Cataluña en el corazón

Quebequiana: España ante el espejo de Canadá

AUTOR: Juan Claudio de Ramón

Del Estado-nación “britanizante”, plantilla heredada del siglo XIX, a la vibrante nación multicultural y federación bilingüe de hoy. De la primera podía tener sentido separarse si uno era un quebequés de lengua francesa; de la segunda no apetece tanto

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CUATRO IDEAS SOBRE EL JUICIO DEL SIGLO

Artículo publicado el 14 de febrero de 2019 en el Diario de Sevilla y los otros ocho periódicos del Grupo Joly.

Inmaculada RAMOS TAPIA, Profesora Titular de Derecho Penal

Agustín RUIZ ROBLEDO, Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad de Granada

Seguramente muchas personas han dictado ya su particular sentencia en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contralos doce líderes independentistas catalanes.  Por si fuera útil para quien todavía no lo haya hecho, aquí van algunas reflexiones jurídicas partiendo de los hechos que el instructor considera probados.

La primera gran cuestión es dilucidar si los hechos que se les imputan pueden ser delito o estarían protegidos por la libertad de expresión, tal y como el año pasado defendieron Noam Chomsky y otros intelectuales extranjeros. La respuesta a este primer dilema es sencilla y basta con recordar una famosa cita del juez Holmes: gritar “fuego” sin motivo en un teatro no está protegido por la libertad de expresión; igualmente, la libertad de expresión no puede proteger que los titulares de poderes públicos catalanes griten “independencia”, en patente contradicción con el ordenamiento constitucional español. Una cosa es que una persona, en uso de su libertad ideológica, defienda la independencia de Cataluña y otra que esa misma persona utilice medios institucionales para lograr los fines de su ideología sin respetar el ordenamiento jurídico. Por eso, los imputados cometieron un acto ilegal.

La siguiente cuestión es determinar si además de ilegales, los hechos que se van a juzgar son delictivos. Puesto que no respetaron la Constitución, el primer delito que cabe imaginar es alguno de los incluidos dentro del título del Código Penal llamado “delitos contra la Constitución” y, entre ellos, el de rebelión que castiga a quienes se alzaren violenta y públicamente con la finalidad de declarar la independencia (art. 472 CP). El problema técnico de este delito consiste en estimar si hubo violencia (como considera el magistrado instructor y el fiscal) o no (como ahora considera el abogado del Estado y los defensores). Desde luego, no hubo violencia si se entiende por tal esgrimir armas, como sucede en las rebeliones militares, en cuyo caso estaríamos ante la modalidad agravada de rebelión del artículo 473.2. Pero sí que se puede considerar que hubo violencia ordinaria porque hubo un alzamiento violento en las movilizaciones tanto contra los registros en sedes de la Generalitat los días previos al referéndum como contra la orden de cerrar los colegios el día del referéndum. Los miembros del Govern no ejecutaron esos actos ni incitaron directamente a la violencia, pero promovieron las movilizaciones contra los registros y contra la ejecución de la orden de cerrar los colegios, a pesar de saber que ello conllevaría necesariamente episodios violentos. Por eso, es muy probable que actuaran con dolo, es decir, con previsión de que se darían situaciones violentas, al menos con lo que en los especialistas conocen como “dolo eventual”, es decir, previendo que eventualmente pudieran darse situaciones de violencia; lo que les convertiría en responsables del delito de promover la rebelión (art. 473.2 CP).

Si el Tribunal Supremo no apreciara ese dolo eventual en los acusados y no considerara que han cometido el delito de rebelión, entonces pasaría a analizar la imputación por sedición, delito contra el orden público que consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el ejercicio de sus funciones a la autoridad o funcionario público (art. 544 CP) y donde se castiga también a quien induce, sostiene o dirige la sedición (art. 545) . No hay duda de que los acusados, lejos de garantizar el orden público, alentaron que los ciudadanos se organizaran tumultuariamente para impedir que las fuerzas de seguridad del Estado hicieran cumplir dichas resoluciones. Por eso, se les podría imputar este delito de sedición.

Tanto si se admitiera que los acusados cometieron el delito de rebelión, como si se considera que cometieron sedición, incluso si se considerara que no cometieron ninguno de los dos, hay pocas dudas de que cometieron el delito de malversación de fondos pues los acusados destinaron cantidades económicas del Presupuesto de la Generalitat para actividades ilegales, unos 1’6 millones de euros en los cálculos del juez instructor; en concreto, el Govern aprobó el Decreto 139/2017, de convocatoria del referéndum, y además acordó que los diferentes departamentos realizaran las acciones necesarias para su realización. Esto es tan evidente que el Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein consideró en julio de 2018 que Carles Puigdemont podía ser extraditado por ese delito de malversación.

