético. En los márgenes, cierta producción adicional china puede trasladarse al sureste asiático”, apuntaba la consultora Eurasia Group esta semana en una nota.

Para los países beneficiarios, las ventajas son también obvias. Asia necesitará cerca de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros) en inversiones en infraestructuras hasta 2030 para mantener su crecimiento, según el Banco Asiático de Desarrollo. Y las inversiones de China llegan sin preguntas sobre derechos humanos o la naturaleza del gobierno en el poder.

 

PROYECTOS FINANCIADOS POR CHINA EN EL MUNDO

Fuente: NYT. A. ALONSO (EL PAÍS)

Hasta el momento, China asegura haber desembolsado 53.000 millones de euros; el Instituto Mercator de Estudios sobre China (MERICS) calcula esa cifra en 22.000 millones en su base de datos sobre la iniciativa. Esos montos seguirán aumentando. El número de proyectos supera con holgura el millar, y aunque Pekín ha restringido el flujo de capitales al exterior ante su ralentización económica, las propuestas con la etiqueta BRI siguen encontrando una financiación generosa. Y algunos países, especialmente aquellos que encuentran acceso más difícil a los mercados internacionales, han aceptado con entusiasmo la chequera china.

Lo que ha generado críticas de algunos países. Por boca de su secretario de Estado, Mike Pompeo, y de su vicepresidente, Mike Pence, Estados Unidos -inmerso en su guerra comercial con la potencia asiática- ha acusado a Pekín de llevar a cabo una política exterior de “trampa de la deuda”.

Una deuda que -según los acusadores- puede utilizarse para evitar críticas sobre los derechos humanos en China o para conseguir decisiones favorables, por ejemplo en torno a nombramientos en puestos internacionales o sobre disputas territoriales, como la que mantiene en el mar del Sur de China. Pekín es el acreedor de más del 50% de la deuda de ocho países incluidos en la BRI: Kirguistán, Laos, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Pakistán, Tayikistán y Yibuti.

Varios países de Europa Occidental -incluida España- o Japón mantienen también sus reservas sobre la BRI, aunque se muestran dispuestos a colaborar en proyectos puntuales. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, suscribió el mes pasado un memorando de entendimiento para colaborar en terceros mercados, un documento similar al que ha suscrito España esta semana. Pero estos países insisten en que, aunque el plan cuenta con un enorme potencial, China tiene que mostrar una transparencia en los contratos y los créditos que ha sido esquiva hasta el momento.

“Hay que cumplir los estándares internacionales. Si se respetan, entonces hay potencial para la cooperación”, apuntaba el mes pasado un funcionario del Gobierno nipón durante la visita de Abe a Pekín.

En Bruselas y Tokio, en Berlín, París y Madrid se subraya la necesidad de demostrar que esos proyectos no perjudican al medioambiente, son viables, beneficiosos para sus destinatarios y el país receptor puede pagarlos.

Estas capitales han rechazado firmar, pese a las sugerencias chinas, memorandos de entendimiento generales de respaldo a la BRI. “Los términos de estos memorandos son a menudo muy generales, vagos en algunos casos, e incluyen expresiones oficiales chinas que Pekín quiere promover pero cuyo significado aún no está claro, como ‘comunidad de destino compartido’”, explica Ekman.

Sri Lanka, un caso emblemático

El caso de Sri Lanka es emblemático de estas críticas. Este país ha recibido créditos chinos por valor de unos 9.000 millones de euros, lo que le convierte en el tercer receptor de fondos de la BRI, solo por detrás de Pakistán y Rusia. Su fuerte endeudamiento -no solo con Pekín- le ha llevado a ceder a una empresa china el uso de su puerto de Hambantota y ha colocado en una situación de gran debilidad a su Gobierno.

El peso de la deuda y lo gigantesco de los proyectos ha llevado a echarse atrás, en algunos casos, a los países. El nuevo primer ministro malasio, Mahatir Mohamed, anunció poco después de su llegada al poder la suspensión de una línea de tren, la Línea de Ferrocarril de la Costa Este, y de una serie de gasoductos. Durante la campaña electoral que le llevó al poder este verano, y ante la abultada deuda de su país, el flamante jefe de Gobierno en Pakistán, Imran Khan, prometía revisar las cuentas del Corredor Económico, donde China ha prometido invertir cerca de 40.000 millones de euros.

