España sigue siendo objetivo estratégico del terrorismo yihadista

 

30.11.2019. ABC. España ya tiene un mapa de riesgo de radicalización La herramienta, creada por el Citco, aplica variables a grupos de individuos, por Pablo Muñoz

26.11.2019. La Razón. Geografía del radicalismo en España Prepublicación de su libro «La España de Alá». Autor: Ignacio Cembrero

13.08.2018. El Confidencial. España sigue en la diana del yihadismo en el primer aniversario del 17-A Los atentados de Cataluña en agosto de 2017 no pusieron punto y final al riesgo. A los jefes policiales les inquietan los retornados de Siria e Irak y, sobre todo, los radicales residentes en España

13.08.2018. El Confidencial. Tres altos cargos de los Mossos se vieron con la CIA antes de los atentados del 17-A Trapero, director por aquel entonces de los Mossos, envió a Washington al comisario jefe de Información, Manel Castellví, así como al inspector Lluís Paradell y el sargento Daniel Canals

Los ‘kurdos’ catalanes que amenazan a España desde el Kurdistán, identificados

Los servicios de inteligencia conocen quién es la pareja de independentistas que, armados con Kalashnikovs, anuncian en un vídeo que llevarán sus tácticas a Cataluña

01.02.2019. ECDConfidencial Digital

Se llaman a sí mismos “internacionalistas”, en referencia a las Brigadas Internacionales que llegaron a España para luchar en la Guerra Civil. Se trata de dos individuos, un hombre y una mujer, que aparecen en un vídeo tapados con un pañuelo que tan solo deja ver los ojos y lanzando amenazas contra nuestro país.

La estética está cuidada al detalle. Al fondo, un páramo semidesértico típico de la región del Kurdistán. En primer plano, los dos protagonistas, con uniforme militar de campaña y el patrón característico de las brigadas kurdas, chaleco porta-munición y fusilKalashnikov.

En perfecto catalán, la mujer comienza su discurso: “En nuestra tierra éramos parte de diferentes movimiento políticos”, que luchaban “en organizaciones de la clase trabajadora, en la lucha por viviendas dignas, por la igualdad de las mujeres, y también en la independencia de Cataluña”.

Todo el discurso va a intercalado de imágenes sobre algaradas y manifestaciones de colectivos independentistas y antifascistas en Cataluña, enfrentamientos con la policía, lanzamiento de objetos, contenedores quemados…

Aprender para cuando vuelvan a Cataluña

“Hemos venido aquí –continúa la proclama- a participar en la revolución de Rojava”, como se conoce al Kurdistán entre estos movimientos. Y en ese momento dejan caer la frase que más ha inquietado en los círculos de la inteligencia española: buscamos “adquirir un aprendizaje que el día de mañana revertiremos a Cataluña”.

“Nuestra lucha diaria contra el fascismo del estado español es hermana de la que ahora mismo disputa el pueblo kurdo contra el Estado Islámico y el estado de Turquía”, explican en el comunicado.

“Compañeros y compañeras, vosotros sabéis muy bien lo que es el fascismo, vosotros estáis viviendo a día de hoy las consecuencias del régimen del 39. Aún mandan los que nos pusieron en las cunetas, de los campos de refugiados en Francia, de los campos de fusilamiento, los campos de exterminio franquistas. No permitamos que esta revolución muera”, remata el hombre en el vídeo.

La inteligencia española les sigue la pista

La irrupción del mensaje, que fue colgado en la red YouTube el pasado 28 de enero por la plataforma ‘Solidarity Rojava’, no ha pillado por sorpresa a los servicios de inteligencia del Estado. Tal y como ha sabido ECD por fuentes bien situadas, a este grupo se le “seguía la pista” desde hace tiempo.

No son los primeros catalanes –ni españoles- que se unen a estos movimientos por la liberación del Kurdistán y acuden a la zona a luchar. El fenómeno se viene dando “desde hace décadas”, aunque a partir de 2014, con la irrupción del Estado Islámico, se intensificó.

Las fuerzas de seguridad del Estado tienen constancia de que, en estos momentos, hay “al menos una docena de españoles” en lucha activa en el Kurdistán. Todos comparten una ideología marxista-leninista.

Sin embargo, explican las voces consultadas, lo que ha llamado la atención en esta ocasión es el “mensaje de amenaza” que lanzan a España. Quieren traer la revolución a Cataluña y admiten que están en fase de aprendizaje para utilizar algún día, a su vuelta, su formación adquirida en el campo de batalla.

Una clara amenaza a España

En la inteligencia española entienden que se trata de una clara amenaza a España, por la que “deberán ser detenidos y procesados” en caso de que retornen a su país de origen en algún momento. Se une, además, al hecho de que hayan participado en un conflicto armado en el extranjero sin la autorización del Estado. Algo que pone en grave riesgo la neutralidad de España y los intereses nacionales.

