Lucha contra la desinformación

El problema de las falsas noticias no puede ser resuelto mediante la limitación del debate público y la libertad de expresión. El remedio propuesto por un proyecto de ley sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa es peor que la enfermedad.

La difusión de noticias falsas mediante Internet causa daños extraordinarios, hasta hace poco insospechados. Abundan los ejemplos, pero el más notable es la elección estadounidense del 2016. Los servicios de inteligencia norteamericanos ya no tienen duda del esfuerzo desplegado para interferir en los comicios. Tan inquietante como la posible distorsión del resultado son los temas explotados para lograrla.

Las falsas noticias difundidas durante el proceso electoral avivaban los conflictos raciales, el temor a la inmigración y otras fuentes de odio y discordia. Cada grupo recibía informaciones atemorizantes y aptas para incitar el odio contra el otro. Las consecuencias son reales más allá del proceso electoral. Estados Unidos experimenta un resurgimiento del antisemitismo, la islamofobia y el rechazo al inmigrante. En varias ocasiones, los sentimientos innobles se han desbordado para producir manifestaciones violentas.

El problema de las falsas noticias no puede ser resuelto por medios capaces de limitar el debate político, la libertad de expresión y la de prensa

Las farsas de las redes sociales han llegado al extremo de negar hechos históricos, como la masacre de Sandy Hook, donde un demente mató a 20 niños de entre seis y siete años, además de seis adultos. Según las informaciones fraudulentas, todo fue un invento de la administración Obama para promover restricciones a la venta y portación de armas.

La crueldad de las mentiras y la credulidad de sus lectores convirtieron en blanco de amenazas a los padres que, en medio del sufrimiento, clamaron por reformas para impedir asesinatos masivos con uso de armas semiautomáticas. Las informaciones espurias los acusaban de fingir para hacerle el juego al gobierno.

Sobran los ejemplos, pero los dos citados muestran los efectos dañinos de las falsas noticias sobre el cuerpo político y, también, sobre los individuos. A nadie puede caber duda de la necesidad de reaccionar ante el fenómeno y combatirlo sin tregua. La mentira y sus consecuencias no distinguen entre naciones pequeñas y grandes, avanzadas o en desarrollo, ricas o pobres. Ningún país está a salvo, incluido el nuestro.

Sin embargo, el remedio no debe ser peor que la enfermedad, como sucede con un proyecto de ley sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa con intención de penalizar las falsas informaciones. La iniciativa propone la imposición de uno a cuatro años de prisión “a quien fabrique y difunda, a través de medios informáticos, una noticia falsa con el fin de afectar la decisión del electorado en un proceso de plebiscito, referéndum o elección nacional o extranjera.”

El peligro para la libertad de expresión salta a la vista. La línea entre verdad y mentira no siempre es clara y una pena de tanto calibre haría pensar dos veces antes de difundir una información que bien podría ser útil para el debate público. En el Reino Unido, el referéndum para decidir el abandono de la Unión Europea estuvo plagado de argumentos distanciados de la verdad, difundidos con más o menos mala fe para “afectar la decisión del electorado”.

Un caso notable fue el lema de Boris Johnson, destacado promotor del rompimiento, sobre el supuesto envío de 350 millones de libras semanales a Bruselas en lugar de invertirlas en el sistema de salud británico. La cifra fue desmentida a diestra y siniestra. El propio Johnson aceptó, después de la votación, su falta de correspondencia con la realidad. ¿Debió ser encarcelado? ¿Deben correr la misma suerte quienes difundieron la noticia, creyéndola de buena fe? ¿En qué consiste la “fabricación”? Si Johnson se hubiera limitado a plasmar la falsedad en su autobús de campaña, mil veces retratado en los medios de comunicación, no habría sido responsable de fabricarla y difundirla “a través de medios informáticos”, pero quienes la recogieran de buena fe en Internet sí habrían incurrido en la conducta punible descrita por el proyecto de ley, salvo que la palabra “fabricación” se refiera a la idea inicial surgida de la mente de Johnson.