En otros casos, las quejas vienen de la falta de resultados. La línea Madrid-Yiwu sigue sin arrojar beneficios en su trayecto de regreso a la ciudad costera china. En 2016, Filipinas desestimó el fallo a su favor de una corte internacional en su disputa territorial con Pekín en el mar del Sur de China y su entonces nuevo presidente, Rodrigo Duterte, anunció un giro hacia la gran potencia asiática; a cambio, recibió 14 memorandos con promesas de jugosas inversiones. Pero dos años más tarde, apenas se ha materializado ninguna.

China replica que sus proyectos generan empleo en los países y favorecen el desarrollo. Y que sus créditos no son los causantes de los problemas de deuda de los países en problemas. “China ha llegado más tarde. No es el principal país acreedor”, sostenía en septiembre Ning Jizhe, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo, el principal órgano de política económica en Pekín.

Un cambio de marcha

Pero también ha aceptado que, sobre todo en los primeros años, cuando todos -empresas, provincias y Gobierno central- se lanzaron a toda prisa a poner en marcha la BRI- pudieron cometerse errores por desconocimiento o precipitación.

El propio Xi Jinping, en una serie de actos para conmemorar el quinto centenario de la iniciativa, ha instado a cambiar de marcha y no tanto firmar proyectos por firmar sino “priorizar las necesidades de los otros socios y poner en marcha proyectos que beneficien a los residentes locales”. La asociación con otros socios que aporten fiabilidad -Japón o países europeos como España- parece parte de ese cambio de estrategia.

Xi también ha rechazado otras acusaciones contra un plan que lleva su sello personal. La BRI no tiene, asegura, ni fines geoestratégicos ni militares, como han denunciado algunos críticos, ni tiene como objeto lograr la hegemonía de China. “No es un club de China”, subrayaba en agosto.

Y, si bien es cierto que una serie de proyectos han resultado problemáticos, la consultora RWR Advisory Group, en Washington, calcula esa proporción en solo un 14%, una cifra relativamente reducida dadas las dimensiones del plan.

Incluso en los casos en los que los Gobiernos receptores han protestado -Mahatir llegó a hablar de “nuevo colonialismo”-, más que una cancelación absoluta de los proyectos polémicos, se ha buscado una renegociación. En el caso malasio, la línea de tren a la que se ha puesto en pausa interesa a los dos países; los oleoductos, al parecer, solo están suspendidos mientras Kuala Lumpur resuelve sus “problemas fiscales internos”. El primer ministro ha insistido en la importancia de la inversión china para su país.

En el caso de Pakistán, que trata de renegociar su deuda, el primer ministro Khan acordó, en una visita a Pekín este mes, la creación de un grupo de trabajo sobre “desarrollo socioeconómico”. También suscribió un comunicado conjunto en el que los dos Gobiernos “rechazan la creciente propaganda negativa” contra el Corredor.

En otros países, el futuro de la ruta está aún sujeto a incertidumbres. Tailandia e Indonesia tienen previstas elecciones que pueden alterar la actitud de sus respectivos Gobiernos. En Filipinas, pende un interrogante sobre la salud de Duterte.

Aunque sobre la mesa no hay grandes alternativas para satisfacer las necesidades de infraestructura asiáticas. El BAD no puede competir contra las arcas chinas. El plan japonés de ayuda a las infraestructuras, lanzado en 2015 y dotado con casi 100.000 millones de euros para cinco años, es mucho más modesto, en alcance geográfico y en fondos, que el chino. Europa solo ha propuesto su propio programa muy recientemente, y para empezar en 2021. Estados Unidos ha anunciado este año unos meros 113 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en nuevas inversiones en la región Indo-Pacífico.

En cambio, China mantiene su fuerte apuesta por la BRI. Y al incluirla en la constitución del Partido Comunista, ha dejado claro que la iniciativa continuará durante décadas.

El año próximo celebrará su segunda Cumbre de la Ruta de la Seda. Si a la primera, en 2017, acudieron delegaciones de 110 países y 29 jefes de Estado o de Gobierno, Pekín no se conformará con menos. Será una cita clave para determinar la evolución de este proyecto, que comenzó como una mera propuesta de infraestructuras y ha evolucionado a un gigantesco plan estratégico.