En 2015 fueron detenidos en Madrid dos combatientes españoles que se unieron a las denominadas ‘Unidades de Protección Popular’, brazo armado del Comité Supremo Kurdo del Kurdistán sirio. Fueron puestos en libertad provisional acusados de integración en organización terrorista, ya que así figura en el listado oficial de la Unión Europea.

Estas imágenes han sido difundidas en círculos independentistas de los CDR y por Endavant, plataforma que forma parte de la CUP.

Rebelión

Por Joaquín Luiz Ramírez, publicado en Diario Sur en Opinión

Había una vez un gran reino europeo del sur en el que, a pesar de la democracia, la justicia, la ley y la historia, algunos partidos llamados nacionalistas se oponían a su continuidad. Las razones esgrimidas por los a sí mismos considerados diferentes oscilaron entre la reivindicación de la cultura propia a la existencia de una lengua autóctona, pasando por la denuncia de una opresión realmente invisible. A estos partidos perteneció mucha gente inteligente, quizá envuelta en un determinado clima, algo cegato y ciertamente ensordecedor, difícil de describir, que intentó poner sus más convincentes argumentos a favor de su causa. Con todo pasaron muchas cosas y, aunque nunca conseguían ser mayoría, decidieron cortar por lo sano e imponer sus razones por encima de la ley y hasta de la convivencia. Hubo mucho y muy variado, por partir de alguna parte, la destrucción de un coche patrulla de la Guardia Civil y una turba en la calle que físicamente impidió que varios guardias civiles que, como policías judiciales, habían entrado a notificar a la Consejería de Economía, pudieran salir de allí durante muchas horas. Y hasta un 1 de octubre en que se quiso celebrar un referéndum que ninguna norma podía amparar. Los colegios electorales no fueron clausurados por los Mossos de Esquadra (Mozos de Escuadra -sic-) tal y como les dictó la orden judicial al efecto, nadie pudo ni supo encontrar las urnas chinas que los organizadores dispusieron para la perfomance y la Policía Nacional y la Guardia Civil no pudieron impedir que se diera la mostra ilegal. Hubo dos heridos graves y quizá quince, veinte o veinticinco leves, pero la ‘crida golpista’ dijo que fueron mil heridos, sin más; aún lo dice.

A resultas de todo ello, la justicia acusó a los que organizaron y promovieron el golpe fallido, aplicándoles la ley como corresponde a un estado de derecho. A la expresa negativa independentista de acatar las leyes españolas se sumó una auténtica oleada que argumentó -y hoy también lo hace- que estas leyes no han sido infringidas en absoluto. Negaron y niegan la rebelión, la sedición y también la malversación, que la conducta instruida por la justicia sea antijurídica y también que se trate de ninguna correspondiente descrita por el código penal y como tal tipificada.

Para la lógica secesionista basta hablar de ‘votar’ y de ‘democracia’ para determinar que la aplicación de la ley no ha lugar, basta hablar de que sus defendidos son ‘demócratas’ y ‘pacíficos’ para dictar que ni hay delito ni hubo violencia. Basta que algunos de sus políticos sean detenidos y cumplan prisión preventiva por orden judicial para que se trate de ‘presos políticos’. Hasta aquí el bloque constitucional, PP, PSOE y C’s, respaldó el cumplimiento de la Constitución y la ley, la instrucción y la marcha de los acontecimientos judiciales. Pero el cambio del rol de Sánchez con su arribada a Moncloa ya hoy parece que insta a modificar la música y hasta la letra de esta pieza. Pues, aunque el Partido Socialista es un partido constitucional, algunos de sus dirigentes -confundidos por el mito de lo irredento- han caído en la tentación de querer entender a los que hasta aquí y en puridad llamamos golpistas. Ello u otras variables, como algún compromiso secreto incluido en el pacto para votar la Moción de Censura… O, incluso la posibilidad de querer ganarse algún favor para poder aprobar los presupuestos.

La Abogacía del Estado ha obviado a bombo y platillo la querella por Rebelión, es el hecho. Y no se trata de prejuzgar, los analistas, los que opinamos, no calificamos ni juzgamos, pero vemos con nitidez como el Gobierno deserta parcialmente de su obligación. También a esta lamentable decisión quieren llamarle moderación y empatía, pero es irresponsabilidad, cobardía y abandono del deber.

A estas horas -según se sabe- la Fiscalía mantiene la acusación. Luego será lo que tenga que ser. El Tribunal Supremo juzga y sentencia. A Sánchez le encantaría indultar, si puede y si llega. España es un gran reino europeo del sur, democrático y social. España es un estado de derecho, todos estamos sometidos a la ley, una ley que aprueban las Cortes Generales a través de los representantes que el Pueblo Soberano elige votando en las urnas legales.

¿Cuándo aprenderemos?, por Rafael Esteve Secall

No aprendemos. El lenguaje no es inocuo ni las palabras son inocentes; están cargadas de intenciones espurias. ¿Por qué si no se llama postverdad a lo que simplemente son mentiras?