En Costa Rica, Luis Guillermo Solís dijo en campaña que reduciría las tarifas eléctricas, se abstendría de promover impuestos en los primeros dos años de su mandato y negó la urgencia de la situación fiscal. Luego se dio cuenta de que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”. ¿Habría incurrido en la conducta punible descrita en el proyecto de ley cuando repitió esos ofrecimientos, manifiestamente divorciados de la verdad, por medios electrónicos y con el evidente propósito de afectar el resultado? ¿Y los partidarios que recogieron y difundieron esas afirmaciones?

El problema de las falsas noticias no puede ser resuelto por medios capaces de limitar el debate político, la libertad de expresión y la de prensa. Estados Unidos, uno de los países más afectados hasta la fecha, ha rehusado hacerlo. Hay muy buenos motivos. Desde la histórica sentencia del caso Sullivan, en 1964, quedó clara la imposibilidad de un debate democrático robusto si no tolera un grado de falsedad. Por eso, el Tribunal Constitucional Español sentenció: “De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio”.

En la otra acera, por donde transitan los regímenes autoritarios, el 2018 cerró con 28 comunicadores presos, acusados de difundir noticias falsas, dice el Comité para la Protección de Periodistas. Países como Ruanda, Marruecos y China no han dejado pasar la oportunidad de silenciar críticas con el argumento de combatir la falsedad.

03.02.2019. La Nación (Costa Rica) Editorial

Los ‘kurdos’ catalanes que amenazan a España desde el Kurdistán, identificados

Los servicios de inteligencia conocen quién es la pareja de independentistas que, armados con Kalashnikovs, anuncian en un vídeo que llevarán sus tácticas a Cataluña

01.02.2019. ECDConfidencial Digital

Se llaman a sí mismos “internacionalistas”, en referencia a las Brigadas Internacionales que llegaron a España para luchar en la Guerra Civil. Se trata de dos individuos, un hombre y una mujer, que aparecen en un vídeo tapados con un pañuelo que tan solo deja ver los ojos y lanzando amenazas contra nuestro país.

La estética está cuidada al detalle. Al fondo, un páramo semidesértico típico de la región del Kurdistán. En primer plano, los dos protagonistas, con uniforme militar de campaña y el patrón característico de las brigadas kurdas, chaleco porta-munición y fusilKalashnikov.

En perfecto catalán, la mujer comienza su discurso: “En nuestra tierra éramos parte de diferentes movimiento políticos”, que luchaban “en organizaciones de la clase trabajadora, en la lucha por viviendas dignas, por la igualdad de las mujeres, y también en la independencia de Cataluña”.

Todo el discurso va a intercalado de imágenes sobre algaradas y manifestaciones de colectivos independentistas y antifascistas en Cataluña, enfrentamientos con la policía, lanzamiento de objetos, contenedores quemados…

Aprender para cuando vuelvan a Cataluña

“Hemos venido aquí –continúa la proclama- a participar en la revolución de Rojava”, como se conoce al Kurdistán entre estos movimientos. Y en ese momento dejan caer la frase que más ha inquietado en los círculos de la inteligencia española: buscamos “adquirir un aprendizaje que el día de mañana revertiremos a Cataluña”.

“Nuestra lucha diaria contra el fascismo del estado español es hermana de la que ahora mismo disputa el pueblo kurdo contra el Estado Islámico y el estado de Turquía”, explican en el comunicado.

“Compañeros y compañeras, vosotros sabéis muy bien lo que es el fascismo, vosotros estáis viviendo a día de hoy las consecuencias del régimen del 39. Aún mandan los que nos pusieron en las cunetas, de los campos de refugiados en Francia, de los campos de fusilamiento, los campos de exterminio franquistas. No permitamos que esta revolución muera”, remata el hombre en el vídeo.

La inteligencia española les sigue la pista

La irrupción del mensaje, que fue colgado en la red YouTube el pasado 28 de enero por la plataforma ‘Solidarity Rojava’, no ha pillado por sorpresa a los servicios de inteligencia del Estado. Tal y como ha sabido ECD por fuentes bien situadas, a este grupo se le “seguía la pista” desde hace tiempo.

No son los primeros catalanes –ni españoles- que se unen a estos movimientos por la liberación del Kurdistán y acuden a la zona a luchar. El fenómeno se viene dando “desde hace décadas”, aunque a partir de 2014, con la irrupción del Estado Islámico, se intensificó.