Sobre los delitos de rebelión y sedición

Por ENRIQUE GIMBERNAT. 29 NOV. 2018, en 29.11.2018. El Mundo

Si no me salen mal las cuentas, entre enero de 2013 y octubre de 2017, el Parlamento catalán ha aprobado cuatro leyes y seis resoluciones y su mesa ha acordado admitir a trámite, para su aprobación por la Cámara legislativa autonómica, en 10 ocasiones, propuestas de ley y de resoluciones parlamentarias abiertamente inconstitucionales, que estaban en contradicción con resoluciones judiciales previas del Tribunal Constitucional (TC), todas ellas con la finalidad de facilitar y de ejecutar los referéndums de independencia del 9 de noviembre de 2014 (el de las “urnas de cartón”) y del 1 de octubre de 2017. Por su parte, y con la misma finalidad, el Gobierno de la Generalitat aprobó, en ese espacio de tiempo, cuatro decretos igualmente inconstitucionales.

Todas y cada una de esas normas y resoluciones legislativas y gubernativas de la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido, primero, suspendidas por -de nuevo, si no me salen mal las cuentas- nueve providencias del TC -muchas de ellas notificadas personalmente a los miembros de la mesa del Parlament, al secretario general del mismo, así como al president y a los consejeros del Govern, advirtiéndoles de que podrían incurrir en responsabilidad penal si no acataban tales suspensiones-, normas y disposiciones que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales y nulas por numerosas sentencias y autos del TC.

Hay que reconocerles al Parlamento y al Gobierno catalanes que no le plantearon al TC problema alguno de interpretación para declarar la inconstitucionalidad de tales normas y resoluciones autonómicas catalanas, pues todas ellas -con un descaro que está buscando, sin encontrarlo, su paralelo- se permitieron establecer, por sí y ante sí, por ejemplo, que el «proceso de desconexión democrática [de Cataluña] no [estaba supeditado] a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» (resolución 1/XI, de 2-11-2015, del Parlament), así como que quedaba derogada la Constitución Española (CE) (arts. 3 y 13 Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República). Para comprender que todas esas lunáticas y arrogantes disposiciones de un Parlament y de un Govern regionales son inconstitucionales, no hace falta, ciertamente, ser Ulpiano, sino que basta con saber leer y escribir.

Y por lo que se refiere a la igualmente lunática apelación a un inexistente derecho a decidir de Cataluña, y ya que se habla de derechos, todavía se busca a algún jurista catalanista que designe qué norma nacional o internacional de Derecho objetivo reconoce ese pretendido derecho. Desde luego, no se encuentra en el Derecho nacional, que no sólo no lo reconoce, sino que niega tajantemente su existencia en el art. 2º CE, según el cual, “[l]a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y, desde luego, que tampoco figura en el Derecho internacional, ya que la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas (Carta Magna de la Descolonización) reconoce el derecho de autodeterminación exclusivamente a las antiguas colonias, negando expresamente que se puedan acoger a tal derecho regiones como Cataluña: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Principio 6 de la resolución 1514). Y ya que, en el mismo sentido, al ocuparse del derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas excluye, también expresamente, que ese derecho a decidir pueda “entender[se] en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes”, que “estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

Como, por consiguiente, no existe ningún tribunal del mundo, ni nacional ni internacional, que pueda reconocerle a esa Comunidad autónoma un derecho a decidir no sólo inexistente, sino expresamente prohibido por las normas nacionales e internacionales, la independencia de Cataluña sólo se puede alcanzar por una de estas dos vías: bien pactando con el Gobierno central, bien por la fuerza de los tanques.

