Sobre los delitos de rebelión y sedición

Por ENRIQUE GIMBERNAT. 29 NOV. 2018, en 29.11.2018. El Mundo

Si no me salen mal las cuentas, entre enero de 2013 y octubre de 2017, el Parlamento catalán ha aprobado cuatro leyes y seis resoluciones y su mesa ha acordado admitir a trámite, para su aprobación por la Cámara legislativa autonómica, en 10 ocasiones, propuestas de ley y de resoluciones parlamentarias abiertamente inconstitucionales, que estaban en contradicción con resoluciones judiciales previas del Tribunal Constitucional (TC), todas ellas con la finalidad de facilitar y de ejecutar los referéndums de independencia del 9 de noviembre de 2014 (el de las “urnas de cartón”) y del 1 de octubre de 2017. Por su parte, y con la misma finalidad, el Gobierno de la Generalitat aprobó, en ese espacio de tiempo, cuatro decretos igualmente inconstitucionales.

Todas y cada una de esas normas y resoluciones legislativas y gubernativas de la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido, primero, suspendidas por -de nuevo, si no me salen mal las cuentas- nueve providencias del TC -muchas de ellas notificadas personalmente a los miembros de la mesa del Parlament, al secretario general del mismo, así como al president y a los consejeros del Govern, advirtiéndoles de que podrían incurrir en responsabilidad penal si no acataban tales suspensiones-, normas y disposiciones que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales y nulas por numerosas sentencias y autos del TC.

Hay que reconocerles al Parlamento y al Gobierno catalanes que no le plantearon al TC problema alguno de interpretación para declarar la inconstitucionalidad de tales normas y resoluciones autonómicas catalanas, pues todas ellas -con un descaro que está buscando, sin encontrarlo, su paralelo- se permitieron establecer, por sí y ante sí, por ejemplo, que el «proceso de desconexión democrática [de Cataluña] no [estaba supeditado] a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» (resolución 1/XI, de 2-11-2015, del Parlament), así como que quedaba derogada la Constitución Española (CE) (arts. 3 y 13 Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República). Para comprender que todas esas lunáticas y arrogantes disposiciones de un Parlament y de un Govern regionales son inconstitucionales, no hace falta, ciertamente, ser Ulpiano, sino que basta con saber leer y escribir.

Y por lo que se refiere a la igualmente lunática apelación a un inexistente derecho a decidir de Cataluña, y ya que se habla de derechos, todavía se busca a algún jurista catalanista que designe qué norma nacional o internacional de Derecho objetivo reconoce ese pretendido derecho. Desde luego, no se encuentra en el Derecho nacional, que no sólo no lo reconoce, sino que niega tajantemente su existencia en el art. 2º CE, según el cual, “[l]a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y, desde luego, que tampoco figura en el Derecho internacional, ya que la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas (Carta Magna de la Descolonización) reconoce el derecho de autodeterminación exclusivamente a las antiguas colonias, negando expresamente que se puedan acoger a tal derecho regiones como Cataluña: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Principio 6 de la resolución 1514). Y ya que, en el mismo sentido, al ocuparse del derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas excluye, también expresamente, que ese derecho a decidir pueda “entender[se] en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes”, que “estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

Como, por consiguiente, no existe ningún tribunal del mundo, ni nacional ni internacional, que pueda reconocerle a esa Comunidad autónoma un derecho a decidir no sólo inexistente, sino expresamente prohibido por las normas nacionales e internacionales, la independencia de Cataluña sólo se puede alcanzar por una de estas dos vías: bien pactando con el Gobierno central, bien por la fuerza de los tanques.

A la primera vía fue a la que acudió Escocia para celebrar -de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido- un referéndum vinculante de independencia que, finalmente, arrojó un resultado negativo para los secesionistas. Pero este pacto entre una región y el Poder Ejecutivo central -que permitía la legislación del Reino Unido- es imposible en España, porque, al contrario que en el Derecho anglosajón, el nuestro no faculta al Gobierno de la Nación a pactar tal referéndum, ya que, previamente a ese pacto, habría que derogar el ya citado art. 2º CE, algo que, aunque sea teóricamente posible, no lo es en la práctica, ya que esa reforma constitucional que permitiría la segregación de Cataluña, exigiría, entre otros requisitos (art. 168 CE), que fuera aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y, posteriormente, en un referéndum de ámbito nacional; como, al menos los llamados partidos constitucionalistas, se opondrían a esa reforma, nunca se alcanzarán esas dos mayorías de dos tercios y, aun en el inimaginable supuesto de que se alcanzaran, parece igualmente inimaginable que los españoles, en ese referéndum, se declararan a favor de una reforma constitucional que permitiera la independencia de Cataluña.

Descartada para Cataluña la posibilidad de alcanzar la independencia mediante un pacto con el Gobierno, la segunda y última posibilidad de alcanzar ese objetivo son los tanques. De esta vía existe en Europa un ejemplo reciente: el de Crimea, cuyo Parlamento aprobó el 11 de mayo de 2014 una declaración unilateral de independencia de Ucrania, incorporándose posteriormente Crimea a la Federación de Rusia en virtud de un referéndum celebrado el 16 de mayo. Ello fue posible porque en todo ese proceso independentista y en la posterior incorporación de Crimea a Rusia, los ejércitos de este país apoyaron la causa secesionista mediante importantes movilizaciones de su ejército por tierra, mar y aire. Como Cataluña no tiene ejército ni dispone de un país amigo que le preste sus tropas, de ahí que ese procedimiento de alcanzar la independencia quede igualmente descartado para esta Comunidad autónoma.