Así las cosas, nos parece que el gravísimo ataque que protagonizaron los acusados contra la Constitución y el Estado de Derecho puede merecer una condena penal. En el juicio se determinará si es así y se concretará la responsabilidad individual de cada uno de ellos.

14.02.1019. La mirada de Argos. Blog de Agustín Ruiz Robledo

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Delito de rebelión y Estado de Derecho

DIEGO LÓPEZ GARRIDO Catedrático emérito de Derecho Constitucional

Ayer comenzó el proceso al ‘procés’. Técnicamente, se juzga a personas, aunque no pueda evitarse que éstas –y su entorno– consideren que los tribunales españoles van a juzgar a un movimiento político, al independentismo catalán. Este, probablemente, querrá hacer otro juicio paralelo al Estado español. No estamos ni ante una cosa ni la otra. Es un enjuiciamiento de conductas de individuos, los líderes del ‘procés’. Por eso, enfoco mi análisis desde la perspectiva estrictamente jurídica, que es la que debe prevalecer en el juicio.

Sin duda, es un proceso muy complejo, con muchos ángulos desde los que puede contemplarse. El que me parece más relevante es el referido al delito de que se acusa a los enjuiciados: el de rebelión. El juez instructor, la Fiscalía y la acusación popular coinciden en calificar así a las conductas que se desarrollaron en Cataluña en torno al 1 de octubre. A mi entender, no es correcta esa calificación, sin entrar en la comisión de otros hipotéticos delitos.

El delito de rebelión está previsto en el artículo 472 del Código Penal. Dice ese precepto: «son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional». El Código establece en artículos posteriores penas muy elevadas para tan grave delito.

El núcleo del delito de rebelión reside en dos elementos: 1- La finalidad del mismo, profundamente agresiva contra el sistema político (así se deduce de los siete apartados que tipifican los fines delictivos de la rebelión: Además de la declaración de independencia, derogar la Constitución, destituir a las altas instituciones del Estado, impedir elecciones o sustraer a cualquier clase de fuerza armada a la obediencia al Gobierno); y 2- El carácter violento del acto o actos rebeldes. Pues bien, pienso que si el primer elemento es dudoso que se diera ante la confusa declaración del Parlament, el segundo no se dio en absoluto. No se produjeron hechos que pudieran calificarse de alzamiento violento.

No puede considerarse alzamiento violento cualquier acción contra el orden público –prohibida en el Código Penal–. La rebelión debe tener una intensidad capaz de poner en riesgo la integridad territorial del Estado. La naturaleza insurreccional de ese delito se deduce de otros artículos. Por ejemplo, el 479, que obliga a la autoridad gubernativa a instar a «los sublevados» a disolverse y retirarse, y, en su caso, a usar la fuerza contra éstos, lo que se hará en caso de que los sublevados «rompan el fuego».

La ‘voluntas legislatoris’ al definir el delito de rebelión era, sin duda –así lo viví como redactor de esa figura delictiva en el Parlamento–, la de una acción de violencia física, muy grave, con riesgo de producir la segregación de parte del territorio español. De ahí la introducción del término «violenta» después de «se alzaren». El diccionario da como segunda acepción de la palabra alzamiento: «levantamiento o rebelión». No hubiera sido necesario añadir la palabra «violenta», pero, así se hizo, a través de una enmienda transaccional, para enfatizar aún más el carácter de violencia física de gran intensidad que tiene en el Código el delito de rebelión.

En el caso de una rebelión, de una insurrección, con ocupación de infraestructuras esenciales y otros actos, sería imprescindible oponer la fuerza del Estado para impedir sus objetivos delictivos. Sería posible declarar el estado de excepción o de sitio, que implica la intervención de las Fuerzas Armadas. A nadie se le ocurrió pensar en ello, porque no existió la amenaza real de segregación al no darse la violencia necesaria para originar ese riesgo. Y si no hubo una rebelión insurreccional, quienes están procesados no pudieron liderar ninguna rebelión.