Lo digo porque somos – me refiero a los constitucionalistas- tan ingenuos  que hasta le hemos comprado las armas lingüísticas al enemigo independentista. Porque sí; Torra, sus secuaces y el mundo independentista catalán, son el enemigo interior de España que, una vez destruida la convivencia en Cataluña, quiere destruir también la del resto de España. Y no nos damos cuenta de la ventaja que les damos de partida. Ya nos ocurrió con ETA cuando, por ejemplo, utilizábamos el concepto “impuesto revolucionario” cuando la verdadera palabra era el chantaje, la extorsión o cualquier otro sinónimo. Aceptando el lenguaje del enemigo le damos la ventaja de extender un manto de legalidad y respetabilidad  a lo que simplemente es delito.

Esto mismo está ocurriendo con los golpistas catalanes –¡ay, Zapatero!- que no sólo engañan con mentiras permanentes a los catalanes, sino que –como la gota malaya-  acaban también por intoxicar a los bienintencionados españoles constitucionalistas.

Por ejemplo al comprar el concepto “choque de trenes”. Nunca ha habido ni habrá tal choque. Porque el tren de España tiene la vía expedita mientras que el de Cataluña va por otro lado y ha acabado en el tope de una vía muerta que se llama Constitución. Y ni España ni Europa, por mucho que se empeñe el independentismo catalán, quitarán nunca  ese tope porque se negarían  a sí mismas y volveríamos a las andadas del cáncer nacionalista que tantos muertos originó en el siglo XX.

Algo similar ocurre con el que ellos denominan “derecho a la autodeterminación”, que además de ser un insulto a los españoles –porque, razones jurídicas y legalidades aparte, aceptarlo sería admitir que Cataluña es una colonia ¡explotada! por el resto de España-, cubre de una cierta respetabilidad a lo que es en realidad, algo que suena bastante peor: el “derecho a la secesión”.

Por eso ante la matraca de la autodeterminación hay que responder permanentemente con la palabra secesión. Si ellos hacen oídos sordos a los razonamientos, hagamos nosotros igual. ¿Referéndum…  para la secesión? ¿Dónde se ha visto eso?  Y esto vale para los políticos, aunque ya sabemos que sus intereses personales o partidistas, prostituyen su lenguaje. Pero también, y de manera relevante, para los periodistas y medios de comunicación tan importantes en la batalla de la propaganda que no estamos dando. Y lo mismo podríamos decir de otros muchos conceptos. Bueno algo se está haciendo por combatir lo de los “presos políticos”, por la realidad de los “políticos presos”. Buena prueba de que el orden de los factores sí altera -y mucho- el producto.

No obstante, aparte de los golpistas declarados, hay en Cataluña una amplia red de catalanes muy respetables y  respetados en el resto de España que muy sibilinamente también utilizan el contrabando de las palabras y los conceptos para inocular el virus del independentismo. No quiero dar nombres  pero detrás de esas imágenes existe la deliberada intención de situar en pie de igualdad a Cataluña con España. Algo que nunca debemos cansarnos de repetir es una falacia histórica. El bonito “cuento” que colocan a quien ingenuamente se lo traga es el del matrimonio mal avenido que quiere un pacífico acuerdo de divorcio o cambiar las bases de su convivencia.

Sin embargo la realidad es que nunca existió tal matrimonio. Lo que ha habido es una familia que se articuló alrededor de una monarquía -que cambió de dinastía en un momento de la historia e incluso intentó un par de veces eliminarla-, a la que se llamó España, integrada por muchos hijos que  se fueron uniendo bajo las banderas de esa monarquía en pie de igualdad, con respeto a algunas diferencias, y que hemos aceptado la inmensa mayoría de los españoles. Y la hija Cataluña, que siempre fue díscola, trató permanentemente de beneficiarse lo más posible de la herencia que comparten todos los hijos, a costa de la herencia de los demás. Por tanto, si no hacemos pedagogía con la historia desgraciadamente –no solo en Cataluña sino en el resto de España- al menos batallemos para difundir nuestro cuento y no nos dejemos influir por el cuento catalán. Y siendo conscientes de que el sentimiento es muy difícil de combatir, utilicemos asimismo la racionalidad de los números y de los datos reales, que los hay, para desmontar las mentiras  que tantos se han tragado. Como hizo Borrell con su libro.

Finalmente, hay otra razón para no ceder ni un ápice en la obsesión del plano de igualdad entre Cataluña y España.  Escribo estos párrafos la víspera de la “minicumbre” de Barcelona por lo que ignoro qué ocurrirá mañana. Pero me parece un error más de Sánchez. Los independentistas nunca retrocederán un milímetro ya conquistado si no es por la fuerza del estado.  Por eso, cualquier milímetro que avanzan les da oxígeno para transmitir esperanza a los miles de catalanes que se sienten crecientemente defraudados y engañados por la milonga de la independencia cada vez más desvelada por el ejemplo de los problemas que el Brexit está planteando al Reino Unido. Por consiguiente,  cuanto antes se convenzan de que no conseguirán su objetivo, antes se saldrá del conflicto actual. Ceder algo aunque sea simplemente simbólico tiene la consecuencia de alargarlo y retrasar un final que no puede ser más que la derrota total de los actuales dirigentes independentistas.

