Workshops de Educación Financiera

El Congreso de Educación Financiera de Edufinet “Realidades y Retos”: la hora de las conclusiones

José Manuel Domínguez Martínez, Catedrático de Hacienda Pública. Director del Proyecto Edufinet

Como se ha recogido en este mismo blog, durante los días 22 y 23 de noviembre se ha celebrado en Málaga el Congreso de Educación Financiera de Edufinet “Realidades y Retos”. En él han participado más de 60 ponentes y moderadores, y se ha contado con la asistencia de 250 congresistas.

A lo largo de dos intensas jornadas, en el Congreso se ha abordado un amplio elenco de cuestiones relacionadas con la educación financiera. Próximamente, en la página web de Edufinet (www.edufinet.com) se pondrá a disposición del público un resumen de las ponencias e intervenciones y, posteriormente, se procederá a la edición y difusión del libro de actas del Congreso.

El objetivo de adelantar un extracto de las conclusiones alcanzadas tropieza con las dificultades que se derivan de la diversidad de temas tratados, de la multitud de aspectos comentados, de la profundidad de los análisis realizados y de la existencia de aspectos controvertidos que impiden formular consensos claros en determinados apartados. En una primera aproximación, a través de estas líneas, se pretende simplemente ofrecer una apretada síntesis de las principales conclusiones que, en la apreciación subjetiva de quien suscribe estas líneas, pueden extraerse, tomando como referencia las diferentes áreas temáticas contempladas en el programa. A continuación se recogen de manera telegráfica:

  1. Aspectos generales:
    1. Reconocimiento de la educación financiera como uno de los pilares de la estabilidad financiera, junto a la regulación y a la supervisión financieras.
    2. Atribución a la educación financiera de las misiones fundamentales de combatir la información asimétrica entre oferentes y demandantes de servicios financieros, y de capacitar a los usuarios de éstos para evaluar sus elecciones.
    3. Conveniencia de precisar la definición de educación financiera y de delimitar las vertientes relativas al conocimiento, la competencia, el comportamiento y el bienestar.
    4. Reforzamiento del carácter fronterizo y multidisciplinar de la educación financiera.
    5. Énfasis en la necesidad de evaluación rigurosa y objetiva de los programas formativos.
  2. Nivel de cultura financiera:
    1. Constatación de las dificultades de la población española para responder a cuestiones económicas y financieras básicas, en un grado similar a la media de los países de nuestro entorno.
    2. Existencia de “gaps” de género y de nivel educativo.
    3. Amplio margen de mejora en el conocimiento de los productos financieros por parte de ahorradores e inversores, que, por otro lado, prestan una insuficiente atención al papel de la fiscalidad.
  3. Didáctica y metodología de la educación financiera:
    1. Presencia de una serie de mitos relacionados con la educación financiera, que pueden ser refutados mediante el uso de enfoques metodológicos apropiados.
    2. Importancia de evitar caer en la “maldición del conocimiento” (resistencia del docente a colocarse en el lugar del discente).
    3. Relevancia del sustrato económico para la impartición de contenidos financieros.
    4. Conveniencia de confrontar la idoneidad de los enfoques basados en la transversalidad y en la especialización para la impartición de los conocimientos financieros.
    5. Consideración del impacto de los impuestos como requisito fundamental para la evaluación de las decisiones financieras.
  4. Efectos económicos de los programas de educación financiera:
    1. Evidencia empírica internacional en el sentido de que el conocimiento financiero ejerce una influencia positiva en la disminución de la desigualdad de la renta y en el estímulo del desarrollo económico.
    2. Asimismo, identificación de una relación positiva del nivel de cultura financiera con los niveles de ahorro y endeudamiento de las familias, y con la inclusión y la estabilidad financieras.
    3. En el caso de España, hallazgo de una relación positiva entre el nivel de competencias financieras y la tenencia de productos financieros de ahorro, mientras que la relación es negativa entre dicho nivel y los instrumentos bancarios de financiación.
  5. Buenas prácticas en los programas de educación financiera:
    1. El desarrollo de acciones formativas útiles en el ciclo vital de los consumidores es un aspecto prioritario, pero también lo es la potenciación de tales competencias en otros agentes institucionales.
    2. Las entidades financieras desempeñan un papel preponderante como proveedores de programas de educación financiera, si bien dentro de los esquemas de la responsabilidad social corporativa.
    3. Conveniencia de combinar, mediante alianzas, la participación de las entidades financieras con la de otros agentes sociales e institucionales.
    4. El respeto riguroso del código de buenas prácticas en materia de educación financiera resulta imprescindible para superar la asimetría informativa entre oferentes y demandantes de servicios financieros.
  6. Toma de decisiones financieras: la psicología de las decisiones financieras:
    1. La Psicología Financiera aporta una perspectiva fundamental al poner de relieve la influencia de los sesgos en la toma de decisiones financieras.
    2. Un mayor conocimiento financiero puede contrarrestar la influencia de los sesgos por limitaciones cognitivas y de fuente emocional.
    3. La vertiente de las finanzas conductuales debe ser un componente básico de los programas de educación financiera.
    4. La racionalidad limitada de los individuos es un rasgo que debe ser tenido en cuenta en el establecimiento de políticas regulatorias y en la protección al consumidor financiero.
  7. Educación financiera y emprendimiento:
    1. La posesión de conocimientos financieros puede aportar algunas ventajas con vistas al aumento de las probabilidades de éxito de los emprendedores.
    2. A partir de la constatación de la importancia de la gestión financiera para el sistema de control de la gestión empresarial, se obtiene evidencia indirecta acerca del efecto positivo de la cultura financiera sobre el éxito del emprendimiento.
    3. El conocimiento financiero representa un intangible que permite a las empresas conseguir y mantener ventajas competitivas sostenibles a medio y largo plazo.
  8. Análisis económico de la eficacia de los programas de educación financiera:
    1. Las investigaciones empíricas orientadas a la evaluación de la eficacia de los programas de educación financiera se basan en distintas alternativas metodológicas que están sujetas a limitaciones y expuestas a posibles sesgos.
    2. La robustez metodológica es crucial a la hora de valorar las conclusiones obtenidas y, como premisa, la validez de los datos utilizados para las estimaciones. En particular, la certeza de que las variables representativas de las acciones formativas recibidas responden a unos contenidos adecuados y a un aprovechamiento efectivo.
    3. Existencia de un conjunto de investigaciones internacionales que apuntan una apreciable incidencia del nivel de cultura financiera en las conductas financieras.
    4. Respecto al impacto de los programas de educación financiera en el nivel de conocimientos adquiridos, los resultados son más controvertidos.
    5. Elevado grado de sobreestimación de las competencias financieras propias entre los ciudadanos españoles.
  9. Conocimientos económico-financieros en el sistema educativo: experiencia internacional:
    1. Apreciación de una desconexión bidireccional entre la enseñanza de la Economía y la formación financiera, que subsiste incluso en centros especializados de prestigio internacional.
    2. La omisión del estudio de materias financieras puede afectar incluso al proceso de formación de abogados y economistas.
    3. La comparación de la posición de los conocimientos económicos y financieros en los sistemas educativos de los países europeos refleja una notable diversidad de prácticas según países y, dentro de éstos, según la categoría de centros.
  10. La educación financiera ante el reto de la digitalización:
    1. Consenso acerca de la necesidad de ampliación del campo de la educación financiera para incluir la digitalización.
    2. El sector financiero se encuentra inmerso en un proceso de disrupción tecnológica que plantea diversos retos para los programas de educación financiera.
    3. Ante la aparición en el sistema financiero de nuevos “jugadores” no cubiertos por los paraguas de los esquemas regulatorios y supervisores aplicables a las entidades de crédito, se incrementa el papel protector que puede derivarse de la cultura financiera.
  11. Inclusión financiera:
    1. La inclusión financiera es un fenómeno que muestra grandes contrastes entre las diferentes regiones del planeta. Dentro de cada país se aprecian diferencias en función del género, el nivel educativo y la inserción en el mercado laboral.
    2. Las iniciativas encaminadas a incrementar la cultura financiera de los ciudadanos generan un efecto muy positivo en cuanto a la inclusión financiera de la población.
    3. La educación financiera, aunque no suficiente, es una condición necesaria para la promoción de instrumentos financieros sencillos, que resultan valiosos para la inclusión financiera y que han demostrado ser resortes de la prosperidad de individuos, familias y comunidades.
  12. La educación financiera y los medios de comunicación:
    1. Existen distintos puntos de vista respecto al papel que pueden asumir los medios de comunicación, especializados o no, en el campo de la educación financiera.
    2. En cualquier caso, de manera intrínseca, los medios de comunicación tienen una influencia estructural como vehículos de la información económica y financiera.
    3. De lo anterior se desprende la necesidad de diferenciar claramente entre hechos, estudios y opiniones.