Como no existe ningún tribunal en el mundo que, en el caso de Cataluña, pueda reconocerle no sólo un inexistente, sino expresamente prohibido derecho a decidir, como un pacto entre el Gobierno central y el catalán que permitiera la independencia de Cataluña no puede llevarse a cabo sin la prácticamente imposible derogación previa del art. 2º CE, y como Cataluña ni tiene tanques ni existe nación alguna en el mundo que esté dispuesta a prestárselos, por ello la independencia de Cataluña es, para cualquiera que no haya perdido por completo su contacto con la realidad, un objetivo inalcanzable. Que, a pesar de esta evidencia, los políticos independentistas hayan movilizado a millones de catalanes en la persecución de una imposible independencia ha sido una imperdonable irresponsabilidad por la que un día -más o menos lejano- les pedirán cuentas tantos catalanes de buena fe que han sido miserablemente engañados.

Como se ha manifestado en alguna ocasión, en Europa los movimientos independentistas se caracterizan por que persiguen siempre la segregación de regiones que son más ricas que el resto del Estado en cuestión. Ello es lo que sucede con los partidos independentistas de Flandes (Interés Flamenco, Nueva Alianza Flamenca [N-VA]), que disfruta de una renta per capita muy superior a la del resto de Bélgica (Valonia), o con la Liga Norte (LN), que persigue la secesión de las restantes regiones menos favorecidas de Italia. Es decir: que lo que caracteriza a esos movimientos independentistas, aparte de su nacionalismo, ultraderechismo y xenofobia, es la insolidaridad, como lo pone igualmente de manifiesto que no se registre ningún movimiento independentista que provenga de las regiones más pobres de Europa. Como es sabido, son esos partidos europeos de ultraderecha (Interés Flamenco, N-VA y LN) los que prestan su máximo apoyo y hermanamiento a los secesionistas catalanes. Pero para confirmar que el movimiento secesionista catalán se caracteriza también por la xenofobia, ni siquiera hace falta indicar quiénes son sus amigos en Europa (“dime con quien andas…”), sino que basta con reproducir únicamente algunas de las frases xenófobas pronunciadas en su día por quien ha sido elevado a la más alta magistratura de Cataluña por los partidos independentista PDeCAT, ERC y CUP, Quim Torra: “Ahora miras a tu país y vuelves a hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio… Hay algo freudiano en estas bestias. Un pequeño bache en su cadena de ADN ¡Pobres individuos!”; y en otro lugar: “España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente”.

Esos sectores progresistas españoles, que ven con buenos ojos al independentismo catalán, algún día tendrán que explicar cómo han podido apoyar a un movimiento que niega dos de las señas de identidad fundamentales de la izquierda: el internacionalismo y la solidaridad.

Como he explicado ampliamente en dos artículos publicados anteriormente en EL MUNDO (los días 12-12-2017 y 31-7-2018), y a los que aquí me remito, y tal como se deduce de numerosas resoluciones del TS y de la Audiencia Nacional (AN), así como de los escritos del Ministerio Fiscal (MF) -ni siquiera hace falta acudir a ellos: basta con haber seguido la crisis catalana por los medios de comunicación-, lo sucedido en Cataluña es que una trama organizada en su día por el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y algunos miembros de la mesa de aquél, actuando todos ellos de común acuerdo con las mediatizadas organizaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI), así como con los mandos de los Mossos d’Esquadra, promovieron e hicieron posible, malversando fondos públicos, el referéndum ilegal del 1-O. En ese referéndum, y a pesar de que estaban cumpliendo órdenes judiciales, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fueron repelidos violentamente (resultaron heridos 58 de ellos), mediante murallas humanas, que se habían formado siguiendo los llamamientos de los brazos civiles del Govern ANC y Òmnium Cultural, los cuales, primero, intentaron impedirles -a veces con éxito- incautarse de las urnas y de las papeletas que se encontraban en los locales de votación, teniendo que enfrentarse, después, a otras murallas humanas que trataron de evitar que dichas urnas y papeletas fueran sacadas de los colegios electorales.

A estos enfrentamientos violentos de las muchedumbres con los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales contribuyeron decisivamente, como se deduce del escrito de conclusiones provisionales, de 7-11-2018, del MF ante la AN, los Mossos d’Esquadra, siguiendo las órdenes de sus mandos, entre ellos del consejero de Interior Forn -procesado por rebelión por el TS- (“Los mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1-O”) y del mayor Josep Lluís Trapero. En efecto, para el cumplimiento del auto de 27-9-2017 de la magistrada instructora del TSJ de Cataluña, que ordenaba a las Fuerzas de Seguridad “[e]l cierre de aquellas dependencias en que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1”, así como “el requis[o] de todo el material relacionado con el referéndum”, en las reuniones de coordinación mantenidas entre los cuerpos policiales se acordó que fueran los mossos los que primero intervinieran en los centros de votación, mientras que los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sólo actuarían a requerimiento de los mossos cuando esa primera actuación no fuera suficiente. Pero, de acuerdo con las órdenes recibidas de sus mandos, los mossos, engañando a los que habían dispuesto que su intervención fuera la primera, no hicieron nada ni por cerrar los locales, ni por impedir la entrada en ellos de los votantes, ni por retirar las urnas y las papeletas, de tal manera que, cuando avisaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sus efectivos se encontraron con locales abarrotados que permitieron la formación de murallas humanas, efectivos que, en cumplimiento de mandatos judiciales, intentaron reducir la resistencia antijurídica y violenta que oponían a las Fuerzas de Seguridad nacionales los integrantes de ANC y de Òmnium u otras personas que habían sido seducidas por dichas organizaciones. El alzamiento violento de quienes se opusieron a los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales no desaparece por los eventuales y ocasionales excesos que hayan podido cometer algunos de los efectivos de aquéllas, algo que está siendo investigado por diversos Juzgados de Cataluña, sin que hasta ahora se haya producido condena alguna, sino, por el contrario, siete sobreseimientos y una absolución, por entenderse que los agentes querellados habían actuado “necesaria y proporcionalmente” en el cumplimiento de las órdenes judiciales recibidas.