Rafael Esteve Secall

Alfonso Guerra defiende aplicar «indefinidamente» el 155 en Cataluña «hasta que vuelva a cumplirse la legalidad»

17.12.2018. Diario Sur. Alfonso Guerra: «Al secesionismo hay que combatirlo con la fuerza»

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido aplicar «indefinidamente» el artículo 155 en Cataluña «hasta que vuelva a cumplirse la legalidad», al tiempo que considera «un error gravísimo» poner un límite temporal, porque el límite «es cuando vuelva la legalidad y hay que hacerlo controlando el dinero, la educación y los medios de comunicación», insiste.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha defendido aplicar «indefinidamente» el artículo 155 en Cataluña «hasta que vuelva a cumplirse la legalidad», al tiempo que considera «un error gravísimo» poner un límite temporal, porque el límite «es cuando vuelva la legalidad y hay que hacerlo controlando el dinero, la educación y los medios de comunicación», insiste.

Así se ha pronunciado Alfonso Guerra durante su participación en la mesa redonda ‘Una visión retrospectiva y una visión de futuro’, moderada por el periodista Miguel Ángel Aguilar, en el marco de las jornadas conmemorativas del 40 Aniversario de la Constitución Española, que se celebran este lunes y martes en la Casa de la Provinca en Sevilla.

En este sentido, Guerra ha afirmado que cuando «después del 98 viene la crisis de la monarquía, el fracaso de la república, una guerra larga y cruel y una dictadura larguísima, aparece aquí una generación que se pone de acuerdo en una Constitución que se hace por consenso, por una acuerdo general de todos».

«El consenso es el catálogo de renuncias que tienen que hacer todos los partidos para poder llegar a un acuerdo», subraya Guerra, que critica que algunos digan ahora que renunciar a aquellas cosas que hubo que renunciar «fue una traición, cuando en realidad es una hazaña de la que sentirse orgulloso».

Además, añade que «fue un ruptura con métodos reformistas». Pero, lamenta, «el ser humano tiene más pasión por adquirir lo que no tiene que por disfrutar lo que tiene, y eso ocurre también con la Constitución, en lugar de disfrutarla y desarrollarla, se ponen en contra».

«Pero claro –añade– esta Constitución fue aprobada por más del 92% de los diputados, más del 94% de los senadores y casi el 90% de todos los ciudadanos del país, y fue aprobada en todas las comunidades autónomas», y, añade, «por ejemplo en Cataluña fue aprobada por tres puntos más que la media de España». «La gente miente mucho, y si vas a los datos te das cuenta de que todo es una impostura y una falsificación», manifiesta.

Agrega que la Constitución española «fue recibida con una gran alegría» y asegura que «ahora hay zapadores de la Constitución que la quieren destrozar». «Hay 90 diputados en el Congreso que la quieren destruir, que son los nacionalistas y los de Unidos Podemos», asegura, e incide en que la Constitución «costó muchísimo».

Asimismo, ha afirmado que ahora se hacen muchas referencias a que estamos viviendo la experiencia de los años 30 y en cierta manera, añade, «es verdad», porque «las dos visiones que había de la democracia «se está viviendo en España». Así, asevera que «las democracias aclamativas son dictadura a las que se vota. Estamos en una democratura, que es una dictadura con votos, es decir, se vota pero es una dictadura.

Sobre Cataluña y el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el 21 de diciembre, Guerra ha apuntado que «no tiene muy claro que la política de hacer consejos aquí y allá tenga racionalidad, pero una vez tomada la decisión, lo que no es tolerable es que las autoridades que representan al Estado en el lugar donde va se coloquen enfrente; esta fuera de la Constitución y fuera del sentido común».

Y añade que «la gente se ha vuelto muy sensible y dice que el 155 es una amenaza cuando fue apoyado por unanimidad en la cámara y es un artículo como otro». «Llevo años diciendo que había que hacerlo ya», afirma contundente, y se pregunta «cómo va a ser inconstitucional aplicar el 155 indefinidamente hasta que vuelva a cumplirse la legalidad».

«No hay que poner dos meses como puso Mariano Rajoy, es un error gravísimo, porque el límite es cuando vuelva la legalidad», señala Guerra, que cuestionado sobre el PSOE catalán, Guerra ha afirmado que «hace mucho tiempo que el PSC mutó a una especie no identifica aún, porque no se sabe si tiene más porcentaje de socialistas o de nacionalistas».

«GOBERNAR ES ESTABLECER UN LISTADO DE PRIORIDADES»

Por último, el exvicepresidente del Gobierno ha subrayado que «el liderazgo no hay tienda donde comprarlo», y que «gobernar es decir sí y decir no, y establecer un listado de prioridades». «Hoy día no es así», y ha resaltado que en 2015 cuando se repitieron las elecciones «ser líder fue decir me voy a abstener», y que entonces el presidente de Asturias, Javier Fernández, «demostró ser un estadistas auténtico».