Tras este rápido recorrido, especialmente al abordar la esfera de la información, no puedo dejar de evocar la reflexión del filósofo francés Jean-François Revel, cuando señalaba que “Las sociedades abiertas son a la vez la causa y el efecto de la libertad de informar y de informarse… La información en la democracia es tan libre, tan sagrada, por haberse hecho cargo de la función de contrarrestar todo lo que oscurece el juicio de los ciudadanos”.

Modestamente, en el proyecto Edufinet, desde hace más de una década, venimos tratando de aportar nuestro granito de arena para facilitar el juicio de los ciudadanos a la hora de enfrentarse a decisiones financieras. Ése y no otro es para mí el leitmotiv que me llevó a implicarme en una iniciativa de educación financiera; simplemente, tratar de ayudar a facilitar algunos elementos para evaluar y juzgar distintas situaciones. A mi parecer, el sentido concreto de cada elección y la valoración en el bienestar individual nos sitúa en una tesitura diferente que corresponde exclusivamente a cada persona. Reconociendo su trascendencia, la posible incidencia en tales ámbitos, en su caso, debe quedar adscrita a ámbitos distintos al de la educación financiera.

La celebración del Congreso “Realidades y Retos” ha permitido poner encima de la mesa un buen ramillete de cuestiones relacionadas con la cultura financiera que requieren de  profundización, análisis y reflexión. Lo que sí es palpable es el interés que concita la educación financiera. A fin de potenciar la eficacia de las numerosas aportaciones, más o menos dispersas, podría ser conveniente crear una red interactiva con tales propósitos. De hecho el sufijo “net” que figura en la denominación de nuestro proyecto, que lo sigue siendo como tal, refleja en parte esa vocación originaria. Las nuevas tecnologías permiten estar presentes en una especie de “congreso permanente”.

Sin renunciar a esa posibilidad, estamos también convencidos de que los encuentros presenciales y el contacto personal directo tienen muchos atributos valiosos y aprovechables. En este Congreso recién concluido hemos superado no sólo una “prueba de estrés”, sino un evento real sumamente exigente. Verdaderamente ahora no podemos saber si tendremos -o tendrán quienes sigan involucrados en este proyecto- “resiliencia” y “solvencia” suficientes para afrontar un nuevo reto de semejante calibre, pero seguramente lo intentaremos, o lo intentarán.

(Artículo publicado en “UniBlog”)

 

(Más información en www.edufinetcongress.com – apartado “Actividades complementarias al Congreso”)

Día: 21 de noviembre de 2018

Lugar: Centro Unicaja de Educación Financiera (Avda. Andalucía, 23, Málaga)

1er workshopPropuestas e iniciativas de educación financiera partiendo de la base de la experiencia formativa adquirida

Moderador: D. Juan F. García (Edufinet)

Hora: 9:30-10:30

workshop.  Nociones básicas de Derecho para la educación financiera

Moderador: D. Vicente Orti (Edufinet)

Hora: 10:30-11:30

Con la intervención del Decano de la Facultad de Derecho, D. Juan José Hinojosa

 

Receso: 11:30-11:45

3er workshop. La educación financiera como herramienta para el conocimiento de la realidad tributaria por los ciudadanos y las empresas

Moderador: D. Julián Muñoz (Edufinet)

Hora: 11:45-12:45

4º  workshop. La función de los medios de comunicación en la difusión de la educación financiera

Moderadora: Dª. María Eugenia Martínez-Oña López

Hora: 13:00-14:00

 

5º  workshop. Educación financiera, fondos de inversión y planes de pensiones

Moderadora: Dª. Ana Llorens (Futuro a Fondo)

Hora: 14:00-15:00

Workshops de Educación Financiera

XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación

Díptico de las XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación

Dirección académica:

Dr. Rafael Vidal Delgado, Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo director@foroparalapazenelmediterraneo.es y directorforopaz@realclubmediterraneo.com

Dra. Elena Cruz Ruiz, profesora de la Universidad de Málaga ecruz@uma.es

Coordinadora de las Jornadas:

Dra. Elena Ruiz Romero de la Cruz, profesora titular de Historia Económica de la Universidad de Málaga emruiz@uma.es

PROGRAMA Y MATRICULACIÓN

DÍA 14: Salón de Actos de la UNIA en Málaga.– Plaza de la Legión Española, 1; Edificio Mena

TEMA CENTRAL: EL TERRORISMO Y LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

18:00 Inauguración de las XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación:

Director de la Sede de la UNIA en Málaga, Director del Foro y Subdelegado del Ministerio de Defensa.

