El alcalde de Málaga y presidente del Foro para la Paz en el Mediterráneo, Francisco de la Torre, recibe la Medalla Pushkin de Rusia por el vínculo cultural del Museo Ruso de Tabacalera

El presidente Vladimir Putin ha entregado la distinción al alcalde este domingo con motivo del Día de la Unidad Popular de la Federación Rusa

Por Jesús Hinojosa, domingo 4 de noviembre de 2018, a las 16:25

Málaga ha estado presente este domingo en el Kremlin de Moscú, dentro de la celebración el Día de la Unidad Popular de la Federación Rusa. El alcalde, Francisco de la Torre, ha recibido de manos del presidente ruso, Vladimir Putin, la Medalla Pushkin para reconocer el vínculo cultural entre Rusia y España que ha supuesto el Museo Ruso de San Petersburgo que abrió sus puertas en marzo de 2015 en las instalaciones de la antigua Tabacalera.

De la Torre ha destacado en su discurso de agradecimiento por la distinción recibida que el museo de arte ruso de Málaga supone desde hace tres años «un hogar en la orilla del Mediterráneo» para la cultura rusa y «un foco desde el que irradia gracias a su ubicación privilegiada entre el norte de África y el sur de Europa».

«El museo ha permitido descubrir para unos, y corroborar para otros, cómo la creación artística rusa es una de las más apasionantes y perfectas, cómo el alma de un pueblo ilustre y abnegado se manifiesta, con vibrante pasión y perfectos resultados, a través de las obras de los creadores que son sus hijos», ha afirmado el alcalde, quien ha recordado especialmente el papel del embajador de la Federación Rusa en España, Yuri Korchaguin, en la iniciativa para abrir el Museo Ruso de Málaga.

«Ya en el siglo XVIII, Catalina la Grande fue una gran admiradora del tradicional y dulce vino de Málaga, que solía tomar con pasteles rusos, y llegó a eximir de aranceles durante un año a todos los que entraran en su imperio», ha recordado De la Torre, quien ha recibido el galardón en nombre de la ciudad como «un nuevo estímulo para seguir escribiendo no sólo la historia de dos ciudades que colaboran, sino la de dos grandes naciones que comprenden, con igual fortaleza, que la cultura compartida es la fuente de la que emana toda convivencia, toda paz, todo futuro».

04.11.2018. Diario Sur

 

EL IRPF, LA JUSTICIA TRIBUTARIA Y LOS RICOS

El 86% de los ciudadanos españoles, según los sondeos de opinión del CIS, no cree «que, en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen»

Schumpeter dejó escrito que «las finanzas públicas son uno de los mejores puntos de partida para una investigación de una sociedad, especialmente… de su vida política». Las cuatro décadas de historia del IRPF en España, desde que en los inicios de la etapa democrática se implantara el nuevo modelo impositivo, ofrecen abundantes indicios que así lo acreditan. Como en la gran mayoría de países, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un componente esencial de nuestro sistema tributario. A pesar de que, desde una perspectiva de ciclo vital, un impuesto sobre el consumo es más justo que un impuesto sobre la renta, explicablemente, por distintas circunstancias, actualmente el IRPF no encuentra un rival efectivo como eje de la imposición directa.

Una nueva reforma parcial del IRPF se vislumbra en el horizonte, en esta ocasión con una orientación centrada en los «contribuyentes ricos». Con objeto de poder valorarla puede ser oportuno repasar algunos aspectos básicos:

I. Aunque es evidente la conexión habitual entre renta y riqueza, el IRPF no sería el impuesto más adecuado para gravar a los ricos, sino el impuesto sobre el patrimonio, cuyo hecho imponible es justamente la riqueza personal neta.

II. Si se admite la equiparación coloquial entre persona rica y persona con renta elevada, queda por determinar qué se entiende por umbral de la «riqueza». Aun cuando existen distintos criterios para definir la pobreza y la riqueza, los partidarios del nuevo «recargo a los ricos» parecen decantarse por una cifra concreta, que se evidencia un tanto móvil: ¿60.000, 120.000, 150.000 euros…?

III. Más sorprendente es que se opte por una cifra a escala individual, sin considerar el nivel de renta conjunto de una familia, en la que puede haber uno o más perceptores de ingresos. Ese enfoque viene a acentuar la discriminación de las familias con un solo perceptor de renta frente a aquellas otras con dos. Debido a la progresividad de la tarifa del IRPF, si tenemos dos familias con la misma renta total, la primera con dos perceptores de ingresos y la segunda con uno, pagará menos la primera.

IV. Las propuestas que se han avanzado consisten en establecer un incremento del tipo de gravamen a partir de un determinado umbral de renta. Técnicamente podría concebirse como una especie de recargo o impuesto selectivo que sólo afectaría a las rentas por encima de dicho nivel. Al aplicarse en la tarifa general, incidiría en los contribuyentes con rendimientos sujetos a la misma, incluidos, por tanto, quienes perciban rentas del trabajo elevadas.

V. La medida se circunscribe a la tarifa estatal, con independencia de lo que haga cada comunidad autónoma en su tramo. Por ejemplo, si se aplica una subida de 2 puntos porcentuales (p.p.) al tipo de gravamen entre 130.000 y 300.000 euros, y de 4 p.p. a partir de 300.000 euros, para una persona con una renta de 500.000 euros, el aumento de su cuota tributaria anual sería de 11.400 euros.

VI. La iniciativa se predica con el reclamo de «que pague más quien más tiene». Aunque este precepto admite en la práctica interpretaciones muy diversas, desde luego se cumple ya holgadamente; por supuesto, en términos absolutos, pero también en términos relativos. Así, si comparamos lo que representa la cuota pagada sobre la renta agregada de cada grupo de declarantes (más de 19 millones en total), vemos que dicho tipo medio va subiendo, desde el 2,7%, para los declarantes con renta entre 6.000 y 12.000 euros, hasta el 33,5% para los contribuyentes con renta entre 150.000 y 600.000 euros. No obstante lo anterior, un 86% de los ciudadanos españoles, según los sondeos de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no cree «que, en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen».

VII. Si observamos las estadísticas de la distribución de la carga del IRPF por estratos de renta, vemos que sólo un 3,5% de los contribuyentes declaran una renta de 60.000 euros o más, pero su contribución asciende al 37,5% del total. Y únicamente un 0,4% de los declarantes perciben una renta igual o superior a 150.000 euros, en tanto que su cuota representa un 5,8% del total. Por otro lado, el 40% de los declarantes tienen una renta que no supera los 12.000 euros, y su aportación a la cuota del IRPF es del 0,8%.

VIII. Para algunos contribuyentes, de llevarse a cabo la reforma anunciada, el tipo máximo (estatal y autonómico conjuntamente) se situaría por encima del 50%, lo que ya ocurre para los residentes en algunas comunidades. Esta práctica supone apartarse del criterio, inspirado en la doctrina del Tribunal Constitucional alemán, y seguido durante algunos años en España, de que no debe sobrepasarse esa cota. Los economistas dedicados al análisis de la imposición óptima siguen debatiendo acerca de cuál es el nivel adecuado del tipo máximo, que muestra una horquilla amplia.

IX. También se prevén medidas de ajuste para los beneficiarios de rentas del ahorro, que están sometidas a una tarifa con tipos mucho más moderados. Es tentador reclamar una equiparación entre los tipos que recaen sobre las rentas derivadas del capital financiero y otras como las del trabajo, pero la cuestión es algo más complicada. No pueden desatenderse algunas circunstancias, como, en el caso de los dividendos, si se ha soportado previamente un impuesto en el ámbito societario, o si tiene sentido gravar el componente inflacionario de los intereses recibidos. De otro lado, el debate acerca de la doble imposición del ahorro en el IRPF (primero cuando se perciben los ingresos originarios y luego cuando se obtienen los rendimientos del ahorro) sigue abierto.

Cuatro son las vertientes básicas a considerar con vistas al establecimiento de un buen sistema tributario: justicia, eficiencia económica, implementación y recaudación. A través de la aprobación de normas concretas, el poder legislativo tiene la capacidad de tratar de alcanzar los objetivos que se establezcan en cada uno de tales apartados. A priori dispone de un amplio margen, pero es imprescindible un buen diseño tributario para abordar los conflictos que surgen entre los distintos objetivos. Hay que saber adónde se quiere llegar y cuál es la mejor manera de conseguirlo. Pero, antes, es fundamental saber cuáles son los verdaderos trazos de la realidad de la que se parte.