Por último, y sobre los medios de comunicación, Guerra ha criticado que «la información ha degenerado hacia un entretenimiento bufo y vulgar», aunque precisa que «confía en la capacidad de recepción de la gente».

17.12.2018. La Vanguardia, edición Sevilla

18.12.2018. La Nueva España

 

 

Sobre los delitos de rebelión y sedición

Por ENRIQUE GIMBERNAT. 29 NOV. 2018, en 29.11.2018. El Mundo

Si no me salen mal las cuentas, entre enero de 2013 y octubre de 2017, el Parlamento catalán ha aprobado cuatro leyes y seis resoluciones y su mesa ha acordado admitir a trámite, para su aprobación por la Cámara legislativa autonómica, en 10 ocasiones, propuestas de ley y de resoluciones parlamentarias abiertamente inconstitucionales, que estaban en contradicción con resoluciones judiciales previas del Tribunal Constitucional (TC), todas ellas con la finalidad de facilitar y de ejecutar los referéndums de independencia del 9 de noviembre de 2014 (el de las «urnas de cartón») y del 1 de octubre de 2017. Por su parte, y con la misma finalidad, el Gobierno de la Generalitat aprobó, en ese espacio de tiempo, cuatro decretos igualmente inconstitucionales.

Todas y cada una de esas normas y resoluciones legislativas y gubernativas de la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido, primero, suspendidas por -de nuevo, si no me salen mal las cuentas- nueve providencias del TC -muchas de ellas notificadas personalmente a los miembros de la mesa del Parlament, al secretario general del mismo, así como al president y a los consejeros del Govern, advirtiéndoles de que podrían incurrir en responsabilidad penal si no acataban tales suspensiones-, normas y disposiciones que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales y nulas por numerosas sentencias y autos del TC.

Hay que reconocerles al Parlamento y al Gobierno catalanes que no le plantearon al TC problema alguno de interpretación para declarar la inconstitucionalidad de tales normas y resoluciones autonómicas catalanas, pues todas ellas -con un descaro que está buscando, sin encontrarlo, su paralelo- se permitieron establecer, por sí y ante sí, por ejemplo, que el «proceso de desconexión democrática [de Cataluña] no [estaba supeditado] a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» (resolución 1/XI, de 2-11-2015, del Parlament), así como que quedaba derogada la Constitución Española (CE) (arts. 3 y 13 Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República). Para comprender que todas esas lunáticas y arrogantes disposiciones de un Parlament y de un Govern regionales son inconstitucionales, no hace falta, ciertamente, ser Ulpiano, sino que basta con saber leer y escribir.

Y por lo que se refiere a la igualmente lunática apelación a un inexistente derecho a decidir de Cataluña, y ya que se habla de derechos, todavía se busca a algún jurista catalanista que designe qué norma nacional o internacional de Derecho objetivo reconoce ese pretendido derecho. Desde luego, no se encuentra en el Derecho nacional, que no sólo no lo reconoce, sino que niega tajantemente su existencia en el art. 2º CE, según el cual, «[l]a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y, desde luego, que tampoco figura en el Derecho internacional, ya que la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas (Carta Magna de la Descolonización) reconoce el derecho de autodeterminación exclusivamente a las antiguas colonias, negando expresamente que se puedan acoger a tal derecho regiones como Cataluña: «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Principio 6 de la resolución 1514). Y ya que, en el mismo sentido, al ocuparse del derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas excluye, también expresamente, que ese derecho a decidir pueda «entender[se] en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes», que «estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color».

Como, por consiguiente, no existe ningún tribunal del mundo, ni nacional ni internacional, que pueda reconocerle a esa Comunidad autónoma un derecho a decidir no sólo inexistente, sino expresamente prohibido por las normas nacionales e internacionales, la independencia de Cataluña sólo se puede alcanzar por una de estas dos vías: bien pactando con el Gobierno central, bien por la fuerza de los tanques.

A la primera vía fue a la que acudió Escocia para celebrar -de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido- un referéndum vinculante de independencia que, finalmente, arrojó un resultado negativo para los secesionistas. Pero este pacto entre una región y el Poder Ejecutivo central -que permitía la legislación del Reino Unido- es imposible en España, porque, al contrario que en el Derecho anglosajón, el nuestro no faculta al Gobierno de la Nación a pactar tal referéndum, ya que, previamente a ese pacto, habría que derogar el ya citado art. 2º CE, algo que, aunque sea teóricamente posible, no lo es en la práctica, ya que esa reforma constitucional que permitiría la segregación de Cataluña, exigiría, entre otros requisitos (art. 168 CE), que fuera aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y, posteriormente, en un referéndum de ámbito nacional; como, al menos los llamados partidos constitucionalistas, se opondrían a esa reforma, nunca se alcanzarán esas dos mayorías de dos tercios y, aun en el inimaginable supuesto de que se alcanzaran, parece igualmente inimaginable que los españoles, en ese referéndum, se declararan a favor de una reforma constitucional que permitiera la independencia de Cataluña.