En mi artículo publicado en este periódico el 12-12-2017 mantenía que lo sucedido en Cataluña el 1-O integraba un delito de sedición, y no uno de rebelión en el sentido del art. 472.5º del Código Penal (CP) (“Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”), sobre la base del siguiente razonamiento: “En una primera aproximación al texto legal del art. 472.5º parece, en efecto, que los hechos anterior y resumidamente descritos integran un delito de rebelión, en cuanto que ha habido un alzamiento público y violento y en cuanto que se ha declarado la independencia de Cataluña. Pero esta primera interpretación no puede prevalecer, porque dichos actos violentos y multitudinarios solo estaban dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O en el que lo que se les preguntaba a los votantes era: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?. Pero ese referéndum no supuso todavía una declaración de independencia, por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad al y durante el 1-O. Cierto que también se ha producido una declaración de independencia, pero ésta se proclamó en una inconstitucional votación, celebrada en el Parlament el 27 de octubre, para la cual no fue necesaria -ni se produjo- manifestación alguna violenta, ya que, para aprobarla, bastaba con la simple y en sí pacífica acción de depositar un voto en una urna dispuesta al efecto».

No puedo seguir manteniendo esta interpretación de que aquí estamos ante un delito de sedición y no de rebelión. El art. 472.5º no tipifica como rebelión «la declaración de independencia» mediante un alzamiento violento y público, sino que basta con que tal alzamiento vaya dirigido al «fin» de declararla, que es precisamente lo acontecido el 1-O: porque las acciones violentas que ese día se desarrollaron en Cataluña tenían como “fin”, en efecto, no votar afirmativamente al referéndum por el referéndum mismo, sino “declarar” la independencia, para lo cual era requisito imprescindible que previamente triunfara en la consulta la opción secesionista, puesto que, según el art. 4.2 de la inconstitucional Ley catalana del Referéndum, “[e]l Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales de la Sindicatura Electoral, procederá a la declaración formal de independencia de Cataluña”.

En consecuencia, abandono mi posición mantenida en mi artículo de 12-12-2017 y me muestro ahora de acuerdo con el auto de 21-3-2018 del juez Pablo Llarena que declara procesados por un delito de rebelión a los políticos independentistas allí enumerados, así como con los escritos de conclusiones provisionales, de 2-11-2018, del MF ante el TS y ante la AN, declarando este último que los hechos atribuidos a los mandos de los mossos (Puig, Soler, Trapero y Laplana) son constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.5 y 7 y 473.1 CP.

Recientemente, y a raíz de los escritos de conclusiones provisionales del MF ante el TS y ante la AN, se ha puesto a la firma un Manifiesto (Banalización de los delitos de rebelión y de sedición), que ha sido suscrito predominantemente por juristas catalanes -entre ellos, el abogado Francesc Homs, antiguo portavoz del Govern y condenado por el TS por un delito de desobediencia en relación con el referéndum de 9-11-2014-, en el que se niega la concurrencia de un delito de rebelión en los acontecimientos del 1-O en Cataluña sobre la base de un argumento que no puede convencer. En dicho Manifiesto se apela a la STC 198/1987 (sic: en realidad se trata de la STC 199/1987, de 16 de diciembre), según las cual, “[p]or definición la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso de armas de guerra o explosivos”. Pero lo manifestado por la STC 199/1987 carece actualmente de vigencia, porque se dictó sobre la base de una regulación del delito de rebelión que ya no es la que rige para el CP actual. Para el CP ahora vigente es imposible mantener que sólo existe rebelión cuando los autores tienen «el propósito de uso de armas de fuego o explosivos”; ello se sigue de que, como el art. 473.1 CP contiene un tipo agravado de rebelión cuando en ésta “se han esgrimido armas”, de ahí se sigue, en virtud de un elemental argumento a contrario, que las restantes modalidades de rebelión se caracterizan, negativamente, porque no se han esgrimido armas.

Además, el Manifiesto rechaza también la concurrencia de un delito de sedición “debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley”. Contra esto hay que decir que, como he tratado de demostrar en este artículo y en los dos anteriores publicados en EL MUNDO de 12-12-2017 y 31-7-2018, lo que sobran son precisamente indicios de que los alzamientos violentos y públicos del 1-O sólo fueron posibles porque los procesados organizaron y financiaron un referéndumdel que sabían que, con la intervención de común acuerdo de ANC y de Òmnium, y la imprescindible colaboración de los mossos, necesariamente se iban a producir enfrentamientos violentos entre las muchedumbres dirigidas por esas organizaciones que se opondrían a las órdenes judiciales cuyo cumplimiento había sido encomendado a las Fuerzas de Seguridad. Por lo demás, esa violencia provocada por la trama golpista no es subsumible en el art. 544 (“sedición”), ya que no se ejerció únicamente para “impedir… resoluciones judiciales”, sino en el delito de rebelión -que absorbe al de sedición-, porque, como ya he expuesto anteriormente, persiguió el “fin” de «declarar la independencia» de Cataluña.