A la primera vía fue a la que acudió Escocia para celebrar -de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido- un referéndum vinculante de independencia que, finalmente, arrojó un resultado negativo para los secesionistas. Pero este pacto entre una región y el Poder Ejecutivo central -que permitía la legislación del Reino Unido- es imposible en España, porque, al contrario que en el Derecho anglosajón, el nuestro no faculta al Gobierno de la Nación a pactar tal referéndum, ya que, previamente a ese pacto, habría que derogar el ya citado art. 2º CE, algo que, aunque sea teóricamente posible, no lo es en la práctica, ya que esa reforma constitucional que permitiría la segregación de Cataluña, exigiría, entre otros requisitos (art. 168 CE), que fuera aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y, posteriormente, en un referéndum de ámbito nacional; como, al menos los llamados partidos constitucionalistas, se opondrían a esa reforma, nunca se alcanzarán esas dos mayorías de dos tercios y, aun en el inimaginable supuesto de que se alcanzaran, parece igualmente inimaginable que los españoles, en ese referéndum, se declararan a favor de una reforma constitucional que permitiera la independencia de Cataluña.

Descartada para Cataluña la posibilidad de alcanzar la independencia mediante un pacto con el Gobierno, la segunda y última posibilidad de alcanzar ese objetivo son los tanques. De esta vía existe en Europa un ejemplo reciente: el de Crimea, cuyo Parlamento aprobó el 11 de mayo de 2014 una declaración unilateral de independencia de Ucrania, incorporándose posteriormente Crimea a la Federación de Rusia en virtud de un referéndum celebrado el 16 de mayo. Ello fue posible porque en todo ese proceso independentista y en la posterior incorporación de Crimea a Rusia, los ejércitos de este país apoyaron la causa secesionista mediante importantes movilizaciones de su ejército por tierra, mar y aire. Como Cataluña no tiene ejército ni dispone de un país amigo que le preste sus tropas, de ahí que ese procedimiento de alcanzar la independencia quede igualmente descartado para esta Comunidad autónoma.

Como no existe ningún tribunal en el mundo que, en el caso de Cataluña, pueda reconocerle no sólo un inexistente, sino expresamente prohibido derecho a decidir, como un pacto entre el Gobierno central y el catalán que permitiera la independencia de Cataluña no puede llevarse a cabo sin la prácticamente imposible derogación previa del art. 2º CE, y como Cataluña ni tiene tanques ni existe nación alguna en el mundo que esté dispuesta a prestárselos, por ello la independencia de Cataluña es, para cualquiera que no haya perdido por completo su contacto con la realidad, un objetivo inalcanzable. Que, a pesar de esta evidencia, los políticos independentistas hayan movilizado a millones de catalanes en la persecución de una imposible independencia ha sido una imperdonable irresponsabilidad por la que un día -más o menos lejano- les pedirán cuentas tantos catalanes de buena fe que han sido miserablemente engañados.

Como se ha manifestado en alguna ocasión, en Europa los movimientos independentistas se caracterizan por que persiguen siempre la segregación de regiones que son más ricas que el resto del Estado en cuestión. Ello es lo que sucede con los partidos independentistas de Flandes (Interés Flamenco, Nueva Alianza Flamenca [N-VA]), que disfruta de una renta per capita muy superior a la del resto de Bélgica (Valonia), o con la Liga Norte (LN), que persigue la secesión de las restantes regiones menos favorecidas de Italia. Es decir: que lo que caracteriza a esos movimientos independentistas, aparte de su nacionalismo, ultraderechismo y xenofobia, es la insolidaridad, como lo pone igualmente de manifiesto que no se registre ningún movimiento independentista que provenga de las regiones más pobres de Europa. Como es sabido, son esos partidos europeos de ultraderecha (Interés Flamenco, N-VA y LN) los que prestan su máximo apoyo y hermanamiento a los secesionistas catalanes. Pero para confirmar que el movimiento secesionista catalán se caracteriza también por la xenofobia, ni siquiera hace falta indicar quiénes son sus amigos en Europa (“dime con quien andas…”), sino que basta con reproducir únicamente algunas de las frases xenófobas pronunciadas en su día por quien ha sido elevado a la más alta magistratura de Cataluña por los partidos independentista PDeCAT, ERC y CUP, Quim Torra: “Ahora miras a tu país y vuelves a hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio… Hay algo freudiano en estas bestias. Un pequeño bache en su cadena de ADN ¡Pobres individuos!”; y en otro lugar: “España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente”.

Esos sectores progresistas españoles, que ven con buenos ojos al independentismo catalán, algún día tendrán que explicar cómo han podido apoyar a un movimiento que niega dos de las señas de identidad fundamentales de la izquierda: el internacionalismo y la solidaridad.