18:15 1ª Sesión del día 16, adelantada por motivos de viaje del director de CIFAL. UNITAR-CIFAL de Málaga, por D. Julio Andrade Ruiz, Director de CIFAL Málaga.

18:35 3ª Sesión, adelantada por motivos de programación de viaje del ponente: Situación en España de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, por el Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera , Diputado en el Congreso por el PSOE.

19:05 1ª Sesión: Geoeconomía, Geopolítica y Terrorismo en el Sahel, por la Dra. Pilar Rangel, abogada y profesora de Derecho Internacional de la UMA.

19:35 2ª Sesión: La lucha contra la radicalización, el terrorismo y la protección de las Infraestructuras Críticas, por el Excmo. Sr. D. Francisco Martínez Vázquez, Diputado en el Congreso por el PP y ex-Secretario de Estado de Seguridad.

20:05 4ª Sesión: Una visión de la lucha contra el terrorismo, por el Excmo. Sr. D. Luis Migue Salvador García, Diputado en el Congreso por Ciudadanos..

20:35 5ª Sesión: El CNPIC en su lucha contra el terrorismo, por D. Fernando J. Sánchez Gómez, Teniente coronel de la Guardia Civil y Director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas

21:05 Debate con el público asistente, moderado por la Dra. Magdalena Martín Martínez, catedrática de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UMA.

Día 15: Salón de Actos de Unicaja de la Acera de la Marina, 1ª planta.

TEMA CENTRAL: PROTECCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DEL SECTOR FINANCIERO.

18:30 Bienvenida por parte de Unicaja Banco y del Foro para la Paz en el Mediterráneo: Coordinador de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco y Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo.

18:40 Moderador de la Sesión: el D. Rafael Perea Ortega (Carrera Abogados & Economistas)

18:45 1ª Sesión El marco regulatorio de las infraestructuras críticas, por el Dr. Rafael Vidal Delgado, Coronel de Artª, DEM, Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo y miembro del Comité Científico de CIFAL Málaga – UNITAR.

19:15 2ª Sesión El espacio marítimo como clave para el libre comercio en un contexto de “guerra comercial” , por D. Fernando Morilla de Analistas Económicos de Andalucía.

19:45 3ª Sesión Protección penal de infraestructuras destinadas al servicio de interés general, por el Ilmo. Sr. D. Arturo Zamarriego, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

20:15 2ª Sesión.  El sistema financiero visto desde la perspectiva de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017, por el Dr. José María López Jiménez, Coordinador de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco.

29:45  Debate con el público asistente.

DÍA 16: Salón de la Rosa de los Vientos del Real Club Mediterráneo.– Paseo de la Farola, 18

TEMA CENTRAL: GEOECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA DEL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO

18:00 Bienvenida por parte del Real Club Mediterráneo:

18:05 2ª Sesión. Microfinanzas: Instrumentos para la inversión productiva y el desarrollo local, por Doña Deborah Salafranca Vázquez, Técnico en Relaciones Internacionales.

18:25 3ª Sesión:Tendencia geopolíticas en el Mediterráneo y Atlántico: horizonte 2040, por el Ilmo. Sr. D. Ignacio García Sánchez, Capitán de Navío, Subdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

1855 4ª Sesión: Geoeconomía y asociación estratégica en el nuevo orden multipolar. Teoría y evidencia empírica de la Unión Europea,  por el Dr. Pablo Podadera Rivera, Catedrático JEAN MONNET de Economía Europea y Anna Garashchuk, Estudian- te del Programa de Doctorado de Economía y Empresa de la Universidad de Málaga y miembro investigador del Centro de Excelencia Jean Monnet (UMA-JMCE).

19:30    5ª    Sesión:  Visión de la situación en el Mediterráneo desde Argelia, por la Excma. Sra. Dña. Taous FEROUKHI Embajadora de Argelia en España

20:00 Debate con el público asistente., moderado por el Excmo. Sr. D. Alfredo Escudero Díaz, Presidente de AECYR.

CLAUSURA DE LAS XII JORNADAS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y COOPERACIÓN

20:15 Palabras del Director del Foro para la Paz en el Mediterráneo.

20:30 Firma de los Estatutos de la Asociación Foro para la Paz en el Mediterráneo.

21:00 Entrega de diplomas de la UNIA y CIFAL

21:15 Intervención y clausura oficial de las Jornadas y del acto de firma, por el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados, alcalde de la ciudad de Málaga.

21:30 Cena cóctel: importe 25 €. Se ruega inscripción previa  y abono en la Secretaría del Club Mediterráneo. Se entregará un justificante que le será solicitado por el personal del restaurante.

MATRÍCULA

La entrada es libre hasta completar aforo, teniendo preferencia los asistentes que se hayan matriculados.

Inscripción de asistentes para diplomas a la Jornadas en www.foroparalapazenelmediterraneo.es

Se remitirá a los inscritos una prueba de evaluación para poder obtener el Diploma de Aprovechamiento del CIFAL, y Certificado ídem de la UNIA (en trámite), homologable a nivel universitario. Para el resto es entrada libre hasta completar aforo, recibiendo, si lo desea, el certificado acreditativo de asistencia a cada Jornada.

Las matriculaciones comienzan el 1 de octubre de 2018, en www.foroparalapazenelmediterraneo.es debiendo incluirse el justificante del ingreso de 10 euros para los certificados y en concepto de matrícula y el título del tema, adaptado a alguna de las líneas de investigación. El trabajo, inédito, debe ser presentado, digitalmente, a ecruz@uma.es antes del 1º de noviembre de 2018. Los alumnos conocerán su resultado el día 16 de noviembre en la entrega de diplomas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO. Un trabajo inédito sobre alguno de los siguientes temas (10 A4 + portada, interlineado 1,2, separación párrafos 6, incluidas figuras. El Comité Científico seleccionará de los trabajos decla-rados APTOS, los que deben ser publicados en las Actas de las XII Jornadas. Las líneas de investigación son las siguientes:

  1. Herramientas financieras que algunos países han puesto en marcha para canalizar las remesas de su población
  2. El Sahel: frontera
  3. La problemática del los países del Norte de África.
  4. La inmigración hacia
  5. Las multinacionales
  6. Las guerras comerciales
  7. Las potencias ocultas económicas

Ingreso en la cuenta ES81 2100 2653 1602 1036 0729. Concepto: matrícula XI Jornadas, poniendo a continuación su nombre y número de DNI o tarjeta de identificación o pasaporte. A continuación deberá remitir un correo a las siguientes direcciones: mgallardo@realclubmediterraneo.com y secretariaforopaz@realclubmediterraneo.com, recibiendo de la Secretaría una confirmación de la matrícula. NO OLVIDE PONER EL TEMA SOBRE EL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO

 

Actos Jurídicos Documentados: Impuesto-tasa necesario o afán recaudatorio de la Administración

NOTA DE LA REDACCIÓN

España no es el país de la Unión Europea en donde se pagan más impuestos, pero si ostentamos el triste récord de ser el que más gasta en lo superfluo. Hemos creado unas AA.PP. totalmente desproporcionadas a nuestras necesidades y lógicamente hay que crear impuestos para alimentarlas.