04.11.2018. Diario Sur. Tribuna. José Manuel Domínguez Martínez

Rebelión

Por Joaquín Luiz Ramírez, publicado en Diario Sur en Opinión

Había una vez un gran reino europeo del sur en el que, a pesar de la democracia, la justicia, la ley y la historia, algunos partidos llamados nacionalistas se oponían a su continuidad. Las razones esgrimidas por los a sí mismos considerados diferentes oscilaron entre la reivindicación de la cultura propia a la existencia de una lengua autóctona, pasando por la denuncia de una opresión realmente invisible. A estos partidos perteneció mucha gente inteligente, quizá envuelta en un determinado clima, algo cegato y ciertamente ensordecedor, difícil de describir, que intentó poner sus más convincentes argumentos a favor de su causa. Con todo pasaron muchas cosas y, aunque nunca conseguían ser mayoría, decidieron cortar por lo sano e imponer sus razones por encima de la ley y hasta de la convivencia. Hubo mucho y muy variado, por partir de alguna parte, la destrucción de un coche patrulla de la Guardia Civil y una turba en la calle que físicamente impidió que varios guardias civiles que, como policías judiciales, habían entrado a notificar a la Consejería de Economía, pudieran salir de allí durante muchas horas. Y hasta un 1 de octubre en que se quiso celebrar un referéndum que ninguna norma podía amparar. Los colegios electorales no fueron clausurados por los Mossos de Esquadra (Mozos de Escuadra -sic-) tal y como les dictó la orden judicial al efecto, nadie pudo ni supo encontrar las urnas chinas que los organizadores dispusieron para la perfomance y la Policía Nacional y la Guardia Civil no pudieron impedir que se diera la mostra ilegal. Hubo dos heridos graves y quizá quince, veinte o veinticinco leves, pero la ‘crida golpista’ dijo que fueron mil heridos, sin más; aún lo dice.

A resultas de todo ello, la justicia acusó a los que organizaron y promovieron el golpe fallido, aplicándoles la ley como corresponde a un estado de derecho. A la expresa negativa independentista de acatar las leyes españolas se sumó una auténtica oleada que argumentó -y hoy también lo hace- que estas leyes no han sido infringidas en absoluto. Negaron y niegan la rebelión, la sedición y también la malversación, que la conducta instruida por la justicia sea antijurídica y también que se trate de ninguna correspondiente descrita por el código penal y como tal tipificada.

Para la lógica secesionista basta hablar de ‘votar’ y de ‘democracia’ para determinar que la aplicación de la ley no ha lugar, basta hablar de que sus defendidos son ‘demócratas’ y ‘pacíficos’ para dictar que ni hay delito ni hubo violencia. Basta que algunos de sus políticos sean detenidos y cumplan prisión preventiva por orden judicial para que se trate de ‘presos políticos’. Hasta aquí el bloque constitucional, PP, PSOE y C’s, respaldó el cumplimiento de la Constitución y la ley, la instrucción y la marcha de los acontecimientos judiciales. Pero el cambio del rol de Sánchez con su arribada a Moncloa ya hoy parece que insta a modificar la música y hasta la letra de esta pieza. Pues, aunque el Partido Socialista es un partido constitucional, algunos de sus dirigentes -confundidos por el mito de lo irredento- han caído en la tentación de querer entender a los que hasta aquí y en puridad llamamos golpistas. Ello u otras variables, como algún compromiso secreto incluido en el pacto para votar la Moción de Censura… O, incluso la posibilidad de querer ganarse algún favor para poder aprobar los presupuestos.

La Abogacía del Estado ha obviado a bombo y platillo la querella por Rebelión, es el hecho. Y no se trata de prejuzgar, los analistas, los que opinamos, no calificamos ni juzgamos, pero vemos con nitidez como el Gobierno deserta parcialmente de su obligación. También a esta lamentable decisión quieren llamarle moderación y empatía, pero es irresponsabilidad, cobardía y abandono del deber.

A estas horas -según se sabe- la Fiscalía mantiene la acusación. Luego será lo que tenga que ser. El Tribunal Supremo juzga y sentencia. A Sánchez le encantaría indultar, si puede y si llega. España es un gran reino europeo del sur, democrático y social. España es un estado de derecho, todos estamos sometidos a la ley, una ley que aprueban las Cortes Generales a través de los representantes que el Pueblo Soberano elige votando en las urnas legales.