Uno de los fines del Derecho penal es el de la prevención general, es decir: que, aplicando la pena prevista para un delito a quien lo ha cometido, se trata de disuadir al mayor número de ciudadanos posibles de que no incurran en el mismo delito, por miedo a tener que sufrir la pena que van a padecer -o que ya están padeciendo- los que se atrevieron a infringir el CP. Cuando se pide el cese de la prisión provisional por rebelión para los políticos catalanes procesados, o la aplicación del indulto para el caso de que sean condenados, se está renunciando, con ello, a la función preventivo-general del Derecho penal. Porque si los procesados por rebelión ni siquiera van a estar presos hasta que se celebre el juicio y si, caso de ser condenados, van a ser puestos en libertad mediante los correspondientes indultos, con ello se envía el mensaje de que la rebelión sale gratis y tendremos en Cataluña, en el futuro, un golpe de Estado un año sí y otro también. De hecho, el que los políticos independentistas se encuentren en prisión y se enfrenten a muy graves penas, y que otros hayan huido para eludir sus responsabilidades, ya está desplegando sus efectos preventivo-generales, porque lo único que explica que los actuales dirigentes catalanes -desde Torra hasta Torrent-, a pesar de sus discursos incendiarios, se cuiden muy mucho de ejecutar actos, es porque saben que podrían tener consecuencias penales, tales como las que están sufriendo y se enfrentan a sufrir sus compañeros de partido procesados.

El huevo de la serpiente del secesionismo catalán tendría que haber sido combatido con la aplicación del art. 155 CE, antes de que eclosionase. Pero, a pesar de la catarata de normas inconstitucionales que se fueron dictando desde enero de 2013 a septiembre de 2017, el Gobierno del PP se resistió a aplicarlo, lo que habría evitado males mayores. Y la supuesta explicación de que, si no se hizo, fue porque los partidos constitucionalistas PSOE y Ciudadanos no respaldaban esa aplicación, entonces ello no puede servir de excusa al Gobierno del PP, sino que sólo condiciona que ese mismo reproche se extienda también a aquellos dos partidos.

En la crisis catalana sólo han estado en su sitio tres instituciones: la Sala de lo Penal del TS, la Fiscalía General del Estado y… (a mí, que llevo la República en mi ADN, si me hubieran dicho hace 40 o 30 o tan sólo dos años que iba a escribir lo que figura a continuación, no me lo hubiera creído) la actual Monarquía.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Sus últimos libros son El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdF, 2017) y El Derecho penal en el mundo(Aranzadi 2018); en el primero se contiene también una Autosemblanza del autor y en el segundo, muchos de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años

Rebelión

Por Joaquín Luiz Ramírez, publicado en Diario Sur en Opinión

Había una vez un gran reino europeo del sur en el que, a pesar de la democracia, la justicia, la ley y la historia, algunos partidos llamados nacionalistas se oponían a su continuidad. Las razones esgrimidas por los a sí mismos considerados diferentes oscilaron entre la reivindicación de la cultura propia a la existencia de una lengua autóctona, pasando por la denuncia de una opresión realmente invisible. A estos partidos perteneció mucha gente inteligente, quizá envuelta en un determinado clima, algo cegato y ciertamente ensordecedor, difícil de describir, que intentó poner sus más convincentes argumentos a favor de su causa. Con todo pasaron muchas cosas y, aunque nunca conseguían ser mayoría, decidieron cortar por lo sano e imponer sus razones por encima de la ley y hasta de la convivencia. Hubo mucho y muy variado, por partir de alguna parte, la destrucción de un coche patrulla de la Guardia Civil y una turba en la calle que físicamente impidió que varios guardias civiles que, como policías judiciales, habían entrado a notificar a la Consejería de Economía, pudieran salir de allí durante muchas horas. Y hasta un 1 de octubre en que se quiso celebrar un referéndum que ninguna norma podía amparar. Los colegios electorales no fueron clausurados por los Mossos de Esquadra (Mozos de Escuadra -sic-) tal y como les dictó la orden judicial al efecto, nadie pudo ni supo encontrar las urnas chinas que los organizadores dispusieron para la perfomance y la Policía Nacional y la Guardia Civil no pudieron impedir que se diera la mostra ilegal. Hubo dos heridos graves y quizá quince, veinte o veinticinco leves, pero la ‘crida golpista’ dijo que fueron mil heridos, sin más; aún lo dice.

A resultas de todo ello, la justicia acusó a los que organizaron y promovieron el golpe fallido, aplicándoles la ley como corresponde a un estado de derecho. A la expresa negativa independentista de acatar las leyes españolas se sumó una auténtica oleada que argumentó -y hoy también lo hace- que estas leyes no han sido infringidas en absoluto. Negaron y niegan la rebelión, la sedición y también la malversación, que la conducta instruida por la justicia sea antijurídica y también que se trate de ninguna correspondiente descrita por el código penal y como tal tipificada.