Descartada para Cataluña la posibilidad de alcanzar la independencia mediante un pacto con el Gobierno, la segunda y última posibilidad de alcanzar ese objetivo son los tanques. De esta vía existe en Europa un ejemplo reciente: el de Crimea, cuyo Parlamento aprobó el 11 de mayo de 2014 una declaración unilateral de independencia de Ucrania, incorporándose posteriormente Crimea a la Federación de Rusia en virtud de un referéndum celebrado el 16 de mayo. Ello fue posible porque en todo ese proceso independentista y en la posterior incorporación de Crimea a Rusia, los ejércitos de este país apoyaron la causa secesionista mediante importantes movilizaciones de su ejército por tierra, mar y aire. Como Cataluña no tiene ejército ni dispone de un país amigo que le preste sus tropas, de ahí que ese procedimiento de alcanzar la independencia quede igualmente descartado para esta Comunidad autónoma.

Como no existe ningún tribunal en el mundo que, en el caso de Cataluña, pueda reconocerle no sólo un inexistente, sino expresamente prohibido derecho a decidir, como un pacto entre el Gobierno central y el catalán que permitiera la independencia de Cataluña no puede llevarse a cabo sin la prácticamente imposible derogación previa del art. 2º CE, y como Cataluña ni tiene tanques ni existe nación alguna en el mundo que esté dispuesta a prestárselos, por ello la independencia de Cataluña es, para cualquiera que no haya perdido por completo su contacto con la realidad, un objetivo inalcanzable. Que, a pesar de esta evidencia, los políticos independentistas hayan movilizado a millones de catalanes en la persecución de una imposible independencia ha sido una imperdonable irresponsabilidad por la que un día -más o menos lejano- les pedirán cuentas tantos catalanes de buena fe que han sido miserablemente engañados.

Como se ha manifestado en alguna ocasión, en Europa los movimientos independentistas se caracterizan por que persiguen siempre la segregación de regiones que son más ricas que el resto del Estado en cuestión. Ello es lo que sucede con los partidos independentistas de Flandes (Interés Flamenco, Nueva Alianza Flamenca [N-VA]), que disfruta de una renta per capita muy superior a la del resto de Bélgica (Valonia), o con la Liga Norte (LN), que persigue la secesión de las restantes regiones menos favorecidas de Italia. Es decir: que lo que caracteriza a esos movimientos independentistas, aparte de su nacionalismo, ultraderechismo y xenofobia, es la insolidaridad, como lo pone igualmente de manifiesto que no se registre ningún movimiento independentista que provenga de las regiones más pobres de Europa. Como es sabido, son esos partidos europeos de ultraderecha (Interés Flamenco, N-VA y LN) los que prestan su máximo apoyo y hermanamiento a los secesionistas catalanes. Pero para confirmar que el movimiento secesionista catalán se caracteriza también por la xenofobia, ni siquiera hace falta indicar quiénes son sus amigos en Europa («dime con quien andas…»), sino que basta con reproducir únicamente algunas de las frases xenófobas pronunciadas en su día por quien ha sido elevado a la más alta magistratura de Cataluña por los partidos independentista PDeCAT, ERC y CUP, Quim Torra: «Ahora miras a tu país y vuelves a hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio… Hay algo freudiano en estas bestias. Un pequeño bache en su cadena de ADN ¡Pobres individuos!»; y en otro lugar: «España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente».

Esos sectores progresistas españoles, que ven con buenos ojos al independentismo catalán, algún día tendrán que explicar cómo han podido apoyar a un movimiento que niega dos de las señas de identidad fundamentales de la izquierda: el internacionalismo y la solidaridad.

Como he explicado ampliamente en dos artículos publicados anteriormente en EL MUNDO (los días 12-12-2017 y 31-7-2018), y a los que aquí me remito, y tal como se deduce de numerosas resoluciones del TS y de la Audiencia Nacional (AN), así como de los escritos del Ministerio Fiscal (MF) -ni siquiera hace falta acudir a ellos: basta con haber seguido la crisis catalana por los medios de comunicación-, lo sucedido en Cataluña es que una trama organizada en su día por el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y algunos miembros de la mesa de aquél, actuando todos ellos de común acuerdo con las mediatizadas organizaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI), así como con los mandos de los Mossos d’Esquadra, promovieron e hicieron posible, malversando fondos públicos, el referéndum ilegal del 1-O. En ese referéndum, y a pesar de que estaban cumpliendo órdenes judiciales, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fueron repelidos violentamente (resultaron heridos 58 de ellos), mediante murallas humanas, que se habían formado siguiendo los llamamientos de los brazos civiles del Govern ANC y Òmnium Cultural, los cuales, primero, intentaron impedirles -a veces con éxito- incautarse de las urnas y de las papeletas que se encontraban en los locales de votación, teniendo que enfrentarse, después, a otras murallas humanas que trataron de evitar que dichas urnas y papeletas fueran sacadas de los colegios electorales.