La generosidad de otros Estados de la UE con sus ciudadanos es notoria: incentivos por nacimientos y cuidado de los hijos; atención a las personas necesitadas; y un largo etcétera, aspectos que no se dan en España, sino que todo se dirige para dar de comer a los miles y miles (la cifra es imposible de averiguar, pero se acerca al millón) de cargos de designación política que existen en el país y que al cambiar la ideología en el poder: local, autonómico y nacional, hay que sustituir, dejando a los “cesantes” en buenas condiciones para que puedan vivir el resto de sus días de los pocos años de “supuesto servicio a los demás”

José M. Domínguez Martínez y José Mª López Jiménez

El sistema hipotecario español ha sido sometido durante los últimos años a una auténtica “prueba de resistencia”, y, prácticamente, todos sus elementos y las cláusulas habitualmente incorporadas a las escrituras de préstamo han sido objeto de escrutinio por los operadores jurídicos y, en última instancia, por los tribunales.

Los mecanismos, judiciales y extrajudiciales, a disposición de los acreedores hipotecarios para resarcirse del impago de los créditos tampoco han quedado al margen de este escrutinio.

Una reflexión adicional sobre las consecuencias económicas de las decisiones judiciales y legislativas podría ser necesaria, a la vista de la “crisis del IAJD” de octubre y noviembre de 2018.

El buen funcionamiento del sistema hipotecario español, que ha posibilitado el acceso a la propiedad de una vivienda a millones de familias, se ha basado en cláusulas y prácticas que a lo largo de los últimos años, en distintos supuestos, han sido puestas en entredicho a raíz de dicho escrutinio, con el resultado de la declaración del carácter abusivo de una parte de ellas.

Así ha sido determinado por los tribunales españoles y, particularmente, dada la creciente autoridad de su doctrina, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha erigido en el supremo intérprete de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que fue aprobada en 1993 y transpuesta en España en 1998. La Constitución española ya consagró en 1978 la defensa de los consumidores y usuarios entre los principios rectores de la política social y económica (artículo 51).

En buena técnica jurídica, al menos a la vista del actual estado de la regulación europea y española, y al margen de ciertas particularidades que pueden concurrir en los usuarios de determinados servicios como los financieros, la abusividad debe vincularse necesariamente con los destinatarios finales de bienes y servicios, no con quienes intervienen en las fases intermedias del ciclo productivo, que gozan, en teoría, de más medios para velar por sus propios derechos e intereses.

Sin embargo, tras el cuestionamiento del contrato de préstamo hipotecario desde un punto de vista normativo y procesal, el replanteamiento de la práctica seguida durante décadas en la constitución de las hipotecas ha alcanzado al ámbito de los “gastos hipotecarios”, entre los que, como es notorio, además de los relacionados con la intervención notarial o registral, hay que incluir los tributarios.

Esto provoca que hayan de ser aplicados dos tipos diferenciados de razonamiento jurídico para unos aspectos comprendidos en una misma relación jurídica (el contrato de préstamo hipotecario), pues lo que puede ser válido para argumentar si una cláusula es abusiva podría no serlo para determinar quién es el sujeto pasivo de un tributo[1].

Además, dado el principio de especialización de los tribunales españoles —o de sus salas y secciones— por razón de la materia, resulta que para unos aspectos (defensa del consumidor, eventual carácter abusivo de una cláusula contractual) puede ser competente un tribunal, sala o sección y, para otros (implicaciones tributarias), uno diferente. A pesar de todo, el ordenamiento jurídico representa lo que su propia denominación denota, esto es, orden y sistemática, luego, en último término, la respuesta jurídica global a una misma realidad debería ser armónica.

Por todo ello, a propósito de una cláusula contractual que atribuía  “indiscriminadamente y sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al prestatario”, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en su sentencia nº 147/2018, de 15 de marzo de 2018 (y en otra posterior de la misma fecha), determinó que desde el punto de vista civil esta cláusula debía ser considerada abusiva. Sin embargo, es más que evidente que existe una diferencia sustancial entre la atribución entre las partes de los gastos originados para la formalización de un contrato y el cumplimiento de las obligaciones fiscales aparejadas a los hechos imponibles generados. Ninguna de las partes tiene capacidad dispositiva para apartarse de las normas legales establecidas al respecto.

Lo anterior puede ayudar a explicar que, en cuanto al pago del IAJD, con apoyo en la normativa tributaria y en su interpretación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), la Sala de lo Civil estableció que, “en lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será sujeto pasivo el prestatario”, tal y como literalmente dictaba la normativa tributaria de aplicación.

De este modo, pareció establecerse una lógica coordinación entre los ámbitos de lo civil y de lo tributario, y una ratificación de la dicción literal recogida en el texto regulador de la tributación asociada a la constitución de préstamos hipotecarios (IAJD).

Sin embargo, la situación cambió súbita, inesperada y radicalmente, por:

  • La nueva doctrina de la Sección 2ª de la Sala Tercera del Supremo, con el giro jurisprudencial iniciado por la sentencia nº 1505/2018, de 16 de octubre de 2018 (y otras posteriores con el mismo recurrente —Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A.— y objeto), que determinó la anulación del párrafo segundo del artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”), y que el sujeto pasivo del IAJD debería ser el prestamista.
  • La rectificación de la anterior doctrina de la Sección 2ª, tras dos días de deliberaciones, por el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, para concluir, nuevamente, con el voto favorable de 15 magistrados y el desfavorable de 13, que el sujeto pasivo del IAJD debería ser el prestatario. Según la nota de prensa del Poder Judicial de 6 de noviembre de 2018, “El texto de las sentencias se conocerá en los próximos días”. Cuando escribimos este artículo, las resoluciones judiciales (de la nota se desprende que son varias) no se han publicado.
  • La publicación, a continuación, del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que fija legalmente que el sujeto pasivo del IAJD será, desde su entrada en vigor, el prestamista.

El análisis detallado de todo lo anterior requeriría un estudio profundo desde diversos prismas (legal, tributario, económico, judicial, social, político, sociológico…), que ahora no pretendemos acometer, aunque sí enunciaremos algunas cuestiones para acompañarlas, sucintamente, de algunas consideraciones.