Las fuerzas de seguridad del Estado tienen constancia de que, en estos momentos, hay “al menos una docena de españoles” en lucha activa en el Kurdistán. Todos comparten una ideología marxista-leninista.

Sin embargo, explican las voces consultadas, lo que ha llamado la atención en esta ocasión es el “mensaje de amenaza” que lanzan a España. Quieren traer la revolución a Cataluña y admiten que están en fase de aprendizaje para utilizar algún día, a su vuelta, su formación adquirida en el campo de batalla.

Una clara amenaza a España

En la inteligencia española entienden que se trata de una clara amenaza a España, por la que “deberán ser detenidos y procesados” en caso de que retornen a su país de origen en algún momento. Se une, además, al hecho de que hayan participado en un conflicto armado en el extranjero sin la autorización del Estado. Algo que pone en grave riesgo la neutralidad de España y los intereses nacionales.

En 2015 fueron detenidos en Madrid dos combatientes españoles que se unieron a las denominadas ‘Unidades de Protección Popular’, brazo armado del Comité Supremo Kurdo del Kurdistán sirio. Fueron puestos en libertad provisional acusados de integración en organización terrorista, ya que así figura en el listado oficial de la Unión Europea.

Estas imágenes han sido difundidas en círculos independentistas de los CDR y por Endavant, plataforma que forma parte de la CUP.

Siete Días en Política Exterior: Israel, Rusia, EE.UU. (Trump) y Grecia

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Declaración sobre el incumplimiento por parte de Rusia del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), emitido por el Consejo del Atlántico Norte, Bruselas, 1 de febrero de 2019

NATO Secretary General Jens Stoltenberg participates in the Plenary Session: The Future of the Transatlantic Alliance at the World Economic Forum in Davos Switzerland with Wolfgang Ischinger, Ursula von der Leyen, John F. Kerry, Jacek Czaputowicz, Kishore Mahbubani
  1. Después de casi seis años de compromiso de los Estados Unidos y los Aliados con Rusia, el 4 de diciembre de 2018, los Aliados de la OTAN declararon que Rusia ha desarrollado y desplegado un sistema de misiles, el 9M729, que viola el Tratado INF y presenta riesgos significativos para la seguridad euroatlántica. Los aliados apoyaron firmemente la conclusión de los Estados Unidos de que Rusia está incumpliendo sus obligaciones en virtud del Tratado INF y exhortó a Rusia a que regrese de manera urgente al cumplimiento total y verificable.
  2. Desde ese anuncio, los Estados Unidos y otros aliados han permanecido abiertos al diálogo y han comprometido a Rusia en su violación, incluso en una reunión del Consejo OTAN-Rusia el 25 de enero de 2019. Los aliados lamentan que Rusia, como parte de su patrón más amplio de comportamiento Continúa negando su violación del Tratado INF, se niega a proporcionar una respuesta creíble y no ha tomado medidas demostrables para volver a un cumplimiento completo y verificable.
  3. Como resultado, los Estados Unidos suspenden sus obligaciones en virtud del Tratado INF en respuesta a la infracción material de Rusia, y proporciona la notificación por escrito requerida de seis meses a las Partes del Tratado de su retiro conforme al Artículo XV del Tratado INF. Los Estados Unidos están tomando esta acción en respuesta a los riesgos significativos para la seguridad euroatlántica planteados por las pruebas, la producción y el despliegue de Rusia de los sistemas de misiles de crucero 9M729 lanzados desde tierra. Los aliados apoyan plenamente esta acción.
  4. A menos que Rusia cumpla con sus obligaciones en virtud del Tratado INF a través de la destrucción verificable de todos sus sistemas 9M729, por lo tanto, volverá al cumplimiento total y verificable antes de que la retirada de los Estados Unidos entre en vigencia en seis meses, Rusia será la única responsable del fin del Tratado.
  5. La OTAN continúa revisando de cerca las implicaciones de seguridad de los misiles rusos de alcance intermedio y seguirá tomando las medidas necesarias para garantizar la credibilidad y la eficacia de la postura general de disuasión y defensa de la Alianza. Continuaremos consultándonos regularmente para garantizar nuestra seguridad colectiva.
  6. Los aliados están firmemente comprometidos con la preservación del control internacional de armas efectivo, el desarme y la no proliferación. Por lo tanto, continuaremos defendiendo, apoyando y fortaleciendo aún más el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, como un elemento clave de la seguridad euroatlántica, teniendo en cuenta el entorno de seguridad prevaleciente.
  7. Continuamos aspirando a una relación constructiva con Rusia, cuando las acciones de Rusia lo hacen posible.
  8. Instamos a Rusia a utilizar los seis meses restantes para volver a un cumplimiento total y verificable para preservar el Tratado INF.