Para la lógica secesionista basta hablar de ‘votar’ y de ‘democracia’ para determinar que la aplicación de la ley no ha lugar, basta hablar de que sus defendidos son ‘demócratas’ y ‘pacíficos’ para dictar que ni hay delito ni hubo violencia. Basta que algunos de sus políticos sean detenidos y cumplan prisión preventiva por orden judicial para que se trate de ‘presos políticos’. Hasta aquí el bloque constitucional, PP, PSOE y C’s, respaldó el cumplimiento de la Constitución y la ley, la instrucción y la marcha de los acontecimientos judiciales. Pero el cambio del rol de Sánchez con su arribada a Moncloa ya hoy parece que insta a modificar la música y hasta la letra de esta pieza. Pues, aunque el Partido Socialista es un partido constitucional, algunos de sus dirigentes -confundidos por el mito de lo irredento- han caído en la tentación de querer entender a los que hasta aquí y en puridad llamamos golpistas. Ello u otras variables, como algún compromiso secreto incluido en el pacto para votar la Moción de Censura… O, incluso la posibilidad de querer ganarse algún favor para poder aprobar los presupuestos.

La Abogacía del Estado ha obviado a bombo y platillo la querella por Rebelión, es el hecho. Y no se trata de prejuzgar, los analistas, los que opinamos, no calificamos ni juzgamos, pero vemos con nitidez como el Gobierno deserta parcialmente de su obligación. También a esta lamentable decisión quieren llamarle moderación y empatía, pero es irresponsabilidad, cobardía y abandono del deber.

A estas horas -según se sabe- la Fiscalía mantiene la acusación. Luego será lo que tenga que ser. El Tribunal Supremo juzga y sentencia. A Sánchez le encantaría indultar, si puede y si llega. España es un gran reino europeo del sur, democrático y social. España es un estado de derecho, todos estamos sometidos a la ley, una ley que aprueban las Cortes Generales a través de los representantes que el Pueblo Soberano elige votando en las urnas legales.

John Elliott: «Los separatistas catalanes han creado una fantasía y viven en su propio mundo»

El hispanista publica en España «Catalanes y escoceses. Unión y discordia» que analiza semejanzas y diferencias de los dos separatismos

Hartos como estamos todos del conflicto catalán, haríamos bien en leer el nuevo libro que John Elliott (Reading, Inglaterra, 1930) publica en España: «Catalanes y escoceses. Unión y discordia» (Taurus) porque nos regala una perspectiva única, más de cuatro siglos, para entender bien el origen y la naturaleza de las grietas de nuestra convivencia. Elliott lleva estudiando en profundidad la relación histórica de Cataluña con el Reino de España desde que a principios de los años sesenta del siglo pasado publicó «La revuelta de los catalanes». Y desde entonces no ha dejado de estudiar el la historia de España en un contexto europeo. El último logro de ese empeño, que ha permitido superar muchas visiones esencialistas, ha sido poner frente a frente los nacionalismos y recientes separatismos de Escocia y Cataluña desde el origen de su identidad. Una lección de historia alejada de las emociones negativas que algunos quieren alimentar para mantener vivo el conflicto. «Lo que puede hacer un historiador y no un politólogo es dar una larga perspectiva sobre problemas», dice al otro lado del teléfono.

¿No estamos condenados?

No estáis condenados a la disgregación, pero hace falta inteligencia, empatía y paciencia.

Empatía y paciencia con este tema hay ya poca, pero ¿inteligencia?

Depende del liderazgo actual de los políticos y de esas personas que no están en este mundo, sino que viven en el mundo irreal inventado por el separatismo.

En el origen pone la Monarquía compuesta (lo fueron tanto España como Gran Bretaña) que respetaba costumbres, lenguas y leyes de territorios incorporados.

La ventaja era reconocer abierta o tácitamente el pluralismo de estas naciones. Pero todo dependía de un diálogo permanente entre las élites y el Gobierno central, que es el principio de la comprensión mutua.

Y en el XIX el diálogo se extiende a capas mayores de la sociedad.

Hay enormes cambios, el diálogo incluye a las clases profesionales, la nueva burguesía, tanto en Cataluña como Escocia, son gente de ese «doble patriotismo» del que habla Josep María Fradera: son y se sienten al mismo tiempo catalanes y españoles, escoceses y británicos. Ambas lealtades son perfectamente compatibles. Lo que hay que investigar es por qué en algún momento eso terminó. Cuando uno empieza a pensar en el socio como «el otro» vienen los problemas.

Hoy dicen que la tensión de origen por la pluralidad es culpable: España contra Cataluña.

La manipulación y la deformación de la historia es la que ha causado tantos problemas. Toda historia nacional es selectiva y debe serlo para dar coherencia a una sociedad, pero si se manipula demasiado, como ocurrió con la rendición de Barcelona de 1714, o con la rebelión de los Catalanes de 1640, se hace para diferenciar de forma absurda entre un Estado como construcción artificial y una nación como algo orgánico. Si empiezas a pensar así, entre la nación catalana y el Estado artificial que es España, hay ruptura y alimentas el victimismo, que ha tenido muchísimo más peso en la sociedad catalana que en la escocesa, pienso yo.

¿Por qué?

Por que la historia británica y escocesa de los siglos XIX y XX fue más feliz que la española, con su inestabilidad, sus guerras civiles, sus pronunciamientos y el colapso del sistema representativo.

Y las dos dictaduras.