¿Concurre un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad que justifique el empleo de un real decreto-ley para modificar el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre?

El artículo 86.1 de la Constitución dispone que “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

Ateniéndonos al sentido de la última decisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la situación, en lo que atañe al IAJD, volvía a retrotraerse a la que, durante más de veinte años, ha venido prevaleciendo, a saber, la de atribución de la condición de sujeto pasivo, en el caso que nos concierne, al prestatario.

De esta manera, después del efímero período de “interregno”, quedaba disipada la incertidumbre, y ello sin perjuicio de que quedase abierta la vía legislativa para una posible revisión del tratamiento fiscal.

La garantía de la previsibilidad en la aplicación del Derecho, es decir, la seguridad jurídica en el sector hipotecario es un elemento fundamental, en beneficio de los consumidores, en primer lugar, pero, por la función de financiación de la economía que desarrollan, también de las entidades de crédito españolas y sus inversores, y, más en general, de la percepción en el exterior de España como país fiable y seguro, que tanto esfuerzo ha costado forjar.

Si repasamos la reciente historia judicial española, no se encontrarán casos como este. El mercado hipotecario, para su adecuado funcionamiento, requiere que todas las partes implicadas tengan un ajustado conocimiento de cuáles serán los costes generados por la constitución de una hipoteca y de quiénes deberán asumirlos.

Para las Administraciones Públicas, como perceptoras de los impuestos devengados, con independencia de qué parte los satisfaga, se trata de una cuestión crucial. Como lo es la seguridad jurídica para todas las partes concurrentes. En tal sentido, la eventual introducción de un efecto retroactivo del cambio de criterio, que parece que ha sido evitado, habría desarbolado de lleno la seguridad jurídica que ha venido rigiendo en relación con la aplicación del IAJD.

Clarificada la situación por el alto tribunal, es un asunto opinable concretar el plazo temporal aconsejable para proceder a la revisión del tratamiento fiscal, pero no deja de llamar la atención que una cuestión durante tanto tiempo pacífica, conocida y aceptada por todos, haya suscitado tal dosis de urgencia.

¿Es el Real Decreto-ley 17/2018 la solución definitiva a la situación creada?

El Real Decreto-ley aún debe superar su debate y votación en el Congreso de los Diputados. El apartado 2 del artículo 86 de la Constitución dispone que “Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación […]”.

Lo que ofrecería más garantías a todos los interesados sería su tramitación por el procedimiento de urgencia, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, como proyecto de ley (apartado 3 del artículo 86).

¿Tendrá el Real Decreto-ley 17/2018 eficacia retroactiva?

No. El apartado IV del preámbulo del Real Decreto-ley señala que “la modificación normativa se aplicará a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a partir de la entrada en vigor de la norma”.

La entrada en vigor se ha producido al día siguiente de la publicación de la norma en el BOE, es decir, el 10 de noviembre de 2018 (Disposición final tercera. Entrada en vigor).

¿A quién beneficia el hecho imponible objeto de gravamen?

Según el artículo 29, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 1/1993, “Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan”.

El Real Decreto-ley 17/2018 precisa, al añadir un párrafo segundo a aquel artículo, que “Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista”.

Parece distinguirse entre préstamo, que beneficia al prestatario, e hipoteca, que interesa al prestamista. Sin duda, la hipoteca es accesoria del préstamo y se constituye en último término en beneficio del concedente de crédito. Ahora bien, es probable que si el prestamista no contara con la hipoteca como garantía, más allá de la genérica responsabilidad patrimonial universal del deudor (artículo 1.911 del Código Civil), las condiciones financieras de los préstamos serían menos favorables para los solicitantes de crédito. Por lo tanto, este interés que sirve para determinar el sujeto pasivo debería ser, cuando menos, compartido.

¿Repercutirán las entidades de crédito en la clientela el mayor coste asociado a la concesión de crédito hipotecario?

Antes de contestar esta pregunta hay que recordar que, de ahora en adelante, el IAJD se convierte en un coste más de producción de los préstamos hipotecarios por parte de las entidades bancarias. No es que, desde la lógica económica más elemental, hayan de incorporar dicho coste a la hora de formar sus precios, sino que, además, están obligadas a hacerlo en aplicación de la normativa financiera. Para ser rentable, un banco, como cualquier otra empresa, ha de poder recuperar los costes mediante la venta de sus productos y la contratación de sus servicios. Ahora bien, ese objetivo se cumplirá siempre que los precios sean competitivos y logren atraer suficiente demanda en el mercado. De no ser así, deberá adoptar medidas de reducción de costes o, eventualmente, desaparecerá del mercado.

No hay que descartar, consiguientemente, que este mayor coste termine siendo asumido, finalmente, por los clientes, a través de un mayor tipo de interés o de nuevas comisiones o mayores importes de las existentes. Desde el punto de vista empresarial, no habría nada que reprochar a las entidades, siempre que, como es natural, se respetara la normativa sobre defensa de la competencia.

Ahora bien, partiendo de que la política de precios varía de unas entidades a otras, no sería descartable la no repercusión, lo que podría permitir, en un escenario de subida generalizada de tipos o comisiones, que estas entidades obtuvieran una ventaja competitiva. De ser percibida esta circunstancia por la clientela, el mayor coste para la entidad se podría ver compensado por un mayor volumen de negocio y, por tanto, por el cobro de más intereses y más comisiones.

¿Tiene, en realidad, tanta trascendencia que el sujeto pasivo sea el prestamista o el prestatario?

Como pone de manifiesto la teoría económica de la incidencia impositiva, es irrelevante sobre cuál de las dos partes de un mercado, los oferentes o los demandantes, se exija formalmente un impuesto. Como se expone en un post anterior del blog “Tiempo Vivo” (https://neotiempovivo.blogspot.com/2018/10/la-mejora-de-la-ensenanza-universitaria.html), la realidad económica nos reserva algunas sorpresas en esta materia.

¿Tiene razón de ser este impuesto desde el punto de vista de la Hacienda Pública?

Como es bien sabido, el sistema impositivo español se sustenta en el principio de la capacidad económica, que no parece que sea especialmente aplicable en relación con el caso que nos ocupa. Más bien habría que apelar al principio del beneficio, aspecto que ya ha sido comentado. Sin embargo, se da la circunstancia de que los servicios públicos obtenidos con motivo de la formalización de hipotecas están sujetos a cargas específicas.