A estos enfrentamientos violentos de las muchedumbres con los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales contribuyeron decisivamente, como se deduce del escrito de conclusiones provisionales, de 7-11-2018, del MF ante la AN, los Mossos d’Esquadra, siguiendo las órdenes de sus mandos, entre ellos del consejero de Interior Forn -procesado por rebelión por el TS- («Los mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1-O») y del mayor Josep Lluís Trapero. En efecto, para el cumplimiento del auto de 27-9-2017 de la magistrada instructora del TSJ de Cataluña, que ordenaba a las Fuerzas de Seguridad «[e]l cierre de aquellas dependencias en que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1», así como «el requis[o] de todo el material relacionado con el referéndum», en las reuniones de coordinación mantenidas entre los cuerpos policiales se acordó que fueran los mossos los que primero intervinieran en los centros de votación, mientras que los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sólo actuarían a requerimiento de los mossos cuando esa primera actuación no fuera suficiente. Pero, de acuerdo con las órdenes recibidas de sus mandos, los mossos, engañando a los que habían dispuesto que su intervención fuera la primera, no hicieron nada ni por cerrar los locales, ni por impedir la entrada en ellos de los votantes, ni por retirar las urnas y las papeletas, de tal manera que, cuando avisaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sus efectivos se encontraron con locales abarrotados que permitieron la formación de murallas humanas, efectivos que, en cumplimiento de mandatos judiciales, intentaron reducir la resistencia antijurídica y violenta que oponían a las Fuerzas de Seguridad nacionales los integrantes de ANC y de Òmnium u otras personas que habían sido seducidas por dichas organizaciones. El alzamiento violento de quienes se opusieron a los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales no desaparece por los eventuales y ocasionales excesos que hayan podido cometer algunos de los efectivos de aquéllas, algo que está siendo investigado por diversos Juzgados de Cataluña, sin que hasta ahora se haya producido condena alguna, sino, por el contrario, siete sobreseimientos y una absolución, por entenderse que los agentes querellados habían actuado «necesaria y proporcionalmente» en el cumplimiento de las órdenes judiciales recibidas.

En mi artículo publicado en este periódico el 12-12-2017 mantenía que lo sucedido en Cataluña el 1-O integraba un delito de sedición, y no uno de rebelión en el sentido del art. 472.5º del Código Penal (CP) («Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional»), sobre la base del siguiente razonamiento: «En una primera aproximación al texto legal del art. 472.5º parece, en efecto, que los hechos anterior y resumidamente descritos integran un delito de rebelión, en cuanto que ha habido un alzamiento público y violento y en cuanto que se ha declarado la independencia de Cataluña. Pero esta primera interpretación no puede prevalecer, porque dichos actos violentos y multitudinarios solo estaban dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O en el que lo que se les preguntaba a los votantes era: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?. Pero ese referéndum no supuso todavía una declaración de independencia, por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad al y durante el 1-O. Cierto que también se ha producido una declaración de independencia, pero ésta se proclamó en una inconstitucional votación, celebrada en el Parlament el 27 de octubre, para la cual no fue necesaria -ni se produjo- manifestación alguna violenta, ya que, para aprobarla, bastaba con la simple y en sí pacífica acción de depositar un voto en una urna dispuesta al efecto».

No puedo seguir manteniendo esta interpretación de que aquí estamos ante un delito de sedición y no de rebelión. El art. 472.5º no tipifica como rebelión «la declaración de independencia» mediante un alzamiento violento y público, sino que basta con que tal alzamiento vaya dirigido al «fin» de declararla, que es precisamente lo acontecido el 1-O: porque las acciones violentas que ese día se desarrollaron en Cataluña tenían como «fin», en efecto, no votar afirmativamente al referéndum por el referéndum mismo, sino «declarar» la independencia, para lo cual era requisito imprescindible que previamente triunfara en la consulta la opción secesionista, puesto que, según el art. 4.2 de la inconstitucional Ley catalana del Referéndum, «[e]l Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales de la Sindicatura Electoral, procederá a la declaración formal de independencia de Cataluña».

En consecuencia, abandono mi posición mantenida en mi artículo de 12-12-2017 y me muestro ahora de acuerdo con el auto de 21-3-2018 del juez Pablo Llarena que declara procesados por un delito de rebelión a los políticos independentistas allí enumerados, así como con los escritos de conclusiones provisionales, de 2-11-2018, del MF ante el TS y ante la AN, declarando este último que los hechos atribuidos a los mandos de los mossos (Puig, Soler, Trapero y Laplana) son constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.5 y 7 y 473.1 CP.