Como he explicado ampliamente en dos artículos publicados anteriormente en EL MUNDO (los días 12-12-2017 y 31-7-2018), y a los que aquí me remito, y tal como se deduce de numerosas resoluciones del TS y de la Audiencia Nacional (AN), así como de los escritos del Ministerio Fiscal (MF) -ni siquiera hace falta acudir a ellos: basta con haber seguido la crisis catalana por los medios de comunicación-, lo sucedido en Cataluña es que una trama organizada en su día por el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y algunos miembros de la mesa de aquél, actuando todos ellos de común acuerdo con las mediatizadas organizaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI), así como con los mandos de los Mossos d’Esquadra, promovieron e hicieron posible, malversando fondos públicos, el referéndum ilegal del 1-O. En ese referéndum, y a pesar de que estaban cumpliendo órdenes judiciales, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fueron repelidos violentamente (resultaron heridos 58 de ellos), mediante murallas humanas, que se habían formado siguiendo los llamamientos de los brazos civiles del Govern ANC y Òmnium Cultural, los cuales, primero, intentaron impedirles -a veces con éxito- incautarse de las urnas y de las papeletas que se encontraban en los locales de votación, teniendo que enfrentarse, después, a otras murallas humanas que trataron de evitar que dichas urnas y papeletas fueran sacadas de los colegios electorales.

A estos enfrentamientos violentos de las muchedumbres con los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales contribuyeron decisivamente, como se deduce del escrito de conclusiones provisionales, de 7-11-2018, del MF ante la AN, los Mossos d’Esquadra, siguiendo las órdenes de sus mandos, entre ellos del consejero de Interior Forn -procesado por rebelión por el TS- (“Los mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1-O”) y del mayor Josep Lluís Trapero. En efecto, para el cumplimiento del auto de 27-9-2017 de la magistrada instructora del TSJ de Cataluña, que ordenaba a las Fuerzas de Seguridad “[e]l cierre de aquellas dependencias en que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1”, así como “el requis[o] de todo el material relacionado con el referéndum”, en las reuniones de coordinación mantenidas entre los cuerpos policiales se acordó que fueran los mossos los que primero intervinieran en los centros de votación, mientras que los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sólo actuarían a requerimiento de los mossos cuando esa primera actuación no fuera suficiente. Pero, de acuerdo con las órdenes recibidas de sus mandos, los mossos, engañando a los que habían dispuesto que su intervención fuera la primera, no hicieron nada ni por cerrar los locales, ni por impedir la entrada en ellos de los votantes, ni por retirar las urnas y las papeletas, de tal manera que, cuando avisaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sus efectivos se encontraron con locales abarrotados que permitieron la formación de murallas humanas, efectivos que, en cumplimiento de mandatos judiciales, intentaron reducir la resistencia antijurídica y violenta que oponían a las Fuerzas de Seguridad nacionales los integrantes de ANC y de Òmnium u otras personas que habían sido seducidas por dichas organizaciones. El alzamiento violento de quienes se opusieron a los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales no desaparece por los eventuales y ocasionales excesos que hayan podido cometer algunos de los efectivos de aquéllas, algo que está siendo investigado por diversos Juzgados de Cataluña, sin que hasta ahora se haya producido condena alguna, sino, por el contrario, siete sobreseimientos y una absolución, por entenderse que los agentes querellados habían actuado “necesaria y proporcionalmente” en el cumplimiento de las órdenes judiciales recibidas.

En mi artículo publicado en este periódico el 12-12-2017 mantenía que lo sucedido en Cataluña el 1-O integraba un delito de sedición, y no uno de rebelión en el sentido del art. 472.5º del Código Penal (CP) (“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”), sobre la base del siguiente razonamiento: “En una primera aproximación al texto legal del art. 472.5º parece, en efecto, que los hechos anterior y resumidamente descritos integran un delito de rebelión, en cuanto que ha habido un alzamiento público y violento y en cuanto que se ha declarado la independencia de Cataluña. Pero esta primera interpretación no puede prevalecer, porque dichos actos violentos y multitudinarios solo estaban dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O en el que lo que se les preguntaba a los votantes era: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?. Pero ese referéndum no supuso todavía una declaración de independencia, por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad al y durante el 1-O. Cierto que también se ha producido una declaración de independencia, pero ésta se proclamó en una inconstitucional votación, celebrada en el Parlament el 27 de octubre, para la cual no fue necesaria -ni se produjo- manifestación alguna violenta, ya que, para aprobarla, bastaba con la simple y en sí pacífica acción de depositar un voto en una urna dispuesta al efecto».