01.02.2019. Press Release. Statement on Russia’s failure to comply with the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty

España logra que la UE reconozca por primera vez a Gibraltar como “una colonia británica”

REPÚBLICA/AGENCIAS | 01/02/2019

Los países de la Unión Europea (UE) han señalado este viernes al territorio de Gibraltar como “colonia británica” en un documento en el que proponen que los británicos puedan viajar sin visado al espacio Schengen tras el Brexit, si realizan estancias cortas. Londres ha expresado su malestar y tacha la propuesta sobre medidas migratorias tras el Brexit de “completamente inaceptable”.

“Gibraltar es una colonia de la Corona británica. Hay una controversia entre España y el Reino Unido en cuanto a la soberanía de Gibraltar, un territorio para el cual se debe encontrar una solución a la luz de las resoluciones y decisiones relevantes de Naciones Unidas”, apunta una nota a pie de página del documento, que se ha hecho público este viernes.

El documento incluye a Gibraltar en la lista de territorios de ultramar británicos junto a otros como las Islas Caimán, las Malvinas o Anguila, si bien cuenta también con el añadido a pie de página para hacer referencia a la disputa entre España y el Reino Unido en cuanto a la soberanía del Peñón.

Fuentes diplomáticas apuntaron que Gibraltar figura en el listado de “territorios no autónomos pendientes de descolonización” de Naciones Unidas, por lo que la mención en el pie de página no supone ninguna novedad, y este mismo organismo recomienda que esta disputa se resuelva “mediante negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido”.

La propuesta, que recoge que los ciudadanos británicos puedan viajar sin necesidad de visado en el espacio Schengen durante noventa días en cualquier periodo de 180 jornadas, ha sido adoptada este viernes en una reunión de embajadores de los Veintiocho.

Fuentes comunitarias aclararon, por su parte, que los gibraltareños quedarán cubiertos en las mismas condiciones que los nacionales en Reino Unido por la regulación propuesta hoy por los países respecto a los visados para las estancias cortas en el territorio Schengen.

En virtud de los tratados europeos, las leyes comunitarias se aplican a Gibraltar en su condición de territorio europeo de cuyas relaciones externas es responsable un Estado miembro, por lo que dejarían de aplicarse automáticamente en el Peñón en el momento en el que el Reino Unido ya no forme parte de la UE.

No es la primera vez que Gibraltar es protagonista en las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues ya en noviembre España amenazó con bloquear el acuerdo del “brexit” al considerar que no daba garantías jurídicas suficientes de que el Gobierno español tendría la última palabra en cualquier futuro acuerdo con Gibraltar.

Finalmente, España se posicionó a favor del acuerdo tras conseguir un documento en el que los Veintisiete le aclararon por escrito las potenciales interpretaciones del artículo del acuerdo con que no estaban conformes.

El Ejecutivo comunitario presentó la propuesta legislativa sobre los visados el pasado 13 de noviembre. Si la retirada del Reino Unido se produce sin pacto el próximo 29 de marzo, fecha prevista del Brexit, esta iniciativa entraría en vigor el 30 de marzo.

Sin embargo, si se cierra un acuerdo, el plan se adoptaría tras la conclusión del periodo de transición, que en principio se prolongará desde la fecha en que Londres deje la UE hasta el 31 de diciembre de 2020 y durante el cual se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido.

01.02.2019. La República de las Ideas

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La UE definirá a Gibraltar como “colonia” por la presión de España si hay Brexit duro

Londres califica de “inaceptable” definirla de este modo porque “tiene una relación constitucional moderna y madura con Reino Unido”

spaña ha ganado otra pequeña batalla diplomática en Bruselas por el contencioso de Gibraltar. Un texto comunitario redactado por si se produce un Brexit duro define al Peñón como colonia, algo que Reino Unido considera “inaceptable”. El término figura en un documento acordado este viernes por los 27 socios que quedarán en la UE tras el Brexit que exime de visado a todos los británicos (incluidos los gibraltareños) para estancias cortas. España confía en que la etiqueta siente precedentes.

Un texto legal pensado para facilitar los flujos entre británicos y el resto de europeos en caso de salida abrupta de la UE ha sembrado la discordia en Reino Unido a cuenta de Gibraltar. Así lo ha hecho saber el representante británico ante el club comunitario. A pesar de ello, el texto está cerrado (aunque queda la ratificación definitiva), según explican fuentes de la negociación. En todo caso, esa modificación al reglamento de visados solo entrará en vigor si la salida británica se salda sin acuerdo, una hipótesis cada vez más probable, aunque no definitiva.

La ventaja de viajar sin visados se aplicará también a los ciudadanos del Peñón. Pero para consignarla, el documento aclara que se trata de una colonia británica. A petición de los representantes del Gobierno español, el texto incluye una nota a pie de página en la que se indica que “existe una controversia entre España y Reino Unido respecto a la soberanía de Gibraltar, un territorio para el que la solución debe ser alcanzada bajo la luz de las relevantes resoluciones y decisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas”, según ha podido confirmar este diario. La nota establece claramente que Gibraltar debe ser considerada “una colonia de la Corona británica”. La ONU considera el Peñón como “territorio no autónomo pendiente de descolonización”, pero Londres no comparte esa definición.

La clave de esta apostilla de inspiración española reside en un capítulo anterior del conflicto gibraltareño, que España considera una victoria aun más reseñable que esta. En los planes de contingencia que esbozó la Comisión Europea el pasado diciembre, había una mención explícita a que Gibraltar no formaba parte de los preparativos en caso de no acuerdo. Por eso, permitir que el Peñón se beneficiara, junto a Reino Unido, de la exención de visados requería otra referencia explícita. Aunque esa modificación del reglamento solo prosperará si finalmente Reino Unido sale de la UE sin red, España confía en que la denominación de colonia siente un precedente y se consolide en los textos comunitarios como etiqueta para Gibraltar. Preguntado sobre esta disputa, un portavoz de la Comisión Europea evitó este viernes pronunciarse en rueda de prensa.

El Gobierno de Reino Unido transmitió a EL PAÍS su posición ante el contenido del texto. “Gibraltar no es una colonia y es completamente inaceptable definirlo de este modo. Gibraltar forma parte de la familia de Reino Unido y tiene una relación constitucional moderna y madura con Reino Unido. Esta situación no cambiará por nuestra salida de la UE. Todas las partes deben respetar el deseo del pueblo de Gibraltar de ser británico”, explicó un portavoz.

Quejas de Picardo

También el Gobierno de Gibraltar expresó su disconformidad con estos términos, que considera anacrónicos. “El uso de semejante lenguaje, en caso de materializarse en los documentos finales, no ayuda a la creación de un clima de entendimiento y confianza entre Gibraltar y España a medida que nos preparamos para abandonar la UE”, afirmó en un comunicado el Ejecutivo que preside Fabián Picardo.

La nota a pie de página, según explica el diario Financial Times, es el fruto de un acuerdo entre Madrid y París. El Gobierno francés quiso acotar un texto previo que hacía referencia a la lista de Naciones Unidas de “territorios sin autogobierno […] sujetos a la descolonización”, en la que figura Gibraltar. El Elíseo mostró su inquietud porque la lista incluye también territorios como la Polinesia Francesa o Nueva Caledonia. La solución, centrada exclusivamente en la definición de Gibraltar, ha desatado los nervios en Downing Street.

España considera que la situación no debería ser objeto de controversia. Gibraltar constituye un territorio en disputa entre los dos Estados y ha sido objeto de más de un sinsabor durante la negociación del Brexit. Hasta ahora la Unión Europea, como club que albergaba tanto a España como a Reino Unido, había evitado el término colonia porque deseaba mantener la equidistancia en el conflicto. Una vez fuera del club —el escenario en el que se sitúa este documento europeo, concebido para trazar la política de visados en caso de Brexit abrupto—, Bruselas tendrá menos dificultades en alinearse con la lógica española.