Exacto.

Pero hay más diferencias, Cataluña ha mostrado voluntad de romper el marco legal.

La Constitución 1978 es una gran Constitución pero no deja mucho cauce para esas tensiones. Nosotros no tenemos Constitución fija y por tanto hay más flexibilidad. Los conflictos de la periferia pueden resolverse en del sistema británico con un referéndum

¿Cree que fue un acierto?

Creo que fue un error hasta cierto punto el tipo de referéndum o incluso el referéndum mismo. Pero al menos había esa oportunidad. En España no es posible sin enormes problemas constitucionales un referéndum aceptable

Señala usted que el autogobierno de Cataluña desde 1978 no tenía precedente. Y que han aprovechado instrumentos de ese marco para su construcción nacional.

Desde 1980, Jordi Pujol y sus sucesores emprendieron la política de catalanización, que se puede entender en referencia a la represión de la dictadura de Franco. Pero han aprovechado para imponer una agenda que no es necesariamente la agenda de todos los catalanes. El resultado es que dentro de Cataluña encontramos una polarización y divisiones políticas y sociales que han jugado un papel importante en los acontecimientos actuales. La polarización afecta también al resto de España

¿Cree que Cataluña cambió a peor?

Lo que más siento es ver el ensimismamiento de una sociedad que tenía horizontes bastante amplios y que ha pasado las mejores décadas de su historia entre 1978 y el colapso económico de 2008. Años felices y prósperos de una Cataluña que tenía en su mente el mundo y ahora han estrechado sus horizontes. Los separatistas quieren hablar en nombre de todos los catalanes y han creado un ambiente de tensión, fricción y últimamente intimidación. Es muy preocupante para quienes tenemos amor por Cataluña y por España. Tenía que ser honesto y poner en el libro mis puntos de vista.

Cree que España no ha apreciado asuntos que eran importantes.

Cada nación necesita sus símbolos. Pero el idioma complicó las cosas. El catalán ha sido un punto de referencia imprescindible para el nacionalismo mientras que en Escocia la lengua no ha tenido ningún peso. Es la diferencia fundamental de las experiencias de estas dos autoproclamadas naciones sin Estado, que quiere decir sin su propio Estado.

Su perspectiva es única. Dice que toda nación derecho a sus símbolos pero en España hay quien ve sospechoso reivindicar la bandera…

Es un disparate y una manipulación absurda, pero como han dicho Álvarez Junco y otros, no se ha conseguido crear un nacionalismo español que no sea hasta cierto punto regresivo en comparación con los cambios sociales y políticos. La Constitución del 78 reconoce la pluralidad y la diversidad de los pueblos de España y la presenta como enriquecedora, que es lo que es. Pero no se ha implementado esa visión en España, porque no se aceptó bien el hecho diferencial de Cataluña y el País Vasco, de España como sociedad diversa y pluralista, que es de alabar y no de criticar. Hay una rama de ese nacionalismo que es autoritaria, centralizante y temerosa de la aceptación de la diversidad, que ha presentado obstáculos al diálogo que tiene que existir entre el Gobierno central y sus pueblos.

Los Gobiernos de izquierdas nunca han puesto acento en un patriotismo español democrático, sino que se aliaron con los nacionalismos.

Estoy de acuerdo. Parte de la sociedad española se siente amenazada por el hecho catalán o vasco y creen que la única respuesta posible es una centralización de modelo francés. Esa no es la manera de crear un nacionalismo español que demuestre sensibilidad por los puntos de vista de otros.

Tras tantas negociaciones, la sociedad percibe que ha entregado mucho a Cataluña.

Es verdad pero la cuestión financiera no es la fundamental. Se pueden hacer ajustes que serían aceptables. Tanto los políticos como los electores no toman en serio el poder de la emoción y la psicología colectiva por razones a veces pasajeras. Además, cuando la razón falla, como en estos últimos años, los separatistas crean su fantasía y viven en su propio mundo. Es el resultado de una historia de victimismos y también de la prevalencia de la emoción sobre la razón.

Ante la campaña internacional de imagen contra España, alimentando el cliché de la leyenda negra, ¿qué opina de la respuesta del Gobierno?

Ha sido patética. La campaña de la Generalitat fue muy astuta y ha impuesto en el mundo su percepción de España. Por eso era tan importante presentar la verdad y decirle al mundo que la España de la Constitución no es ni mucho menos la España de Franco. Ha sido patético, da la impresión de que sencillamente no hubo dinero para presentar el argumento contrario. Fallaron. No sé si es cuestión de diplomacia. Pero todo el enfoque del PP fue demasiado judicial y no percibieron las repercusiones que tendría la campaña que hizo la Generalitat.

¿Qué no hizo España para ayudar a los catalanes no separatistas?

No hubo tanto diálogo como debería. Se percibe así en parte por el enfoque constitucionalista y judicial del problema que tuvo el Gobierno, no político. Para muchos de los españoles está siendo traumático. Más catalanes deberían alzar la voz. La comunidad financiera y empresarial tal vez por miedo o porque no percibieron bien el impacto de lo que está pasando, se calló. Hay que reconocer que la percepción tradicional de Cataluña en España tenía una mezcla de admiración y cierta envidia. Creo esa envidia y cierta arrogancia explica un sentido visceral y anticatalán. La culpa es de ambas partes de la sociedad española.

Hay varias generaciones de catalanes educadas en el desafecto. ¿Debe haber más control de la educación desde el centro?