Espero que así lo vea el Supremo, que, como todos los jueces y tribunales españoles, es independiente, nos gusten o no sus resoluciones. Las y los procesados van a tener un juicio justo, y tendrán derecho, en su caso, a recursos ante el Tribunal Constitucional y el Europeo de Derechos Humanos si entendiesen que se han vulnerado las garantías procesales del Estado de Derecho, del Rule of Law.

Tanto en el hipotético recurso ante el Constitucional, como, en su caso, ante el de Derechos Humanos, lo que únicamente puede dilucidarse es si las mencionadas garantías procesales se han respetado por el sistema judicial español. Las que se proclaman en el artículo 24 de la Constitución y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Constitucional podrá evaluar si ha existido una tutela judicial efectiva, si ha intervenido el juez ordinario predeterminado por la ley (uno de los asuntos mas controvertidos), si se ha garantizado una defensa real, un proceso con todas las garantías, la utilización de medios de pruebas pertinentes, la presunción de inocencia, etc… (art. 24 CE). También podrá evaluar si se ha respetado el artículo 6 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que protege el derecho a un proceso equitativo, ante un tribunal imparcial e independiente, con las garantías procesales propias de un Estado de Derecho.

Lo que no pueden hacer el Constitucional ni el de Derechos Humanos es entrar en el fondo de la tipificación penal. Si el fallo del Supremo condenara a las y los procesados, o a alguno, por haber cometido un determinado delito, ese fallo no sería revisable en cuanto a la tipificación de los hechos probados. O sea, que la calificación de las conductas imputadas con arreglo al Código Penal no se podrá modificar por el Constitucional ni por Estrasburgo. Porque no son tribunales ordinarios de apelación.

Por último, también ha de reiterarse que en el Estado español no hay ni pueden haber presos políticos, porque es un Estado constitucional de Derecho, que, por serlo, puede pertenecer a la Unión Europea, cuyo ordenamiento jurídico proclama como sus valores primordiales el Estado de Derecho, la democracia y los Derechos Fundamentales.

13.02.3018. Diario Sur de Málaga. La Tribuna

DEFENSA ACUSADORA

Los juzgados del ‘procés’ harían mal en negar la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho

El Tribunal Supremo dio inicio ayer al juicio de mayor alcance celebrado en España porque en él se sientan en el banquillo responsables del Estado autonómico acusados de valerse de su poder para desgajar Cataluña del resto del territorio nacional, por lo que habrían incurrido en los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación. La sesión demostró que la defensa de los encausados va orientada a cuestionar el carácter garantista y democrático del juicio mediante el establecimiento de un nexo indisoluble entre las condiciones en que se ha desarrollado la instrucción del sumario y las graves imputaciones que pesan sobre ellos. El letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva llegó a señalar que se habían «restringido» todos los derechos fundamentales que contempla la Constitución. Parece evidente que tales alegaciones no iban dirigidas tanto a los siete miembros de la Sala como a los integrantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia a la que los procesados tendrían el propósito de acceder en caso de ser condenados por el Supremo y desestimados sus recursos por parte del Constitucional. Pero, aun formando parte de los derechos de los acusados adoptar la estrategia de defensa que estimen, han de tener en cuenta que todo reproche hacia el procedimiento seguido que comporte un juicio de intenciones contra la actuación del Supremo se excedería de lo legítimo. Además, la acumulación de desacuerdos y quejas respecto a la misma no debería rebasar la línea de lo jurídicamente sostenible hasta convertirse en un alegato político que niegue la naturaleza democrática de nuestro Estado de Derecho. Porque por cuestionable que resulte, por ejemplo, la prisión provisional que afecta a nueve de los doce acusados, ésta ha sido acordada conforme a la ley. El abogado Andreu Van den Eynde se refirió al perjuicio que para la presunción de inocencia de los acusados suponían manifestaciones de responsables públicos en los que daban por sentada su condena. Una advertencia acertada puesto que es inadmisible que representantes institucionales se pronuncien de manera tan impropia antes de que dicte sentencia la Justicia. Pero si se ha generado un cierto estado de opinión escorado hacia la presunción de condena no son ajenas a ello las declaraciones de los propios acusados y de muchos de quienes dicen defender su inocencia. También cuando el independentismo ha exigido al Gobierno que procurase la absolución de los doce encausados. Un estado de opinión que será alimentado por cuantas señales den acusados y defensas de estar mirando, en realidad, al horizonte remoto de Estrasburgo.