El Gobierno de Pedro Sánchez, además, buscaba un ejercicio de reafirmación tras el revés que sufrió en el tratado del acuerdo de retirada, que incluyó “con nocturnidad y alevosía”, según lo definió en su momento el Ejecutivo, un artículo que traspasaba las líneas rojas de España en esta negociación: perder su derecho de veto en la extensión a la colonia británica de los beneficios del acuerdo de retirada. Finalmente se logró una solución aceptable para todos, pero con muchas dificultades. Tampoco en esta ocasión ha sido fácil poner por escrito un vocablo tan controvertido como el de colonia, explican las fuentes consultadas.

La voluntad de May de reabrir las negociaciones sobre el acuerdo del divorcio de la UE ha provocado advertencias en Londres de que otros países podrían aprovechar la oportunidad para visitar de nuevo asuntos pendientes. Y el ejemplo más evidente es el contencioso de Gibraltar. El Gobierno español ya amenazó, con éxito, el pasado noviembre con vetar la aprobación del acuerdo de retirada de Reino Unido si no se ofrecían garantías de que el estatus de este territorio permanecería al margen del acuerdo y sería objeto de negociaciones bilaterales entre Madrid y Londres.

Downing Street aceptó, a regañadientes, que se incluyeran varias declaraciones de las instituciones comunitarias para aclararlo, pero no ha dejado de expresar desde entonces su malestar con la presión española. May ha insistido en varias ocasiones en sede parlamentaria en la soberanía británica de Gibraltar y se ha visto obligada a lanzar guiños constantes de respaldo a Fabián Picardo, ministro principal del Peñón.

UN LARGO CAMINO HACIA EL ENCAJE FUTURO

España se juega en el Brexit mucho más que la relación con Gibraltar. El impacto que la salida británica pueda tener en sectores clave como el turismo o el comercio excede los efectos del contencioso con la colonia británica. Pero la oportunidad de crear una relación más equilibrada con el Peñón tras el divorcio se ha convertido en la principal demanda española en esta tortuosa negociación.

El texto pactado ayer tiene la importancia de constituir el primero con sello de la UE que etiqueta como colonia a ese pequeño territorio de 32.000 habitantes. En el fondo, la esperanza de todos los socios europeos es que nunca llegue a entrar en vigor porque se ha concebido solo en el caso de que el Brexit se salde sin acuerdo. Pese a todo, España considera que se trata de un paso trascendente, aunque la UE también ha dado algunas muestras de agotamiento respecto a la insistencia española en un dosier altamente tóxico en Reino Unido. El apoyo automático a nuevas demandas españolas de este tipo no está garantizado.

Si la retirada británica concluye sin apretón de manos, el Gobierno español confía en que rijan los memorandos de entendimiento que ha firmado con Reino Unido para poner orden en las áreas más sensibles. Esos cuatro documentos ya están firmados por ambas partes, pero nada garantiza que Londres mantenga su palabra si el diálogo con Bruselas salta por los aires. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no cesa de recalcar su validez aun en caso de Brexit abrupto. Fuentes jurídicas ligadas a la Administración arrojan dudas y apuntan a las referencias cruzadas que hay en ambos textos (el acuerdo de retirada alude a los memorandos y viceversa). Además, tres de esos acuerdos (referentes al tabaco, al medio ambiente y a la cooperación policial) aclaran que solo se aplicarían en el llamado periodo de transición (el que regirá desde el Brexit hasta el eventual acuerdo de relación futura entre Reino Unido y la UE). Sin pacto, tampoco habrá transición y, por tanto, esos textos pueden quedar en un limbo.

El único texto con vocación de permanencia es el referido a la circulación de ciudadanos (esencialmente, de esos más de 10.000 españoles que cruzan la verja cada día para trabajar). Incluso en el comunicado que emitió este viernes Gibraltar para lamentar el empleo del término colonia en los textos comunitarios, el Gobierno del Peñón dejaba patente que facilitará ese tránsito.

01.02.2019. El País. RAFA DE MIGUEL/LUCÍA ABELLÁN

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La UE apoya la reivindicación de España y define a Gibraltar como colonia británica

02.02.2019. ABC. Enrique Serbeto

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Enfado del Reino Unido contra la UE, porque define a Gibraltar como colonia británica

01.02.2019. RTVE. Video