Nunca he entendido lo que ocurre con los libros de texto en las escuelas, ni el control de los medios públicos por la Generalitat. Hay mucha gente que ha comprado el argumento de que Cataluña es una nación orgánica y el España es un ente artificial. Se han convencido de ese argumento sin ver que son construcciones ambas, gracias a la convivencia de siglos y las memorias históricas. La distinción es absurda. Se puede entender la política catalanista para integrar a los inmigrantes. Pero eso no es excusa para la manipulación de la historia que ha habido y lo absurdo de el enunciado «España contra Cataluña».

Acaba su libro con Jefferson, que advierte del elevado precio de estos procesos si se toman a la ligera.

No va a haber ruptura, es política y constitucionalmente imposible. No la aceptará Europa, un estado independiente nuevo que está en contra de la construcción de su país. Ni un separatismo que no está autorizado por el Gobierno central. No tiene futuro en la Europa actual.

Salvo que Europa se rompa. Usted habla desde un país que se va.

Si empieza, Córcega, el norte de Italia… volveríamos a una Europa medieval en cuanto a las entidades políticas, sin relevancia en el mundo. Estamos viviendo en un mundo globalizado, todos somos interdependientes. Además, mire: la Unión Europea es otro tipo de Monarquía compuesta. Que los catalanes quieran entrar en esta construcción prescindiendo de España es políticamente imposible.

20.10.2018. ABC Cultura. Jesús García Calero

Nacionalismo en el siglo XXI

 

GABRIEL TORTELLA, , economista e historiador, es autor de Capitalismo y Revolución, y coautor de Cataluña en España. Historia y mito (con J. L. García RuizC. E. Núñez y G. Quiroga), ambos publicados por Gadir.

NO HACE falta ser un lince para advertir que el nacionalismo es el principal problema de España al menos desde la Transición (si no antes) y que es muy difícil imaginar su final. El nacionalismo vasco, con su vil acompañamiento de terror y extorsión, protagonizó las últimas décadas del siglo pasado. La derrota de las prácticas más execrables del nacionalismo vasco dio lugar a una especie de apaciguamiento transitorio; pero el nacionalismo catalán, con métodos de presión, extorsión y exclusión más solapados pero no menos viles, ha tomado el relevo en la actividad de zapa y derribo. Esta situación plantea múltiples problemas intelectuales, uno de los cuales, de lo más apasionante, es el de cuál sea la naturaleza del nacionalismo.

Conviene advertir que no se trata sólo de un problema español, aunque aquí haya adquirido rasgos gravísimos. En muchos otros países europeos hay problemas parecidos, si bien por ahora menos amenazadores: pensemos en Escocia, en Córcega, en el Véneto, en Flandes, en Baviera, en la separación de Chequia y Eslovaquia, en Crimea y el este de Ucrania, en Chechenia, etcétera. Y, más allá de Europa, pensemos en Quebec, en Chiapas, en Tibet (caso muy especial), en Kurdistán, en Yemen… El nacionalismo separatista parece esparcido por todo el planeta. ¿Tiene esto explicación? Si la encontráramos, quizá pudiera ofrecernos un atisbo de solución para nuestros problemas.

¿Qué es el nacionalismo? Es difícil de explicar, porque los hay de varias clases según las latitudes y los condicionantes históricos, culturales y étnicos. Como las naciones son entidades políticas formadas de manera en gran parte arbitraria, es difícil definir y discriminar. Pero los especialistas distinguen dos tipos de nacionalismo: para unos es un factor de modernización; para otros es un factor de retroceso. Ambas caracterizaciones son ciertas; todo depende del momento histórico.

Observemos que la nación (una comunidad política soberana cuyo principio es que todos sus miembros son iguales ante la ley y participan igualmente en la formación del gobierno) es una institución bastante reciente. Las primeras naciones son Inglaterra, Estados Unidos y Francia, formadas a finales del siglo XVII y principios del XVIII, a las que siguió una primera oleada de estados del nuevo tipo, unas de antiguo origen, como España, Portugal, Holanda, Bélgica, Suecia y Dinamarca en Europa; otras, como casi todas las naciones americanas, desgajadas de los imperios inglés, español y francés. En Europa oriental se dio un caso inverso: una nación recién formada fue deglutida por dos imperios y medio: Rusia, Austria y Prusia, que amigablemente trocearon y se repartieron Polonia. Pero otras naciones de abolengo histórico fueron emergiendo durante el siglo XIX: Grecia, Italia, Alemania (ésta en forma de imperio, aunque es dudoso cómo clasificar a Alemania, porque era un imperio con algunos rasgos de nación).

Lo interesante es observar que las nuevas naciones se fueron formando a imitación de los primeros modelos, y lo hicieron por oleadas. Hemos visto ya la primera, la que tuvo lugar a partir de la Primera Revolución Mundial de finales del siglo XVIII y principios del XIX. La segunda gran oleada tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial, al desintegrarse cuatro de los imperios en liza (ruso, austriaco, alemán y otomano). En Europa oriental aparecieron los países balcánicos (Yugoslavia, Bulgaria, Montenegro, Albania), más Hungría, Austria, Rumanía y la renacida Polonia, más las repúblicas bálticas y Finlandia. De la partición del Imperio otomano lo más parecido a una nación que encontramos es la propia Turquía; el resto fueron protectorados y monarquías semifeudales que sólo muy lentamente fueron adoptando forma nacional. China había derribado la secular monarquía imperial en 1912 y adoptado la forma republicana, aunque fue casi inmediatamente presa de una profunda inestabilidad. Irlanda, la última gran colonia europea, se independizó en 1922. Esta verdadera eclosión nacional fue en gran parte obra del presidente Woodrow Wilson, inspirador de la Sociedad de Naciones, cuya obra adoleció de considerable precipitación, y contribuyó a las graves tensiones internacionales que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial.