No puedo seguir manteniendo esta interpretación de que aquí estamos ante un delito de sedición y no de rebelión. El art. 472.5º no tipifica como rebelión «la declaración de independencia» mediante un alzamiento violento y público, sino que basta con que tal alzamiento vaya dirigido al «fin» de declararla, que es precisamente lo acontecido el 1-O: porque las acciones violentas que ese día se desarrollaron en Cataluña tenían como “fin”, en efecto, no votar afirmativamente al referéndum por el referéndum mismo, sino “declarar” la independencia, para lo cual era requisito imprescindible que previamente triunfara en la consulta la opción secesionista, puesto que, según el art. 4.2 de la inconstitucional Ley catalana del Referéndum, “[e]l Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales de la Sindicatura Electoral, procederá a la declaración formal de independencia de Cataluña”.

En consecuencia, abandono mi posición mantenida en mi artículo de 12-12-2017 y me muestro ahora de acuerdo con el auto de 21-3-2018 del juez Pablo Llarena que declara procesados por un delito de rebelión a los políticos independentistas allí enumerados, así como con los escritos de conclusiones provisionales, de 2-11-2018, del MF ante el TS y ante la AN, declarando este último que los hechos atribuidos a los mandos de los mossos (Puig, Soler, Trapero y Laplana) son constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.5 y 7 y 473.1 CP.

Recientemente, y a raíz de los escritos de conclusiones provisionales del MF ante el TS y ante la AN, se ha puesto a la firma un Manifiesto (Banalización de los delitos de rebelión y de sedición), que ha sido suscrito predominantemente por juristas catalanes -entre ellos, el abogado Francesc Homs, antiguo portavoz del Govern y condenado por el TS por un delito de desobediencia en relación con el referéndum de 9-11-2014-, en el que se niega la concurrencia de un delito de rebelión en los acontecimientos del 1-O en Cataluña sobre la base de un argumento que no puede convencer. En dicho Manifiesto se apela a la STC 198/1987 (sic: en realidad se trata de la STC 199/1987, de 16 de diciembre), según las cual, “[p]or definición la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso de armas de guerra o explosivos”. Pero lo manifestado por la STC 199/1987 carece actualmente de vigencia, porque se dictó sobre la base de una regulación del delito de rebelión que ya no es la que rige para el CP actual. Para el CP ahora vigente es imposible mantener que sólo existe rebelión cuando los autores tienen «el propósito de uso de armas de fuego o explosivos”; ello se sigue de que, como el art. 473.1 CP contiene un tipo agravado de rebelión cuando en ésta “se han esgrimido armas”, de ahí se sigue, en virtud de un elemental argumento a contrario, que las restantes modalidades de rebelión se caracterizan, negativamente, porque no se han esgrimido armas.

Además, el Manifiesto rechaza también la concurrencia de un delito de sedición “debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley”. Contra esto hay que decir que, como he tratado de demostrar en este artículo y en los dos anteriores publicados en EL MUNDO de 12-12-2017 y 31-7-2018, lo que sobran son precisamente indicios de que los alzamientos violentos y públicos del 1-O sólo fueron posibles porque los procesados organizaron y financiaron un referéndumdel que sabían que, con la intervención de común acuerdo de ANC y de Òmnium, y la imprescindible colaboración de los mossos, necesariamente se iban a producir enfrentamientos violentos entre las muchedumbres dirigidas por esas organizaciones que se opondrían a las órdenes judiciales cuyo cumplimiento había sido encomendado a las Fuerzas de Seguridad. Por lo demás, esa violencia provocada por la trama golpista no es subsumible en el art. 544 (“sedición”), ya que no se ejerció únicamente para “impedir… resoluciones judiciales”, sino en el delito de rebelión -que absorbe al de sedición-, porque, como ya he expuesto anteriormente, persiguió el “fin” de «declarar la independencia» de Cataluña.

Uno de los fines del Derecho penal es el de la prevención general, es decir: que, aplicando la pena prevista para un delito a quien lo ha cometido, se trata de disuadir al mayor número de ciudadanos posibles de que no incurran en el mismo delito, por miedo a tener que sufrir la pena que van a padecer -o que ya están padeciendo- los que se atrevieron a infringir el CP. Cuando se pide el cese de la prisión provisional por rebelión para los políticos catalanes procesados, o la aplicación del indulto para el caso de que sean condenados, se está renunciando, con ello, a la función preventivo-general del Derecho penal. Porque si los procesados por rebelión ni siquiera van a estar presos hasta que se celebre el juicio y si, caso de ser condenados, van a ser puestos en libertad mediante los correspondientes indultos, con ello se envía el mensaje de que la rebelión sale gratis y tendremos en Cataluña, en el futuro, un golpe de Estado un año sí y otro también. De hecho, el que los políticos independentistas se encuentren en prisión y se enfrenten a muy graves penas, y que otros hayan huido para eludir sus responsabilidades, ya está desplegando sus efectos preventivo-generales, porque lo único que explica que los actuales dirigentes catalanes -desde Torra hasta Torrent-, a pesar de sus discursos incendiarios, se cuiden muy mucho de ejecutar actos, es porque saben que podrían tener consecuencias penales, tales como las que están sufriendo y se enfrentan a sufrir sus compañeros de partido procesados.

El huevo de la serpiente del secesionismo catalán tendría que haber sido combatido con la aplicación del art. 155 CE, antes de que eclosionase. Pero, a pesar de la catarata de normas inconstitucionales que se fueron dictando desde enero de 2013 a septiembre de 2017, el Gobierno del PP se resistió a aplicarlo, lo que habría evitado males mayores. Y la supuesta explicación de que, si no se hizo, fue porque los partidos constitucionalistas PSOE y Ciudadanos no respaldaban esa aplicación, entonces ello no puede servir de excusa al Gobierno del PP, sino que sólo condiciona que ese mismo reproche se extienda también a aquellos dos partidos.

En la crisis catalana sólo han estado en su sitio tres instituciones: la Sala de lo Penal del TS, la Fiscalía General del Estado y… (a mí, que llevo la República en mi ADN, si me hubieran dicho hace 40 o 30 o tan sólo dos años que iba a escribir lo que figura a continuación, no me lo hubiera creído) la actual Monarquía.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Sus últimos libros son El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdF, 2017) y El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018); en el primero se contiene también una Autosemblanza del autor y en el segundo, muchos de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años

Nace la Asociación “FORO PARA LA PAZ EN EL MEDITERRÁNEO”

 

El Club, miembro de la Asociación “Foro para la Paz en el Mediterráneo”

El Real Club Mediterráneo participó ayer en el acto de firma de la constitución de la Asociación “Foro para la Paz en el Mediterráneo” que se celebró en el Salón de la Rosa de los Vientos en el marco de las XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación en Málaga. Al acto, previo a la clausura de las jornadas, también acudió el alcalde, Francisco de la Torre.

A la izquierda Eduardo Cestino, presidente del Club, en el acto de firma

En el centro el alcalde, Francisco de la Torre, en el acto de firma

Junto al Club, los integrantes de esta Asociación son: Ayuntamiento de Málaga, Universidad de Málaga, Unicaja Banco Fundación Unicaja, Cámara de Comercio, Real Club El Candado, AECYR y AMASPLUS Ingeniería.

Las XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación organizadas por el Foro para la Paz en el Mediterráneo se han celebrado durante los días 14, 15 y 16 de noviembre. El miércoles 14 se abordaron “el terrorismo y las infraestructuras críticas”, el día 15 se habló de la “protección de las infraestructuras críticas del sector financiero” y, en la tarde de ayer, día 16, el Real Club Mediterráneo acogió las ponencias y coloquios relacionados con la “geoeconomía y geopolítica del Mediterráneo y el Atlántico”.

El Foro para la Paz en el Mediterráneo trabaja para establecer los lazos de diálogo y comprensión entre ambas orillas del Estrecho, bajo la premisa del hecho diferencial cultural y religioso, pero indagando en los puntos comunes que tienen países y sociedades.

Real Club Mediterráneo. Web