Recientemente, y a raíz de los escritos de conclusiones provisionales del MF ante el TS y ante la AN, se ha puesto a la firma un Manifiesto (Banalización de los delitos de rebelión y de sedición), que ha sido suscrito predominantemente por juristas catalanes -entre ellos, el abogado Francesc Homs, antiguo portavoz del Govern y condenado por el TS por un delito de desobediencia en relación con el referéndum de 9-11-2014-, en el que se niega la concurrencia de un delito de rebelión en los acontecimientos del 1-O en Cataluña sobre la base de un argumento que no puede convencer. En dicho Manifiesto se apela a la STC 198/1987 (sic: en realidad se trata de la STC 199/1987, de 16 de diciembre), según las cual, «[p]or definición la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso de armas de guerra o explosivos». Pero lo manifestado por la STC 199/1987 carece actualmente de vigencia, porque se dictó sobre la base de una regulación del delito de rebelión que ya no es la que rige para el CP actual. Para el CP ahora vigente es imposible mantener que sólo existe rebelión cuando los autores tienen «el propósito de uso de armas de fuego o explosivos»; ello se sigue de que, como el art. 473.1 CP contiene un tipo agravado de rebelión cuando en ésta «se han esgrimido armas», de ahí se sigue, en virtud de un elemental argumento a contrario, que las restantes modalidades de rebelión se caracterizan, negativamente, porque no se han esgrimido armas.

Además, el Manifiesto rechaza también la concurrencia de un delito de sedición «debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley». Contra esto hay que decir que, como he tratado de demostrar en este artículo y en los dos anteriores publicados en EL MUNDO de 12-12-2017 y 31-7-2018, lo que sobran son precisamente indicios de que los alzamientos violentos y públicos del 1-O sólo fueron posibles porque los procesados organizaron y financiaron un referéndumdel que sabían que, con la intervención de común acuerdo de ANC y de Òmnium, y la imprescindible colaboración de los mossos, necesariamente se iban a producir enfrentamientos violentos entre las muchedumbres dirigidas por esas organizaciones que se opondrían a las órdenes judiciales cuyo cumplimiento había sido encomendado a las Fuerzas de Seguridad. Por lo demás, esa violencia provocada por la trama golpista no es subsumible en el art. 544 («sedición»), ya que no se ejerció únicamente para «impedir… resoluciones judiciales», sino en el delito de rebelión -que absorbe al de sedición-, porque, como ya he expuesto anteriormente, persiguió el «fin» de «declarar la independencia» de Cataluña.

Uno de los fines del Derecho penal es el de la prevención general, es decir: que, aplicando la pena prevista para un delito a quien lo ha cometido, se trata de disuadir al mayor número de ciudadanos posibles de que no incurran en el mismo delito, por miedo a tener que sufrir la pena que van a padecer -o que ya están padeciendo- los que se atrevieron a infringir el CP. Cuando se pide el cese de la prisión provisional por rebelión para los políticos catalanes procesados, o la aplicación del indulto para el caso de que sean condenados, se está renunciando, con ello, a la función preventivo-general del Derecho penal. Porque si los procesados por rebelión ni siquiera van a estar presos hasta que se celebre el juicio y si, caso de ser condenados, van a ser puestos en libertad mediante los correspondientes indultos, con ello se envía el mensaje de que la rebelión sale gratis y tendremos en Cataluña, en el futuro, un golpe de Estado un año sí y otro también. De hecho, el que los políticos independentistas se encuentren en prisión y se enfrenten a muy graves penas, y que otros hayan huido para eludir sus responsabilidades, ya está desplegando sus efectos preventivo-generales, porque lo único que explica que los actuales dirigentes catalanes -desde Torra hasta Torrent-, a pesar de sus discursos incendiarios, se cuiden muy mucho de ejecutar actos, es porque saben que podrían tener consecuencias penales, tales como las que están sufriendo y se enfrentan a sufrir sus compañeros de partido procesados.

El huevo de la serpiente del secesionismo catalán tendría que haber sido combatido con la aplicación del art. 155 CE, antes de que eclosionase. Pero, a pesar de la catarata de normas inconstitucionales que se fueron dictando desde enero de 2013 a septiembre de 2017, el Gobierno del PP se resistió a aplicarlo, lo que habría evitado males mayores. Y la supuesta explicación de que, si no se hizo, fue porque los partidos constitucionalistas PSOE y Ciudadanos no respaldaban esa aplicación, entonces ello no puede servir de excusa al Gobierno del PP, sino que sólo condiciona que ese mismo reproche se extienda también a aquellos dos partidos.

En la crisis catalana sólo han estado en su sitio tres instituciones: la Sala de lo Penal del TS, la Fiscalía General del Estado y… (a mí, que llevo la República en mi ADN, si me hubieran dicho hace 40 o 30 o tan sólo dos años que iba a escribir lo que figura a continuación, no me lo hubiera creído) la actual Monarquía.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Sus últimos libros son El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdF, 2017) y El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018); en el primero se contiene también una Autosemblanza del autor y en el segundo, muchos de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años