A mayor abundamiento, desde esta perspectiva, cabría plantearse si, a tenor de la realización de una operación idéntica en alcance y contenido, tiene sentido que puedan existir amplias divergencias en los tipos de gravamen en función del territorio. Igualmente esto nos llevaría a una reflexión acerca del nivel de gobierno más adecuado para el establecimiento de las competencias normativas, así como para la asignación de la recaudación obtenida.

¿Se facilita con cambios normativos como el analizado la integración de los mercados de crédito en la Unión Europea?

Cabe igualmente reflexionar acerca de la integración de los mercados financieros, tanto a escala nacional como de la Unión Europea. La heterogeneidad de las situaciones existentes en conexión con la tributación de las escrituras de préstamo hipotecario es incoherente con el objetivo de avanzar hacia una mayor integración de los mercados de crédito hipotecario, como pretende la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencia.


[1] Quizás merezca ser recordada la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contenida, entre otras, en la sentencia (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 (asuntos acumulados C‑96/16 y C‑94/17):

“43. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como resulta del considerando decimotercero de la Directiva 93/13, la exclusión del ámbito de aplicación de esta Directiva prevista en el citado artículo 1, apartado 2, se extiende a las disposiciones de Derecho nacional aplicables a las partes contratantes, tanto si son normas imperativas como si se trata de normas dispositivas, es decir, de normas que únicamente se aplican si las partes no han dispuesto otra cosa. Tal exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibro que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar (véase, en este sentido, el auto de 7 de diciembre de 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, no publicado, EU:C:2017:954, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada).

44. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende sustancialmente que la referida exclusión abarca las disposiciones legales o reglamentarias imperativas distintas de las que se refieren al control judicial de las cláusulas abusivas, especialmente las relativas a la amplitud de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual (véase, en este sentido, el auto de 7 de diciembre de 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, no publicado, EU:C:2017:954, apartado 27 y jurisprudencia citada)”.

(Este “post” se ha publicado simultáneamente en los blogs “Tiempo Vivo” y “Todo Son Finanzas”)

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11.11.2018. Todo son Finanzas

11.11.2018. Tiempo Vivo

La verdad (y toda la verdad) de los impuestos a viviendas

El show que se ha montado estos días con motivo del llamado impuesto de las hipotecas (actos jurídicos documentados), con las intervenciones estelares del Supremo y del presidente del Gobierno, debe provocar una reflexión profunda para saber qué se esconde más allá de quién es al final el que lo paga. Si fuera sólo este impuesto se estaría hablando de una cosa nimia. Pero el río baja cargado. Muy cargado. Basta con trazar un itinerario tributario sobre la compraventa de viviendas para descubrir que lo del Supremo es una tontería, más allá de que su actuación haya sido bochornosa. Hay que averiguar quién o quiénes lo cobran, qué se cobra y por qué se cobra. Empecemos. Lo normal en la compra de viviendas nuevas es que se haga de una promotora a un ciudadano de a pie. Pues bien. Paso número uno. La promotora compra el terreno a un tercero. Si éste es particular debe pagar la correspondiente plusvalía al ayuntamiento de turno. Ya ha cobrado una administración. Si el terreno lo vende una sociedad que se dedica a esos fines se tiene que pagar además el 21% de IVA. Ya ha cobrado otra administración, el Estado. Obviamente deben declarar vía IRPF o sociedades la venta. Ahora vamos con el siguiente paso. La promotora para construir tiene que pagar el ICO, o sea la licencia de obras. Vuelve a cobrar el ayuntamiento. Eso encarece el producto. Una vez que ha levantado el edificio tiene que pagar por la declaración de obra nueva a través del impuesto de actos jurídicos documentados, que en Andalucía está situado en el 1,5% del valor (huelga decir una vez más por desgracia que es el más alto del país). Y eso encarece el producto. No contentos con eso hay que hacer la división horizontal, o sea, los pisos en los que está dividido el edificio. Eso también paga el 1,5% de actos jurídicos documentados, que cobra la administración regional. Ya han puesto la mano todas. Y eso encarece el producto. La promotora a su vez tiene que pagar los correspondientes IBI de cada una de las viviendas hasta que las vende, pues el ayuntamiento tiene que seguir facturando. El comprador debe pagar en el momento de la operación el 10% de IVA, que se queda el Gobierno central, y a la hora de formalizar la hipoteca hay que volver a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, que a partir de ahora lo deben satisfacer los bancos, que aunque no son angelitos, tampoco son los causantes de todos los males. O al menos de estos males. Pues eso, obviamente, también encarecerá el producto. ¿De verdad que hay que pagar un impuesto por firmar una hipoteca? Es que no basta con la fe pública del notario, al que lógicamente también se le ha pagado IVA, que va a parar al Tesoro Público. Pero no queda ahí la cosa, porque la promotora debe abonar igualmente al municipio la plusvalía correspondiente por la diferencia de valor que hay en el periodo comprendido desde que compró el terreno hasta la venta de los pisos. Amén del impuesto de sociedades que debe satisfacer por el negocio realizado. Y eso, obviamente, encarece el producto. ¿Y quién es el que compra el producto al final? ¿Sobre quién recaerá a la postre todos los impuestos que se han ido pagando hasta la firma de la hipoteca? Pues en el consumidor. Al final se la dan todas juntas. Los auténticos sujetos pasivos. Ya diga Sánchez, el presidente de la comunidad autónoma o el alcalde de turno lo que diga. Visto el itinerario tributario, habría que hacer cuentas para determinar en cuánto se encarece el precio de la vivienda por culpa de los impuestos. Impuestos que van a las arcas de todas las administraciones. Ya está bien de apretar a la gente. Con este famoso impuesto, el de actos jurídicos documentados, sólo hay una salida. Eliminarlo y por la vía rápida. Esta es la verdad, y nada más que la verdad, de los impuestos a las viviendas.

11.11.2018. Diario Sur de Málaga

REFORMA HIPOTECARIA

Los partidos están obligados a realizar un esfuerzo de consenso para encauzar sus diferencias en una cuestión tan sensible

El Congreso de Educación Financiera de Edufinet: Realidades y Retos

Durante los días 22 y 23 de noviembre próximos se celebrará el Congreso de Educación Financiera de Edufinet “Realidades y Retos”, concebido como colofón del programa de actividades conmemorativas del décimo aniversario de dicho proyecto de educación financiera (2007-2017). El Congreso, con participación internacional, reúne en Málaga a más de cincuenta ponentes y moderadores que abordarán las principales cuestiones que actualmente se suscitan en relación con la educación financiera de la población.

A raíz del estallido de la crisis financiera internacional en el año 2008, en el curso de los años siguientes se han multiplicado las actuaciones en el ámbito de la educación financiera. Ese difícil período de inmensos costes económicos y sociales puso de manifiesto la necesidad de contener el déficit de cultura financiera detectado en la mayoría de países de todo el mundo.