12.02.2019. Editorial Vocento

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DEMOS78

Por si a alguien le interesa y aun no la ha escuchado. Creo que merece la pena la entrevista de hoy de Carlos Alsina a Torra, adjunto vídeo:

Video

Alsina es probablemente el periodista más fino de la radio española (en mi opinión) y, por ello, el más eficiente desmontando las falsedades independentistas. Los hay de florete, de sable y de hacha. Alsina es de florete. Es un entrevistador excelente, de técnica mayéutica,  que suele colocar a los entrevistados ante su propia realidad contradictoria. Con Torra lo borda.

 

La afirmación de Torra de que “la democracia está por encima de cualquier ley” es inadmisible y contradictoria puesto que si no puede haber ley legítima sin democracia (pongamos que eso es así), no puede haber acto político democrático sin respecto a la ley legítima (democrática). Al menos así lo creo (sería largo justificarlo).

De otro lado la democracia es también un sistema de formas y procedimientos o como dirían en ciencias naturales, de protocolos: no es posible jugar el partido estableciendo una de las partes el reglamento de juego, al tiempo que juega, ha de estar definido previamente por ambas partes, ha de ser inclusivo. Suponiendo un 50% de independentistas y otro tanto de no independentistas el “equipo” independentista no puede configurar el reglamento de juego derogando el existente (que sí se atiene al 100% de los “jugadores”). El equipo no independentista no lo está configurando cuando apela a la ley ya establecida democráticamente.  Esto es de Pero Grullo (la constitución española ha sido votada por todos y concretamente por amplísima mayoría de los catalanes).

Finalmente, se arroga  Torra la “representación” de Cataluña, lo que viene a equivaler en su discurso a la de todos los catalanes. Eso de que un gobierno represente a una nación (no me refiero a Cataluña) es una ficción, diríamos, necesaria para la operatividad, pero ficción. Es como cuando se dice que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, porque se parte de que todos “conocen” la ley. Es una ficción, imprescindible (hay casos en derecho penal de error del tipo o de la prohibición, de la ley, pero no es el caso) pero ficción al fin y al cabo porque es sabido que los españoles no dedican todos los días tres o cuatro horas a aprenderse de memoria el BOE y los BBOO autonómicos. Y aunque las dedicaran sería imposible que se los aprendieran y más imposible aún, si cabe, no fueran olvidándolos con el paso del tiempo. Una ficción, necesaria, pero ficción.  De igual modo, ningún gobierno, ninguno, representa en realidad a todos los ciudadanos, ni tutela todos los intereses.  Por eso son exigidas mayorías cualificadas para ciertos temas y por eso hay procedimiento gravosos para otros (por ejemplo las modificaciones constitucionales).

En realidad Torra representa al gobierno (partidario, como todos los gobiernos) de Cataluña, al ejecutivo, y en su caso concreto representa LITERALMENTE al interés del (pongamos) 50% (vamos a concederle un redondeo, porque a los fines del argumento da igual) de los catalanes. Ahí el fraude político de los independentistas, pues el ejecutivo tiene un mandato limitado por la ley (y por la lógica democrática) a temas de administración  y bajo el control parlamentario. Por tanto, Torra defrauda a la democracia (la usa con fines espurios y ajenos a la propia democracia) porque está excluyendo los legítimos intereses (más allá de la legalidad: intereses políticos puros y duros) del 50% de los ciudadanos catalanes y porque está abusando de su cargo (usándolo con fines no previstos legalmente dado que su función es administrar lo que hay). Por las dos cosas.  Esto es importante porque ha sido elegido para administrar (gobernar), no para cambiar España en su configuración territorial.

Ese arrogarse la representación de todos cuando ha sido elegido para administrar,  sabiendo que no representa a todos (al fin y al cabo es abogado con más precisión y sabe lo que hace), esa preponderancia del interés sectario (en su sentido de interés de una parte) sobre la ley democrática (inclusiva),  la contradicción señalada antes, la negación de la independencia judicial, unido a otros hechos como es –por ejemplo- la absoluta identificación que hace de pueblo y Generalidad (que no deja de ser una estructura estatal), el apoderamiento de los símbolos inclusivos con intención excluyente  y otros que sería prolijo enumerar y que actúan como síntomas de supremacismo, es lo que me hace considerar que hay un peligroso germen fascista en esa derecha catalana y que si consiguieran –finalmente- la independencia, los catalanes –en manos de éstos y de la extrema izquierda- las pasarían canutas.