Rebelión

Por Joaquín Luiz Ramírez, publicado en Diario Sur en Opinión

Había una vez un gran reino europeo del sur en el que, a pesar de la democracia, la justicia, la ley y la historia, algunos partidos llamados nacionalistas se oponían a su continuidad. Las razones esgrimidas por los a sí mismos considerados diferentes oscilaron entre la reivindicación de la cultura propia a la existencia de una lengua autóctona, pasando por la denuncia de una opresión realmente invisible. A estos partidos perteneció mucha gente inteligente, quizá envuelta en un determinado clima, algo cegato y ciertamente ensordecedor, difícil de describir, que intentó poner sus más convincentes argumentos a favor de su causa. Con todo pasaron muchas cosas y, aunque nunca conseguían ser mayoría, decidieron cortar por lo sano e imponer sus razones por encima de la ley y hasta de la convivencia. Hubo mucho y muy variado, por partir de alguna parte, la destrucción de un coche patrulla de la Guardia Civil y una turba en la calle que físicamente impidió que varios guardias civiles que, como policías judiciales, habían entrado a notificar a la Consejería de Economía, pudieran salir de allí durante muchas horas. Y hasta un 1 de octubre en que se quiso celebrar un referéndum que ninguna norma podía amparar. Los colegios electorales no fueron clausurados por los Mossos de Esquadra (Mozos de Escuadra -sic-) tal y como les dictó la orden judicial al efecto, nadie pudo ni supo encontrar las urnas chinas que los organizadores dispusieron para la perfomance y la Policía Nacional y la Guardia Civil no pudieron impedir que se diera la mostra ilegal. Hubo dos heridos graves y quizá quince, veinte o veinticinco leves, pero la ‘crida golpista’ dijo que fueron mil heridos, sin más; aún lo dice.

A resultas de todo ello, la justicia acusó a los que organizaron y promovieron el golpe fallido, aplicándoles la ley como corresponde a un estado de derecho. A la expresa negativa independentista de acatar las leyes españolas se sumó una auténtica oleada que argumentó -y hoy también lo hace- que estas leyes no han sido infringidas en absoluto. Negaron y niegan la rebelión, la sedición y también la malversación, que la conducta instruida por la justicia sea antijurídica y también que se trate de ninguna correspondiente descrita por el código penal y como tal tipificada.

Para la lógica secesionista basta hablar de ‘votar’ y de ‘democracia’ para determinar que la aplicación de la ley no ha lugar, basta hablar de que sus defendidos son ‘demócratas’ y ‘pacíficos’ para dictar que ni hay delito ni hubo violencia. Basta que algunos de sus políticos sean detenidos y cumplan prisión preventiva por orden judicial para que se trate de ‘presos políticos’. Hasta aquí el bloque constitucional, PP, PSOE y C’s, respaldó el cumplimiento de la Constitución y la ley, la instrucción y la marcha de los acontecimientos judiciales. Pero el cambio del rol de Sánchez con su arribada a Moncloa ya hoy parece que insta a modificar la música y hasta la letra de esta pieza. Pues, aunque el Partido Socialista es un partido constitucional, algunos de sus dirigentes -confundidos por el mito de lo irredento- han caído en la tentación de querer entender a los que hasta aquí y en puridad llamamos golpistas. Ello u otras variables, como algún compromiso secreto incluido en el pacto para votar la Moción de Censura… O, incluso la posibilidad de querer ganarse algún favor para poder aprobar los presupuestos.

La Abogacía del Estado ha obviado a bombo y platillo la querella por Rebelión, es el hecho. Y no se trata de prejuzgar, los analistas, los que opinamos, no calificamos ni juzgamos, pero vemos con nitidez como el Gobierno deserta parcialmente de su obligación. También a esta lamentable decisión quieren llamarle moderación y empatía, pero es irresponsabilidad, cobardía y abandono del deber.

A estas horas -según se sabe- la Fiscalía mantiene la acusación. Luego será lo que tenga que ser. El Tribunal Supremo juzga y sentencia. A Sánchez le encantaría indultar, si puede y si llega. España es un gran reino europeo del sur, democrático y social. España es un estado de derecho, todos estamos sometidos a la ley, una ley que aprueban las Cortes Generales a través de los representantes que el Pueblo Soberano elige votando en las urnas legales.