Hoy día, la educación financiera se concibe como uno de los ejes de la estabilidad del sistema financiero, conjuntamente con la regulación y la supervisión. Sin embargo, la educación financiera encuentra una plena justificación con independencia de cualquier episodio de crisis, como elemento imprescindible para que una persona pueda asumir de manera responsable y consciente las sucesivas decisiones financieras que ha de afrontar a lo largo de su vida. Así lo creíamos cuando, después de algunos intentos no cristalizados, en el verano de 2005 pusimos en marcha la iniciativa que en 2007 dio lugar al proyecto Edufinet.

Mucho ha sido lo acontecido desde entonces y muchos los cambios observados en el campo de la cultura financiera. Un rápido repaso, aunque no sea exhaustivo, permite poner de relieve un gran número de cuestiones, tales como las siguientes:

  • ¿Tuvo algo que ver la falta de cultura financiera con que se agravara la crisis financiera internacional?
  • Desde hace algunos años, una especie de cruzada en pro de la educación financiera parece haberse desatado en todo el mundo, bajo el impulso de organizaciones económicas internacionales, con especial protagonismo de la OCDE.
  • ¿Es previsible que continúe ese movimiento? ¿Ha merecido la pena? ¿Puede mejorarse?
  • Sin embargo, frente a un panorama inicial de aparente consenso, han surgido algunas corrientes que manifiestan su escepticismo sobre la eficacia o la oportunidad de los programas de educación financiera. ¿Es preferible desechar las actuaciones de promoción de la cultura financiera?
  • ¿De qué depende la mayor o menor eficacia de tales programas?
  • ¿Quiénes deben impartirlos, y bajo qué principios y criterios?
  • ¿Deben tener acomodo dentro de la enseñanza reglada o al margen de ésta?
  • ¿Cuáles son los canales más apropiados para su impartición?
  • ¿Cuáles son los enfoques didácticos más efectivos?
  • ¿Qué papel deben desempeñar los medios de comunicación en la transmisión y la asimilación de los conceptos económicos y financieros?
  • ¿Origina la adquisición de cultura financiera un cambio de los hábitos financieros?
  • ¿Puede contribuir la educación financiera a mejorar el bienestar familiar en un contexto de ciclo vital?
  • ¿Puede generar un exceso de confianza financiera la participación en programas formativos?
  • ¿Cómo influye la psicología en la adopción de decisiones financieras?
  • ¿Tienen más probabilidades de convertirse en empresarios las personas con mayor cultura financiera?
  • ¿Cuál es el nivel real de los conocimientos y las competencias financieras de los distintos colectivos poblacionales?
  • ¿Cuáles son los efectos económicos que se derivan de las actuaciones de fomento de la cultura financiera?
  • ¿Cuál es la conexión entre la educación financiera y la inclusión financiera?
  • ¿Qué nuevos retos se plantean en la actualidad en estos ámbitos?
  • ¿Cómo afecta el proceso de digitalización del sistema financiero?
  • ¿Cómo deben adaptarse las estrategias?

Ciertamente, puede que no tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos preguntas, muchas preguntas, además del convencimiento de que ninguna puede despacharse de manera automática, y mucho menos desde posiciones dogmáticas. Antes al contrario, consideramos que cualquier curso de acción encaminado al interés general debe partir del intercambio de ideas y puntos de vista, aprovechando los conocimientos, las experiencias y las pruebas empíricas disponibles.

Con ese espíritu, desde Edufinet hemos organizado el mencionado Congreso, cuya información se recoge en la página web www.edufinetcongress.com. Éstos son sus objetivos esenciales:

  1. Servir de punto de encuentro de los diversos agentes involucrados o interesados en la educación financiera.
  2. Discernir el estado de la cuestión en dicho ámbito.
  3. Poner en común el acervo de los programas educativos desarrollados.
  4. Identificar los principales retos que se plantean en relación con el objetivo de mejora de la cultura financiera.
  5. Perfilar las estrategias de actuación más adecuadas y el diseño óptimo de los programas educativos en dicha vertiente.

Con esa orientación, el programa se articula en torno a diez tópicos seleccionados: nivel de conocimientos financieros, didáctica y metodología, efectos económicos, buenas prácticas, influencia de la psicología en la toma de decisiones, emprendimiento, eficacia de los programas formativos, conocimientos económico-financieros en la enseñanza reglada, digitalización, e inclusión financiera.

El programa se completa con una sesión inaugural, centrada en los retos de la educación financiera, así como con una mesa redonda acerca del papel de los medios de comunicación, además de la apertura institucional y de un apartado final dedicado a las conclusiones.

Adicionalmente, los días previos al Congreso se llevarán a cabo una serie de actividades complementarias consistentes en cuatro talleres de trabajo (21 de noviembre), dedicados a los conceptos jurídicos necesarios para la educación financiera, a la discusión de propuestas para la mejora de la práctica docente, a la vertiente de la fiscalidad, y a la función de los medios de comunicación en la difusión de los conocimientos financieros. Asimismo, el día 20 de noviembre se realizará una actividad práctica, basada en ejercicios de simulación, dirigida a contrastar la influencia de la psicología en la adopción de decisiones financieras.

El inventario de asuntos planteados en relación con la educación financiera es sumamente amplio, lo que hace que resulte bastante arduo pretender abordarlas de manera exhaustiva en el marco de unas actividades congresuales ordinarias. Por ello, si bien hemos de reconocer que, dentro del programa, “no están todos los que son”, igualmente pensamos que sí “son todos los que están”. En efecto, los temas seleccionados forman parte del núcleo de aspectos que deben ser objeto de tratamiento para discernir “el estado de arte” en esta parcela del conocimiento, que se distingue por su carácter “fronterizo”.

Si a la importancia objetiva de los referidos tópicos unimos el nivel, la cualificación y la experiencia de los ponentes y moderadores, estamos convencidos de que el Congreso permitirá reunir un conjunto de aportaciones relevantes, de interés para investigadores, formadores, responsables de programas, autoridades, e instituciones involucradas en el fomento de la cultura financiera.

El evento de la reciente crisis financiera fue calificado en su día como un “momento pedagógicamente aprovechable”. Aunque ello sea innegable, no es menos cierto que la trascendencia de las decisiones financieras de las personas, unida a las deficiencias de competencias financieras detectadas, hace que podamos aplicar ese calificativo en un calendario abierto. Siempre es buen momento para aprender, y nunca es tarde para hacerlo.

Después de un recorrido de más de una década laborando en la arena de la educación financiera, para el proyecto Edufinet era también un momento propicio para seguir madurando, para seguir acumulando un bagaje que permita incrementar nuestra capacidad de actuación en pro de la cultura financiera. Con la meta, en definitiva, de aprender para compartir, que es uno de los principios inspiradores de un proyecto de responsabilidad, corporativa e individual, que mantiene vivo su compromiso con la educación financiera.

(Artículo publicado en “UniBlog”)

EL IRPF, LA JUSTICIA TRIBUTARIA Y LOS RICOS

El 86% de los ciudadanos españoles, según los sondeos de opinión del CIS, no cree «que, en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen»

Schumpeter dejó escrito que «las finanzas públicas son uno de los mejores puntos de partida para una investigación de una sociedad, especialmente… de su vida política». Las cuatro décadas de historia del IRPF en España, desde que en los inicios de la etapa democrática se implantara el nuevo modelo impositivo, ofrecen abundantes indicios que así lo acreditan. Como en la gran mayoría de países, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un componente esencial de nuestro sistema tributario. A pesar de que, desde una perspectiva de ciclo vital, un impuesto sobre el consumo es más justo que un impuesto sobre la renta, explicablemente, por distintas circunstancias, actualmente el IRPF no encuentra un rival efectivo como eje de la imposición directa.

Una nueva reforma parcial del IRPF se vislumbra en el horizonte, en esta ocasión con una orientación centrada en los «contribuyentes ricos». Con objeto de poder valorarla puede ser oportuno repasar algunos aspectos básicos:

I. Aunque es evidente la conexión habitual entre renta y riqueza, el IRPF no sería el impuesto más adecuado para gravar a los ricos, sino el impuesto sobre el patrimonio, cuyo hecho imponible es justamente la riqueza personal neta.

II. Si se admite la equiparación coloquial entre persona rica y persona con renta elevada, queda por determinar qué se entiende por umbral de la «riqueza». Aun cuando existen distintos criterios para definir la pobreza y la riqueza, los partidarios del nuevo «recargo a los ricos» parecen decantarse por una cifra concreta, que se evidencia un tanto móvil: ¿60.000, 120.000, 150.000 euros…?

III. Más sorprendente es que se opte por una cifra a escala individual, sin considerar el nivel de renta conjunto de una familia, en la que puede haber uno o más perceptores de ingresos. Ese enfoque viene a acentuar la discriminación de las familias con un solo perceptor de renta frente a aquellas otras con dos. Debido a la progresividad de la tarifa del IRPF, si tenemos dos familias con la misma renta total, la primera con dos perceptores de ingresos y la segunda con uno, pagará menos la primera.

IV. Las propuestas que se han avanzado consisten en establecer un incremento del tipo de gravamen a partir de un determinado umbral de renta. Técnicamente podría concebirse como una especie de recargo o impuesto selectivo que sólo afectaría a las rentas por encima de dicho nivel. Al aplicarse en la tarifa general, incidiría en los contribuyentes con rendimientos sujetos a la misma, incluidos, por tanto, quienes perciban rentas del trabajo elevadas.

V. La medida se circunscribe a la tarifa estatal, con independencia de lo que haga cada comunidad autónoma en su tramo. Por ejemplo, si se aplica una subida de 2 puntos porcentuales (p.p.) al tipo de gravamen entre 130.000 y 300.000 euros, y de 4 p.p. a partir de 300.000 euros, para una persona con una renta de 500.000 euros, el aumento de su cuota tributaria anual sería de 11.400 euros.

VI. La iniciativa se predica con el reclamo de «que pague más quien más tiene». Aunque este precepto admite en la práctica interpretaciones muy diversas, desde luego se cumple ya holgadamente; por supuesto, en términos absolutos, pero también en términos relativos. Así, si comparamos lo que representa la cuota pagada sobre la renta agregada de cada grupo de declarantes (más de 19 millones en total), vemos que dicho tipo medio va subiendo, desde el 2,7%, para los declarantes con renta entre 6.000 y 12.000 euros, hasta el 33,5% para los contribuyentes con renta entre 150.000 y 600.000 euros. No obstante lo anterior, un 86% de los ciudadanos españoles, según los sondeos de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no cree «que, en general, los impuestos se cobran con justicia, esto es, que pagan más quienes más tienen».

VII. Si observamos las estadísticas de la distribución de la carga del IRPF por estratos de renta, vemos que sólo un 3,5% de los contribuyentes declaran una renta de 60.000 euros o más, pero su contribución asciende al 37,5% del total. Y únicamente un 0,4% de los declarantes perciben una renta igual o superior a 150.000 euros, en tanto que su cuota representa un 5,8% del total. Por otro lado, el 40% de los declarantes tienen una renta que no supera los 12.000 euros, y su aportación a la cuota del IRPF es del 0,8%.

VIII. Para algunos contribuyentes, de llevarse a cabo la reforma anunciada, el tipo máximo (estatal y autonómico conjuntamente) se situaría por encima del 50%, lo que ya ocurre para los residentes en algunas comunidades. Esta práctica supone apartarse del criterio, inspirado en la doctrina del Tribunal Constitucional alemán, y seguido durante algunos años en España, de que no debe sobrepasarse esa cota. Los economistas dedicados al análisis de la imposición óptima siguen debatiendo acerca de cuál es el nivel adecuado del tipo máximo, que muestra una horquilla amplia.

IX. También se prevén medidas de ajuste para los beneficiarios de rentas del ahorro, que están sometidas a una tarifa con tipos mucho más moderados. Es tentador reclamar una equiparación entre los tipos que recaen sobre las rentas derivadas del capital financiero y otras como las del trabajo, pero la cuestión es algo más complicada. No pueden desatenderse algunas circunstancias, como, en el caso de los dividendos, si se ha soportado previamente un impuesto en el ámbito societario, o si tiene sentido gravar el componente inflacionario de los intereses recibidos. De otro lado, el debate acerca de la doble imposición del ahorro en el IRPF (primero cuando se perciben los ingresos originarios y luego cuando se obtienen los rendimientos del ahorro) sigue abierto.

Cuatro son las vertientes básicas a considerar con vistas al establecimiento de un buen sistema tributario: justicia, eficiencia económica, implementación y recaudación. A través de la aprobación de normas concretas, el poder legislativo tiene la capacidad de tratar de alcanzar los objetivos que se establezcan en cada uno de tales apartados. A priori dispone de un amplio margen, pero es imprescindible un buen diseño tributario para abordar los conflictos que surgen entre los distintos objetivos. Hay que saber adónde se quiere llegar y cuál es la mejor manera de conseguirlo. Pero, antes, es fundamental saber cuáles son los verdaderos trazos de la realidad de la que se parte.

04.11.2018. Diario Sur. Tribuna. José Manuel Domínguez Martínez