El final de ésta marcó la tercera gran oleada, con la disolución de los imperios británico (desde 1931, Commonwealth), francés, belga y holandés, de modo que accedieron al status nacional gigantescas naciones asiáticas como la India, Pakistán, Indonesia, Filipinas y otras menores, entre ellas Israel, un caso especial. Es también el momento en que la mayor parte de los países africanos alcanzan ese estatus.

La cuarta y última oleada vino derivada del fin de la Unión Soviética y del comunismo en Europa. Varios países con una condición de independencia formal y sujeción real, como las repúblicas bálticas, Bielorrusia, Ucrania, Turkestán, Uzbekistán, Armenia, Georgia, etcétera, se convirtieron en naciones independientes. Simultáneamente tuvo lugar el desmembramiento de Yugoslavia y su partición en una serie de naciones como Eslovenia, Serbia, Croacia, Montenegro y Macedonia.

Estas sucesivas adiciones produjeron la actual situación, en que la mayor parte de la superficie terrestre está ocupada por naciones formalmente independientes. Si en 1945 la Organización de Naciones Unidas estaba compuesta por 51 países, hoy lo está por 193. Quedan ya muy pocos flecos en este tapiz de naciones que cubre la tierra. En este aspecto, el nacionalismo, aunque sin duda con éxito desigual, ha sido un factor de modernización.

Entonces ¿qué explicación tiene el nacionalismo actual, cuando el nuevo modelo de estado-nación se ha extendido ya por toda la faz del planeta? La respuesta es sencilla: hoy no se trata ya de modernizar las estructuras políticas o de liberar a ciertas poblaciones de los yugos coloniales o imperiales. Lo que persigue el nacionalismo del siglo XXI es simplemente desmembrar o trocear naciones ya existentes. En román paladino, los nacionalistas actuales pretenden hacerse un sayo para ellos con la capa que pertenece a todos sus conciudadanos. Y no se trata de hacerse un sayo que abrigue a todos los miembros de la pretendida nueva nación; se trata de confeccionar un abrigo confortable para la camarilla nacionalista que promueve la separación y que, naturalmente, espera convertirse en el árbitro y gobernante de la nueva micro-nación por mucho tiempo, o para siempre si es posible.

El nacionalismo actual es, simplemente, el quítate tú para ponerme yo de una burguesía local frustrada que quiere convertirse en Gobierno soberano. Ya no se trata de modernizar, sino de monopolizar; ya no se persigue la reforma, sino la tajada. Ése fue el caso de Quebec en Canadá, donde a los separatistas les falló el plan por el canto de un duro. Parecido fue lo de Escocia en 2014, que falló por mayor margen. En ambos casos salió la fallida nación seriamente malparada. La viabilidad de la hipotética micro-nación es lo de menos: para los nacionalistas de hoy es infinitamente mejor ser cabeza de ratón que cola de león, y a lograrlo dedican las veinticuatro horas del día; y si lo hacen subvencionados por la nación de la pretenden separarse, tanto mejor para ellos. El enemigo acepta ser, tras cornudo, apaleado; “dando tales muestras de sumisión a nuestra causa, encima no podrán echarnos la culpa del desaguisado”, se dicen los aguerridos nacionalistas del siglo XXI: y no dejan de llevar algo de razón.

En cuanto al bienestar de sus futuros súbditos, eso es lo de menos para el nacionalista de hoy: véase si no la indiferencia con que los separatistas catalanes han visto sus promesas de bonanza económica desmentidas crudamente por la realidad tras sus amagos de independencia: son ya más de 4.500 las empresas que han huido en los últimos doce meses del prometido paraíso nacionalista catalán. ¡Qué más da! El bienestar de los súbditos catalanes es algo secundario: lo principal es que la camarilla alcance el poder absoluto como sea. Éste es el credo del nacionalismo del siglo XXI.

19.10.2018. El Mundo

Un ola rojo y gualda se manifiesta en Barcelona por la Unidad de España

Remiten desde Barcelona:

Hoy en Barcelona 12 O, hace 3-4 años esto era inimaginable, pero la gente ya le va perdiendo el miedo a salir a la calle con las Banderas de España, gracias a la Acción Indirecta de algunos,   porque lo que es por los Gobiernos de España, nos dirían que nos quedemos en nuestras casas y no provoquemos, no sea que se lo tome a mal la jauría separatista.  Y vamos a más, pues aún hay mucho indeciso  que teme significarse.

12.10.2018. La Vanguardia. La manifestación del 12 de octubre en Barcelona, en imágenes

12.10.2018. El Periódico de Cataluña. Video

12.10.2018. El Confidencial. Miles de personas en Barcelona en la manifestación por la unidad de España

12.10.2018. El Mundo. Miles de personas en Barcelona se manifiestan a favor de España y Cataluña en el 12-O

Mas de Treinta asociaciones hispanoamericanas acudieron a la manifestación del 12 de octubre en Barcelona

Algunas fotos: